PROGRESISMO O LIBERALISMO. La Seguridad Social en la encrucijada

CARLOS VIERA
29/03/2021

Cabe preguntarse si alguien, en su sano juicio, puede sostener que el equilibrio financiero de una institución (en este caso BPS) iba a mejorar si a esa institución se le reducirían más de la cuarta parte de sus ingresos genuinos por aportes, los cuales comenzaron a transferirse a las AFAPs en partidas anuales crecientes a medida que se iba incrementando el número de trabajadores obligados a transferir el 50% de sus aportes a las AFAPs.

El tema está nuevamente sobre el tapete. Es un eje de la agenda gubernamental para el 2021, aunque no fue eje en la campaña electoral. Un artículo de la LUC creó una “Comisión de Expertos” para realizar un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y presentarle al Poder Ejecutivo recomendaciones para su reforma.

Durante décadas el problema para los trabajadores radicaba en la aguda e incesante pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, de la mano de ajustes anuales por debajo de la inflación, la que en aquellos tiempos era de magnitud considerable. Fue una manera infame de descargar la crisis causada por el estancamiento económico sobre un sector de la población que no podía defender sus derechos mediante el uso de la huelga.

Pero en 1989, el triunfo del plebiscito constitucional corrigió, de allí en más, semejante desatino, ya que determinó que las pasividades aumentaran anualmente en el mismo porcentaje que lo hicieran los salarios en el año anterior.

Con ello se alivió la situación para un amplio sector de la ciudadanía, pero empezó el problema para los neoliberales, que prontamente lo instalaron como un problema grave.

En 1996, se impuso como gran solución el cambio estructural de inspiración chilena que plasmó las AFAPs.

Fue un cambio impregnado por el criterio individualista de que las prestaciones de pasividad tenían que guardar la mayor equivalencia posible con los aportes realizados en actividad por cada trabajador.

Se argumentaba que de esta forma se terminaría con lo que se llamaba déficit del BPS (que no era otra cosa que el aporte estatal al sistema) y, yendo al plano individual, las jubilaciones serían más altas que las que brindaría el “ineficiente y quebrado BPS”.

Transcurridos 25 años, más que suficientes para evaluar un sistema, su implantación fue un rotundo fracaso.

En primer lugar, causó un deterioro grave en el equilibrio financiero del BPS, el que a su vez tuvo un arrastre negativo sobre las cuentas del Gobierno Central, constituyendo un factor adicional en la aguda crisis económica que soportó el país en los años 2001-2002.

Cabe preguntarse si alguien, en su sano juicio, puede sostener que el equilibrio financiero de una institución (en este caso BPS) iba a mejorar si a esa institución se le reducirían más de la cuarta parte de sus ingresos genuinos por aportes, los cuales comenzaron a transferirse a las AFAPs en partidas anuales crecientes a medida que se iba incrementando el número de trabajadores obligados a transferir el 50% de sus aportes a las AFAPs.

Los hechos coincidieron con la lógica más elemental, ya que el BPS, como todos sabíamos, tenía que seguir pagando los mismos montos por pasividades y otras prestaciones. Pero la irracionalidad fue subiendo de tono porque para “tapar el agujero” en el BPS, se forzó por ley a las AFAPs a colocar en Bonos del Tesoro, un alto porcentaje de los fondos que recibía del BPS. o sea que el Estado pasó a tomar en préstamo su propio dinero, pagando a las AFAPs los intereses. Ergo, esa mayor carga de intereses aumentó el déficit del Gobierno Central.

Y el fracaso también alcanzó al plato fuerte del cambio de sistema consistente en la capitalización individual del 50% de los aportes de los trabajadores. En efecto, en vez de una mejor jubilación por ese tramo de aportes administrado por las AFAPs, la mayoría de los trabajadores se enfrentó a la perspectiva de una jubilación inferior a la que hubieran obtenido en el BPS de no haber sido obligados a afiliarse a una AFAP. El movimiento llamado “los cincuentones” puso de manifiesto dicho fracaso y logró que el Gobierno del FA dictase una Ley que permitió revertir los efectos de la afiliación a quienes lo solicitaran por sentirse afectados. Fue también fracaso la presunta competencia entre las compañías de seguros que otorgarían la renta a partir de la capitalización individual. Se retiraron del negocio, quedando sólo el Banco de Seguros.

Ahora que el tema se replantea con inusual dramatismo, constatamos que, ni los integrantes de la Coalición de Derecha, ni los afamados técnicos (los designados para liderar la Comisión son los mismos que actuaron en 1996) nadie se hace cargo de semejante fracaso e insisten en la misma idea reduccionista, como cegados por un fanatismo de la ideología neoliberal.

Por lo expuesto, cualquier propuesta de cambio no puede soslayar el análisis de los resultados obtenidos con las AFASs y compararlo con lo que hubiese ocurrido sin las AFAPs.

Considerando las cifras del año 2018 (últimas disponibles y sin efectos de la pandemia) surge que el BPS debe dedicar más del 13% de sus ingresos por aportes a la atención de prestaciones no contributivas de enorme importancia social, tales como el seguro de desempleo, seguro de enfermedad, asignaciones familiares, pensión a la vejez, las coberturas por maternidad/paternidad, incapacidad, etc, lo que estaría justificando, aún en la lógica de la equivalencia, el financiamiento tripartita: trabajadores, empleadores y Estado. Así es en la mayoría de los países del mundo que no confunden un sistema de seguridad social con una compañía de seguros. Pero desde el momento que la preocupación no es otorgar más y mejores prestaciones no contributivas, sino que se centra en la magnitud del aporte estatal, y en tanto los aportes patronales han tenido un proceso de reducción del 16,5% al 7,5%, es claro inferir que se tiende a hacer recaer el financiamiento sobre los trabajadores en actividad y en el IASS. De lo que se habla es de más años de servicio y menor tasa de reemplazo.

El aporte de trabajadores y empleadores cubre un 60% del pago de prestaciones del BPS. El aporte estatal del 40% es de similar tenor del que se realiza en los países que se caracterizan por tener buena cobertura de seguridad social. Si se considerara el IASS como aporte interno del sistema, ya que lo pagan los jubilados, el aporte del Gobierno se reduciría al 34%.

Desde el Gobierno y desde ciertos medios de comunicación se suele alarmar con el alto gasto en seguridad social, tomando el gasto bruto del BPS que es del 12,4% del PBI. Es engañoso, porque lo relevante es considerar el gasto neto que se ubica en 4,9% s/PBI, luego de restar 7,5% s/PBI correspondientes a los aportes de trabajadores y empleadores. Si además tenemos en cuenta el IASS, la aportación neta baja al 4,3% del PBI.

La manipulación de las cifras es un hecho frecuente. Aquí deben quedar bien en claro dos aspectos. Primero que ese nivel de gasto está inflado porque el dinero transferido a las AFAPs se considera como gasto del BPS y representa casi 2% del PBI anual, Dicho de otra forma, las AFAP desangran al BPS, quitándole ingresos pero además como la transferencia se contabiliza como gasto, se propaga la idea de que existe un elevado nivel de gasto atribuible a elevadas prestaciones. Si las AFAPs no existieran el aporte Estatal (sin IASS), se reduciría del 34% al 22%, (y del 4,3% al 2,3% respecto al PBI).

En segundo lugar observamos que se pone el grito en el cielo por lo que se considera muy elevados niveles de gasto público. Pero resulta que el gasto público total ronda el 30% del PBI y sería 28% sin AFAPs. La seguridad social es un ítem importante, como lo es la salud y la educación, en ellos tiene que gastarse porque lo que está en juego es el nivel de vida de la gente. Dicho nivel de gasto público es consistente con estándares internacionales, en todo caso por debajo, ya que en Argentina y Brasil promedia en el 35% y en los países europeos en el 40%, siempre hablando con referencia al PBI.

A nuestro entender el problema radica en la existencia de las AFAPs.

Con sana autocrítica, deberíamos reconocer que fue un error del FA no desmantelar las AFAPs y revertir la esencia antisolidaria del nuevo sistema, tal como lo hizo el Gobierno argentino. Se podría haber hecho gradualmente, sin lesionar derechos adquiridos, habilitando un sistema complementario para situaciones especiales (como igual se tuvo que legislar a la postre para los cincuentones). Al no hacerlo, permitió que en la campaña electoral de 2019 le enrostraran un déficit fiscal, que en buena medida era explicable por el capricho ideológico que fueron las AFAPs.

Con los datos presentados, desde la izquierda no podemos avalar una situación dramática que amerite un ajuste regresivo. Lo que molesta a la derecha es la potencialidad solidaria del sistema y quieren que sea nítidamente capitalista. Los que reivindicamos la solidaridad y la redistribución del ingreso si no remarcásemos esa diferencia, ubicándonos en la antítesis de esa posición, estaríamos resignando, no solo el bienestar de la gente sino también el avance en la toma de conciencia colectiva.

Sería lo más saludable plantear en el seno de la Comisión de Expertos la realización de un balance de la reforma de 1996, en la certeza de que el primer punto para una nueva reforma pasa por el desmantelamiento de las AFAPs

Luego podemos debatir sobre cómo mejorar el sistema poniendo énfasis tanto en las prestaciones como en los aspectos financieros, pero dejando en claro que antes de encarar ajustes en los parámetros del sistema, en clave de izquierda hay tres conceptos relevantes: el empleo, el salario real y la formalización laboral. Decirlo con autoridad, porque en los 15 años de gestión del FA, los problemas del BPS se atemperaron con el aumento de 240.000 puestos de trabajo, 55% de aumento en el salario real y un aumento del 60 al 77% en la formalización laboral.

No estamos diciendo que nos cerramos a discutir propuestas tendientes a mejorar la eficacia y la sustentabilidad en el largo plazo.

Si como afirma el Presidente de la Comisión, Dr Saldain, el tema es que “los uruguayos estamos viviendo más y mejor” no deberíamos estar frente a una preocupación y valga el reconocimiento en el avance del sistema de salud, la mejora en los ingresos y en los servicios públicos en 15 años de gobierno del FA. Pero es cierto que, promedialmente hablando, los trabajadores estarán recibiendo por más tiempo que antes su retribución jubilatoria y esa excelente noticia podría significar un desajuste financiero a corregir con criterio de equidad, Pero ubiquemos esa preocupación en sus verdaderos términos. Una cosa es una adecuación, necesariamente lenta y de pequeña escala, en los parámetros del sistema y otra cosa es una reforma estructural como reacción a la mejora en la calidad de vida. Si como parece ser existe alarma y se pretende neutralizar el avance, eso para el FA no puede ser admisible,

Tema aparte son las cajas Militar, Policial y las paraestatales. La primera arrastra una situación que incide en la magnitud del déficit, que requiere un aporte estatal adicional del 1% del PBI, atendiendo solo a 70.000 beneficiarios, El contraste con el BPS cuyo déficit de 2,9% del PBI (sin AFSPs) refiere a 800.000 beneficiarios. Esa magnitud del déficit por beneficiario es claro que se origina por un lado en la escasez de aporte (son solo el 10% del gasto) y por el otro en privilegios en las prestaciones. Siendo injustificado y no admisible la existencia de dichos privilegios, es prioritario reformar la Caja Militar. Más que un tema financiero, es hondamente ético.

Por su parte, resulta impropio traer a colación la situación de las cajas paraestatales (bancaria, profesional y notarial) cuando el Estado no aporta nada en ellas, ya hicieron su ajuste interno y sus sustentabilidad no está en tela de juicio.

Por último, pero no menos importante, en tiempos de comisiones interdisciplinarias, es preciso remarcar que cualquier solución en ámbitos tan sensibles como el de la seguridad social, debería estar enmarcada en un proyecto de país para el largo plazo, en el que seguramente no estaremos de acuerdo con la coalición de derecha.