FA: Las primeras treinta medidas

Una fuerza política surgida de un programa

Benjamín Nahoum
Enero de 2021

A cincuenta años de la fundación del Frente Amplio (FA) y casi tantos de la aprobación de las “Treinta primeras medidas de gobierno”, que se aplicarían de llegar al mismo el FA en las elecciones de 1971, vale la pena volver sobre esas propuestas, analizar cuántas de ellas mantienen su validez, y de éstas, cuántas fuimos capaces, como fuerza política, de llevar adelante en los quince años que fuimos gobierno.

Es cierto que, desde que esas treinta medidas (30 M) fueron aprobadas y comprometidas ante la ciudadanía, ha pasado mucho tiempo y han sobrevenido distintas circunstancias. Entre ellas, que sufrimos doce años de dictadura, pero de los treinta y ocho años que transcurrieron en democracia de ese período, fuimos gobierno en casi la mitad, por tres periodos consecutivos y con mayorías parlamentarias propias, plazo y condiciones suficientes para generar transformaciones importantes.

Pero, además, hay que tener en cuenta que se produjeron cambios dentro del propio FA: grupos y personas que se incorporaron y otros que se fueron; reestructuras internas; discusiones profundas y otras que no se dieron. Y, sobre todo, que la fuerza política que nació en 1971, si bien plural y acogiendo a diferentes corrientes de pensamiento, pero con una decidida vocación social y de cambio, fue tejiendo diferentes alianzas y matizando sus propuestas, alejándose de algunos de los postulados iniciales a medida que se acercaba al gobierno.

Esas treinta medidas de urgencia, hechas públicas en agosto de 1971, parten de las Bases Programáticas del FA (BP, aprobadas en febrero de ese año, a pocos días de la constitución de la fuerza política). Esta cronología es importante, porque el FA no es una fuerza política surgida alrededor de una persona o un grupo, que después le pide a un puñado de intelectuales que dibuje principios y programa, sino que ella misma es el resultado de un programa previo, que tiene como referencias los intentos anteriores de unidad de la izquierda, las resoluciones del Congreso del Pueblo de 1965, el llamamiento de los independientes de octubre de 1970 y otros.

Las BP señalaban como pilares del proceso transformador para cuya realización se creaba el FA: la Reforma Agraria, la nacionalización de la banca privada y de los principales rubros del comercio exterior, y el desarrollo de una “enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica”.

Con centro en esas grandes ideas fuerza, como elementos transformadores, se definían una serie de objetivos que surgían de las BP: el restablecimiento del estado de derecho, en aquel momento seriamente comprometido por el régimen autocrático de Pacheco Areco; la defensa de la soberanía nacional y la obtención de la independencia económica, poniendo los capitales creados por el trabajo nacional al servicio del crecimiento de la producción y el empleo, y evitando su fuga al exterior; la realización de transformaciones estructurales para aumentar la capacidad productiva y “hacer irreversible el cambio social en beneficio del pueblo uruguayo”; redistribuir el ingreso en favor de los grupos sociales más afectados por la crisis; efectivizar el derecho al trabajo, llevando al máximo la ocupación; elevar el bienestar social, a través de la solución de los problemas de la salud, la vivienda y la educación; pacificar el país, y sanear la administración pública y dar participación en ella a los sectores populares.

El contenido de las Treinta Medidas

Los ocho objetivos reseñados son, en definitiva, los que dan origen a las 30 M, y aunque en el texto éstas aparecen divididas en algunos casos de otra manera por los subtítulos, las medidas pueden agruparse siguiendo a cada uno de esos objetivos. No es nuestra intención, ni podríamos hacerlo en este espacio, referirnos en profundidad a cada una de ellas, pero trataremos de hacerlo al menos en lo sustancial. Cabe advertir que en varios casos cada medida, si bien aparece con un solo número, es en realidad un conjunto de ellas, que conforman una estrategia para llegar al objetivo.

1. Restablecimiento del estado de derecho. Es la primera medida, y era un imperativo de la hora. Los hechos sucesivos la hicieron aún más imperiosa y ello llevó a una larga lucha, de la cual el FA y las organizaciones sociales fueron decisivos protagonistas, y que culminó con el fin de la dictadura, aunque las elecciones de 1984 fueron con proscripciones y aún hoy, casi cuarenta años después, todavía faltan verdades por conocer y justicia por aplicarse, sobre todo en casos de asesinatos y desapariciones perpetrados por la dictadura.

2. Defensa de la soberanía nacional y la independencia económica (medidas 2 y 3). Para ello, se denunciarían las Cartas de Intención con el Fondo Monetario, se renegociaría la deuda externa, se anularían los contratos petroleros con los grandes trust internacionales y se promovería una política energética autosustentable. Además, se establecerían relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, mencionándose específicamente a Cuba, que entonces vivía y aún ahora vive, el cerco impuesto por el imperialismo.

3. Reformas estructurales (medidas 4 a 8). Comprendían: la intervención de la banca privada, en tanto se procedía a nacionalizarla, para mejorar el crédito a la producción y el uso del ahorro nacional; el monopolio estatal de los seguros, así como de las divisas, para asegurar su adecuada utilización y evitar la especulación con ellas; la intervención de las empresas de exportación, como primer paso para nacionalizar el comercio exterior; iniciar el proceso de Reforma Agraria, por ley, dando participación a los pequeños y medianos productores en el Instituto de Colonización, brindándoles asistencia técnica y reformando el sistema de arrendamientos rurales, con la suspensión de desalojos como primera etapa; la redistribución de tierras y el fomento de la formación de cooperativas agrarias; la fijación de precios de los principales productos agropecuarios, regulándolos mediante el poder comprador del Estado; el combate al contrabando, y la creación de una flota estatal, priorizando los barcos petroleros y frigoríficos y fomentando la Marina Mercante Nacional.

4. Redistribución del ingreso (medidas 9 a 12). Estas medidas perseguían, además de sus objetivos sociales, reactivar la economía a través del aumento de la demanda interna, y por tanto de la ocupación y la producción. Para ello se incrementarían los salarios de los trabajadores públicos y privados, de la ciudad y el campo, para, como mínimo, restablecer el poder adquisitivo previo a la congelación de salarios resuelta por el gobierno de Pacheco; se establecería una política salarial más justa, basada en que a igual trabajo corresponde igual salario, para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las asignaciones familiares; se pagaría la deuda que el BPS tenía con los jubilados y pensionistas; se aumentarían las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelando las más elevadas, eliminando los regímenes de privilegios y perfeccionando los especiales; se agilitarían los trámites y se otorgarían adelantos jubilatorios, especialmente a personas mayores de 60 años; se controlaría la efectiva recaudación de los impuestos, especialmente de los que gravan los altos ingresos y la acumulación de capital; se haría una reforma radical del régimen tributario para lograr la distribución progresiva de la renta nacional y fomentar el desarrollo de las actividades productivas; se aseguraría el poder de compra y el abastecimiento adecuado, aplicando la ley de subsistencia, fijando y controlando precios y eliminando la intermediación; a esos efectos, se constituirían organismos de control popular, integrados por productores y consumidores.

5. Efectivizar el derecho al trabajo (medidas 13 y 14). Esto surgiría de una política agropecuaria que asegurara la permanencia en la tierra de los productores medianos y pequeños y de los trabajadores del campo, y de una reactivación e intenso desarrollo industrial, a partir del aumento de la demanda interna y externa, de un importante plan de obras públicas y la creación de nuevas fuentes de trabajo. Para ello se estimularía la plena utilización de la capacidad instalada de las industrias fundamentales y el desarrollo de otras, como la pesquera y la explotación de las riquezas del subsuelo; se aceleraría asimismo la aplicación del Plan Nacional de Vivienda, estimulando su construcción por los destinatarios, dando prioridad a los regímenes de subsidios y cooperativas de ayuda mutua, y regulando el precio de los terrenos para evitar la especulación.

6. Elevar el bienestar social (medidas 15 a 22).Esto se lograría mediantela creación de empleo y la redistribución del ingreso, complementados por medidas especificas: en tanto se establecía el Seguro Nacional de Salud, se mejoraría la atención reorganizando el MSP e iniciando un proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales; se instalarían policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, y se prestaría preferente atención a la asistencia en el medio rural; se racionalizaría y mejoraría el abastecimiento de medicamentos, abaratándolos y produciéndolos por organismos públicos; se reintegraría a la escuela a los niños que no hubieran completado el ciclo; se realizaría una gran campaña de alfabetización; se sancionarían leyes orgánicas que resolvieran los problemas institucionales de la educación primaria, media y física; se fomentaría ésta, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado, y realizando convenios con las instituciones deportivas privadas; se sancionaría una ley de medios de comunicación que protegiera el trabajo nacional, garantizara la información objetiva, y asegurara la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas; se fomentaría la industria nacional del libro, creando una editorial estatal, dedicada a imprimir textos didácticos y obras nacionales; se aseguraría medio litro de leche diaria a cada niño, y a los escolares la copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia médica y odontológica; se reestructuraría el entonces “Consejo del Niño”, saneando su administración y se ubicaría en la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para niños; se desarrollarían, junto a los municipios y con activa participación popular, centros de barrio con biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendios, lavadero y otros servicios; se incrementarían los comedores populares del INDA; se sancionaría en 120 días una ley de alquileres que contemplara los intereses de los inquilinos y pequeños propietarios, suspendiendo hasta entonces los desalojos y lanzamientos; se aseguraría transporte eficaz a quienes viven cerca de Montevideo y se pondría en marcha un plan de recuperación de AFE y PLUNA, para asegurar servicios adecuados.

7. Pacificar el país (medidas 23 a 25). En este sentido, se comprometía la restitución a sus lugares de trabajo, con todos sus derechos, a los destituidos, suspendidos y trasladados por medidas persecutorias, con reparación de las perjuicios económicos; se votaría una ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos, y así reintegrar a la convivencia política a todos los sectores; se restituiría la plena vigencia del derecho de asilo; se reorientaría la policía a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, quitándole la función de reprimir los movimientos populares.

8. Participación popular y saneamiento de la administración pública (medidas 26 a 30). Todo lo anterior requería la continua participación popular en la construcción de esa nueva sociedad, y la moralización de la función pública. Por ello el FA se comprometía, en el primer día de gobierno, a designar el nuevo Directorio del BPS, incluyendo a delegados de las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores y de los empresarios y, simultáneamente, los de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Consejo de Enseñanza Primaria y otros similares, incluyendo en ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos; se comprometía también a suprimir privilegios y lograr economías en la conducción de gobierno, a reestructurar el servicio exterior para transformarlo en un instrumento eficaz para defender los intereses políticos y económicos del país, y se establecía que para ser candidato del FA o funcionario de confianza se debía presentar declaración jurada de bienes e ingresos. Asimismo, se crearían los mecanismos para impedir la implicancia entre el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos con fines de aprovechamiento personal.

Algunas reflexiones

De la lectura de la apretada síntesis y el agrupamiento por objetivos de las Treinta Medidas, que venimos de hacer, surge, en primer lugar, la sensación que, aún con todos los cambios que han sobrevenido cinco décadas después, positivos y negativos (y muchos de los positivos, en los quince años de gobierno frentista), los problemas que se señalaba que debían resolverse, siguen en su gran mayoría planteados: la tierra está más concentrada y extranjerizada que nunca; los bancos han sido el origen de crisis financieras de gran impacto, que han terminado pagando los sectores populares, porque hay una gran cantidad de bancos fundidos, pero muy pocos banqueros lo están; el comercio exterior sigue básicamente en manos del sector privado, y la industria en las de capitales golondrina, que el Estado acude a salvar una y otra vez, y les devuelve, o de grandes corporaciones internacionales, que ganan aquí mucho dinero, pero dejan en el país muy poco de él.

Hace un tiempo, al cumplirse los doscientos años del dictado del Reglamento de Tierras artiguista de 1815, tuve oportunidad de tratar de hacer una lectura del mismo en clave actual, y la conclusión fue que casi lo único que había que hacer era adaptar el texto al lenguaje de hoy, porque los problemas eran muy similares y las respuestas seguían yendo directo al corazón de los problemas. Con las 30 M me sucede algo parecido: la relectura sirve para comprobar la validez del diagnóstico, la justeza de las soluciones planteadas y la determinación de llevarlas adelante. El verbo “procurar”, que ha inundado nuestros programas posteriores, en las 30 M prácticamente no se usa; “promover”, pocas veces, y siempre con un sentido de generar resultados inmediatos; las 30 M están escritas en un lenguaje imperativo, de comprometerse a hacer, y nunca en el condicional de quedarse en el intento o relativizar el compromiso.

Cuando se objeta que nos hemos apartado de postulados básicos de nuestro origen (por ejemplo, en la relación con los organismos multilaterales de crédito, la política sobre la inversión extranjera o en el gravamen al gran capital), muchas veces la respuesta es que planteamos esos postulados desde la oposición, y que cuando accedimos al gobierno advertimos que la realidad era otra. Si ésa fuera la explicación, estaríamos aceptando que adoptamos una conducta irresponsable como oposición y estaríamos dándole la razón, en definitiva, a los que antes criticábamos. Creo que la situación es bien otra y que una autocrítica sería nos mostraría que lo que estaba mal no era lo que planteábamos antes, sino algunas cosas que planteamos ahora.

Sin embargo, y para que no parezca que estamos sacralizando las 30 M, señalemos que hay por lo menos una ambigüedad y una carencia que su relectura pone en evidencia. La primera tiene que ver con la reiterada propuesta de nacionalizaciones que figura en las 30 M y la menos presente idea de la estatización: la explicación quizá esté en que el FA de aquella época era más claramente antimperialista que anticapitalista, y entonces el problema mayor se veía en que los recursos y la producción estratégicos estuvieran en manos extranjeras y no en que fueran propiedad privada. Sin embargo, la nacionalización de la banca, por ejemplo, no habría evitado los problemas que causó la falta de control estatal de su manejo por los privados, ni que terminara pasando totalmente a manos extranjeras, como en definitiva pasó.

La segunda cuestión es que cambios como los que pretendíamos en aquel programa fundacional, es casi imposible que puedan llevarse a cabo con una constitución hecha y perfeccionada para ir justamente en la dirección contraria. Su modificación es uno de los grandes problemas que tenemos para hacer verdaderas transformaciones y en el que hemos profundizado poco y avanzado menos aún. He ahí una asignatura pendiente, que cada vez queda más clara.

Los cambios que se dan en las sociedades hacen variar constantemente las preguntas y obligan a repensar permanentemente las respuestas. El aggiornamiento, sin embargo, debe comenzar por revisar cuidadosamente el pasado, porque el futuro no se inventa, sino que es el resultado de un proceso. Para ello, las 30 M tienen, todavía y creo que, por un buen tiempo, mucho para aportar. Mientras tanto, este somero repaso y estas reflexiones hechas a la disparada, que a mí me dejan gusto a poco, también me dejan el deseo de seguir profundizando el análisis.