7/05/2021
Los trabajadores organizados han sido fundamentales en la lucha en defensa y recuperación de la democracia en la historia de nuestro país. Recordemos aquel hito de nuestra historia como República que fue el primero de Mayo de 1983, donde cientos de miles de uruguayos fueron convocados por el naciente Plenario Intersindical de Trabajadores a un acto que ha quedado grabado en la memoria colectiva como una de las movilizaciones más importantes, junto al Río de Libertad, en la lucha contra la dictadura. Este acto expresaba una nueva etapa pero a la vez la continuidad en el proceso de lucha en defensa de la democracia, que tuvo otro momento heroico en la huelga general de 1973 de la Convención Nacional de Trabajadores. Esta continuidad del proceso de luchas de los trabajadores, que tiene como elementos fundamentales la defensa de la democracia y la lucha por un horizonte emancipador, quedó claramente expresado en la unión de los nuevos y viejos militantes sindicales, como así también en la convergencia de los espacios legales que había permitido la dictadura y la militancia clandestina, como PIT-CNT. Un proceso similar se dará en el movimiento estudiantil entre la naciente ASCEEP y la FEUU.
La lucha por la democracia y su profundización se ha transformado en principio y tradición de nuestro movimiento sindical. Esta defensa no es una defensa ingenua, que no sea capaz de percibir las limitaciones propias de esta democracia: se enmarca en una concepción estratégica que apunta a la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores, como dicen los estatutos del PIT-CNT. En esa nueva sociedad -y en el camino que nos conduzca a su realización- se deberá avanzar en la profundización de la democracia y será esencial ir construyendo nuevos espacios de participación, una participación mucho más activa de la sociedad civil en los asuntos comunes, superando la despolitización y la alienación política de vastos sectores de la población. Se torna imprescindible, además, desmontar las fuerzas represivas y elementos retrógrados que en el Estado constituyen un constante peligro y amenaza para la democracia, como nos demostraron el golpe de Estado de 1973 en nuestro país, pero también -en forma particularmente clara- otros golpes en nuestra historia latinoamericana, como el realizado contra el gobierno de Allende en Chile, o el más reciente contra el de Evo Morales en 2019. Consideramos que ese es el camino que ha adoptado mayormente nuestro movimiento sindical y seguramente muchos trabajadores organizados a lo largo y ancho de Nuestra América, que siempre han estado y están en la primera línea de batalla en la defensa de la democracia y por su profundización.
La retórica liberal y democrática de las clases dominantes y sus representantes políticos -a lo largo de la historia latinoamericana- ha estado plagada de contradicciones con una práctica política que no solo no iba muchas veces en ese sentido, sino que ha tomado abiertamente un camino contrario más de una vez. Las dictaduras del Plan Cóndor, que instauraron regímenes fascistas y se presentaron -a diferencia del fascismo clásico- como defensoras de las “instituciones” contra las supuestas agresiones de fuerzas e ideologías “foráneas”, no se manifestaban en forma abierta contra los principios liberales y democráticos que en la práctica anularon e intentaron destruir. Y si vamos al contexto actual, vemos como en Colombia la oligarquía ha establecido un estado terrorista pero manteniendo una fachada democrática y un discurso liberal que están absolutamente vaciados de contenido.
En nuestro país, el golpe de estado fue precedido de una escalada autoritaria y fascistizante representada por el “pachecato” y el gobierno de Bordaberry, imponiéndose este último gracias al fraude electoral, como ha quedado demostrado con la desclasificación de archivos por parte de EEUU. En ese proceso, algunos sectores del batllismo, como los representados por Zelmar Michelini y Alba Roballo, se alejarán del Partido Colorado y se transformarán en una de las fuerzas que dará nacimiento al Frente Amplio. Otros sectores del batllismo tendrán un proceso de derechización y de fascistización incluso, que se expresará claramente en el Pachequismo y en dirigentes políticos como Julio María Sanguinetti, que ocupará importantes responsabilidades en los dos gobiernos de la escalada autoritaria y que luego será dos veces presidente. En ese proceso, se dejarán de lado las viejas tendencias reformistas y progresistas del batllismo… aunque siempre en nombre de la democracia, la república y “nuestra forma de vida”. El Partido Colorado, que bajo la dirección de Batlle y Ordóñez impulsó una importante serie de reformas liberales y democráticas, y un papel activo del estado a nivel de la economía, con una función claramente progresiva, se transformará en una fuerza cada vez más conservadora. Dejará de ser expresión de los sectores democráticos de la burguesía y capas medias para transformarse en brazo político de la oligarquía y el gran capital.
Esas tendencias conservadoras y antidemocráticas se expresarán particularmente en leyes como la 14101, conocida como Ley Sanguinetti, tendiente a anular la autonomía real de las instituciones educativas de nuestro país. Rodney Arismendi, en la discusión parlamentaría sobre la esta ley y el proceso de vaciamiento democrático en que estaba enmarcada, señalaría que “…nos deja como resultado natural este Código Penal, como la han llamado los docentes, esta estructura simplemente punitiva, para convalidar un poder que invade la enseñanza como antes invadió los fueros de la vida política de la República”.
La autonomía no deja de ser un prinicipio propio de concepciones liberales y democráticas, pero esos principios y avances democráticos se han transformado en cada vez más problemáticos para las clases dominantes, que lo visualizan como un peligro para su hegemonía. No debería sorprender, por tanto, esa obsesión de la derecha por recortar la autonomía, sus ataques constantes al cogobierno en la educación y su no menos constante impulso a subordinarla al gobierno y particularmente al Poder Ejecutivo, yendo no solo contra un principio defendido por el movimiento estudiantil, sino planteado ya en el siglo XIX por José Pedro Varela. Y es que para imponer un proyecto regresivo como el neoliberal, que afecta a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, la derecha precisa cada vez menos democracia, necesita la despolitización, la manipulación a través de los grandes medios y la reducción a un mínimo posible de los espacios de participación real y de debate libre.
Tomando en cuenta estos elementos históricos se hace plenamente comprensible un engendro autoritario como el proyecto de un “Consejo de laicidad”, que apunta a recortar la autonomía y a un control mayor mediante mecanismos claramente coactivos del cuerpo docente. Lejos de expresar una real preocupación por la laicidad, a lo que apunta es a un mayor control ideológico de las instituciones educativas, creando un organismo burocrático coercitivo que estaría claramente subordinado al Poder Ejecutivo. Sería una “persona pública no estatal”, pero que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, y cuyos miembros serían propuestos uno por el Poder Ejecutivo, otro por la ANEP (que, recordemos, la mayoría de los miembros de su Consejo Directivo Central son propuestos por el mismo Poder Ejecutivo, cuestión que la Ley de Educación votada durante el primer gobierno del Frente Amplio no modificó), y el tercero no por la Universidad de la República, como en un principio parecería lógico, sino por la Facultad de Derecho, que es casualmente la Facultad donde la derecha política ha mantenido siempre un peso mayor. Esto va en la misma línea que una Ley de Urgente Consideración que impuso una reestructura radical de las instituciones educativas, en la que se eliminan la mayoría de los escasos espacios de cogobierno existentes en la ANEP, se recorta la autonomía en favor del Ministerio de Educación y Cultura, y el muy liberal principio de “libertad de cátedra”, expresión en el ámbito educativo de la libertad de pensamiento, es directamente anulado. Una ley que, tanto por la forma en que fue presentada como por su contenido, representa un significativo retroceso democrático que va en un sentido privatizador y autoritario, dándole más poder a los aparatos represivos a la vez que recorta espacios democráticos a nivel de la educación, habilitando el gatillo fácil y eliminando a los representantes docentes en Secundaria, UTU y Primaria, que de consejos devinieron en “Direcciones”.
Lo presenta un legislador del sector “Ciudadanos” del Partido Colorado, facción que intentó presentarse en la campaña electoral como “progresista” y “liberal”. Pero inevitablemente estos liberales, en tanto impulsan un proyecto de país que ataca brutalmente a los trabajadores y al pueblo, un proyecto que supone una radical redistribución de la riqueza a favor de los más ricos, mayor desempleo y pobreza, que se expresa en forma particularmente clara en un proyecto de seguridad social que hará cada vez trabajar más a los trabajadores por menos, que hará que terminen sus vidas con jubilaciones cada vez más miserables, necesitan recortar libertades y espacios democráticos, necesitan el vaciamiento cultural y democrático; por eso marchan juntos con sectores políticamente fascistoides. Pero estos retrocesos democráticos los realizarán estos “liberales”, como ya es su tradición histórica, en nombre de la democracia y la laicidad, aunque su visión de la laicidad, más que coincidente con las tradiciones realmente liberales y democráticas de nuestro país, como las que expresaba el batllismo original, es casi un calco de la “escuela sin partido” del bolsonarismo y los neopentescostales brasileros. Dejamos acá algunas muestras: en el literal “d” del artículo 7, relativo a las competencias de este Consejo inquisitorial se establece:
“d. La proposición de medios correctivos tendientes a evitar las conductas que se consideren indebidas en el marco de los derechos y valores sustentados y protegidos por esta ley, así como en toda normativa complementaria y concordante con la presente.”
Y en el artículo 10 se invita a colaborar activamente en esta cruzada y caza de brujas:
“Cualquier persona podrá formular denuncias ante el Consejo de la Laicidad, sobre la afectación de los principios mencionados en el artículo anterior, quedando garantizada la reserva sobre su identidad, salvo dispensa expresa por parte del denunciante o mandato judicial.”
Las palabras de Arismendi sobre la ley 14101 resultan hoy plenamente vigentes. Sostenía hace ya casi 50 años: “La primera contradicción es la incapacidad para desarrollar en la nueva situación los tradicionales principios de la enseñanza uruguaya acordes con el desarrollo democrático del país y su sustitución por tendencias autoritarias que quieren adecuar esta tradición democrática de la República al imperio de clases y concepciones ya perimidas… Este proyecto demuestra cómo la ley de seguridad (como la ley de seguridad incluida en la LUC, podríamos decir hoy, que retoma elementos de la reforma promovida por el actual Ministro del Interior y que fue derrotada en el plebiscito realizado conjuntamente con las elecciones nacionales en 2019), cómo el descaecimiento de las libertades, cómo la renegación de la esencia ideológica de lo que fueron las concepciones nacionalistas en la historia nacional; significa renegar de ese pasado por impotencia para integrarlo en la concepción de futuro…”
Este proyecto parece presuponer que todo docente es “culpable” hasta que demuestre lo contrario, desconoce además los mecanismos que existen a nivel de las instituciones educativas para la evaluación de sus funcionarios. Como señalan en columna recientemente publicada en La Diaria Nelson Villareal y Cecilia Cernik: “El proyecto de ley tiene la presunción de que no habría una actitud laica por parte de educadores y educadoras. Estas sospechas parecen bastante infundadas, ya que la existencia de casos aislados no sólo no puede ser generalizable, sino que además se ha visto que cuando hay cuestionamientos se ha podido actuar sin inconveniente. El manejo de hechos de supuesta transgresión debería ser resuelto por las instituciones existentes y promoviendo el debate más que instalando otra institucionalidad.” https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2021/4/consideraciones-acerca-del-proyecto-de-ley-de-creacion-de-un-consejo-de-laicidad/#
En este contexto, la lucha por los avances democráticos y contra los retrocesos que implica la LUC y otras leyes y proyectos autoritarios es fundamental, y es parte de nuestra historia que sean precisamente los trabajadores organizados quienes estén al frente de esta lucha, que tiene como horizonte una sociedad “sin explotados ni explotadores”.
El Chasque 