28/05/2020
Con la declaración de pandemia COVID-19, el gobierno ecuatoriano instauró un Estado de Excepción, toque de queda y cuarentena obligatoria. Aprovechando la coyuntura, el gobierno de Moreno implementó un agresivo programa de ajuste estructural que busca la reducción del Estado y de las políticas sociales, mientras que utiliza la retórica de la crisis para favorecer a los grandes empresarios, los tenedores de papeles de deuda y los organismos multilaterales.
Hace ya tres años que llegó a la presidencia del Ecuador, Lenin Moreno, luego de un reñido proceso electoral colmado de rumores de fraude y calificado como la “nueva batalla de Stalingrado” por el progresismo latinoamericano. Otrora vicepresidente en el binomio con Rafael Correa, y candidato del movimiento político de la Revolución Ciudadana, Moreno asume el mandato en un escenario de desgaste del correismo, de presencia de la derecha política y de la actuación de organizaciones sociales, populares, de maestrxs, indígenas, movimientos estudiantiles y de mujeres que estuvieron en las calles cuestionando las políticas de modernización capitalista, a pesar de la criminalización de la protesta implementada por el régimen (más de 300 dirigentes acusadxs de sabotaje, terrorismo y rebelión). En esas condiciones, con la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en 2015 y con la caída del precio de las materias primas, el gobierno de Moreno constituyó un gobierno de coaliciones, que definió una estrategia de negociaciones con los actores políticos.
El Chasque 