Hay un cerco de garras
que ahora se entretienen con su presa.
(Nadie escucha esta tarde la oración
que nos dice la carroña).
Adolfo Bertoni
Seguridad social, política y sociedad
La vida humana se construye “entre fuegos”: hay una lucha permanente entre el interés privado y las necesidades colectivas. Por un lado las urgencias de expansión económica y política de los grandes empresarios, y por otro las necesidades de los hombres y mujeres comunes del pueblo de construir un mundo solidario y protector. En esa lucha, hay que tomar partido. Vale tenerlo especialmente en cuenta, cuando la reforma de las condiciones de ejercicio de un derecho humano fundamental, aparece presentada por los actores políticos y la mayoría de los medios de comunicación como un problema de “expertos” (muchos de ellos muy valiosos y leales intelectualmente, pero unos cuantos sin credenciales para opinar sobre los problemas sociales que subyacen y deberían vertebrar la discusión). Quiero decir: la discusión esencial es política, de alta política.
¿Qué papel se le asignará al pueblo en esta discusión que habrá de afectarlo enteramente?
Las tijeras de la dictadura cívico militar
Luego del Golpe de Estado, el gobierno dictatorial intervino lo que entonces era el Banco de Previsión Social junto con otras instituciones, culminando el 22/10/79 con la unificación de todos ellos en la Dirección General de la Seguridad Social conforme al llamado Acto Institucional No. 9, “redactado en la serenidad del gabinete y lejos de la excitación de los intereses populares”, recortando derechos provenientes de los periodos democráticos anteriores (ciertamente imperfectos, desparejos y caóticos).
Se eliminaron causales jubilatorias, se elevaron las edades mínimas para el retiro y se redujo el monto de las jubilaciones y pensiones. Se impuso una rebaja de las tasas de aportes patronales. En particular, se eliminó el aporte patronal del 8% que financiaba el importante y beneficioso Sistema de Asignaciones Familiares, sustituyéndolo por 5 puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), creado en 1972. Se derogaron otras fuentes, recaudadas a través de impuestos a bebidas alcohólicas, carreras de caballos, rentas aduaneras, juegos de azar, etc., que llegaron a explicar más del 10% de los ingresos. Se establecieron topes a las jubilaciones.
Sin embargo, vale la pena destacar que aquellas modificaciones dictatoriales no modificaron la estructura del sistema, manteniendo el reparto y la solidaridad intergeneracional, sin privatizar uno solo de los aspectos, (En Chile, en 1980 con el Decreto 3500, Pinochet y sus secuaces destrozaban todo rasgo de solidaridad imponiendo a raja tablas la privatización total del régimen de jubilaciones y pensiones, eliminando todo aporte patronal) 2.
Para tener solamente una idea de la profundidad del retroceso uruguayo, debe saberse que el valor real de las pasividades en curso de pago fue tomado como variable de ajuste, y en 1984 era apenas el 26% de lo que valían en el año 1972.
El periodo 1985-1989. Los acuerdos incumplidos.
Como parte de la lucha contra la dictadura, se había creado la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), con participación de todos los sectores políticos y sociales,
alcanzando un importante número de acuerdos, que mejoraban los derechos y condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionistas.
Sin embargo, bajo la primera presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti, solamente se cumplió con la llamada “reinstitucionalización del BPS”; se recuperó en parte el valor real de las pasividades, pero continuó su manejo discrecional para ajustar los números del sistema.
Como consecuencia de ello, el periodo culminó con una Reforma Constitucional promovida por algunas Asociaciones de Jubilados y Pensionistas y sectores de la ATSS, con la oposición de todo el sistema político 3, plebiscitada en simultáneo con las elecciones nacionales de 1989, y aprobada por el 82 % de la ciudadanía que dejó escrito en la Constitución de la Republica que obligatoriamente el ajuste de las pasividades nunca puede ser menor a la variación del Valor del Índice Medio de Salarios.
El periodo 1990-1994: la “motosierra” versus el pueblo.
Después de un primer gran intento de reforma fracasado, (que incluía una capitalización individual “ficta y estatal” similar a las “cuentas nocionales” de las que hoy se habla), en la Rendición de Cuentas de 1992, de manera claramente inconstitucional, se introdujeron artículos que empeoraban lo dejado por la dictadura (nuevos aumentos de las edades de retiro, más rebajas de los porcentajes de asignación jubilatoria, etc.).
La respuesta inmediata fue una nueva recolección de firmas (promovida esta vez por la ATSS y el resto del PIT-CNT, la ONAJPU y el Frente Amplio), dando lugar a un nuevo plebiscito realizado junto con las elecciones nacionales de 1994, obteniendo el apoyo del 76% de la ciudadanía, que anuló las modificaciones restrictivas votadas en 1992.
El periodo 1995-1999. Dando la espalda a las expectativas populares, o la violación de los discursos preelectorales.
Entre los meses de julio y noviembre de 1994, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), había realizado una encuesta coordinada por el Dr. Labadie cuyos resultados indicaron que: 1) el 80% de la población veía a la seguridad social como un problema;
2) las razones eran: la insuficiencia de las prestaciones; que los beneficiados por el régimen vigente eran los empresarios, los militares y los profesionales; y que los perjudicados eran los trabajadores y los ancianos; 3) sin embargo, solo el 16% la veía como la principal reforma a realizar.
En simultáneo: ¿cuáles fueron los discursos preelectorales que los distintos candidatos y partidos ofrecieron a la ciudadanía? Por el SISTEMA MIXTO sólo se expresaron favorablemente el Foro Batllista (Dr. Sanguinetti) dentro del Partido Colorado 4, y el Nuevo Espacio liderado por Rafael Michellini (entonces fuera del FA). Por el mantenimiento del SISTEMA DE REPARTO Y SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL se pronunciaron todo el Partido Nacional (Dr. Alberto Volonté, Dr. Juan Andrés Ramírez y el profesor Carlos Julio Pereyra), y todo el Frente Amplio (Dr. Tabaré Vázquez).
Si bien la Presidencia de la República fue ganada por el Dr. Sanguinetti, el Parlamento resultante fue integrado por un 38% de legisladores que estaban a favor del Sistema Mixto, y un 62% en contra del mismo. Sin embargo, por un acuerdo entre los Partidos Colorado, Nacional y el Nuevo Espacio, la reforma terminada de votar fue absolutamente a contramano de lo manifestado y elegido por la mayoría del pueblo uruguayo: I) la principal reforma fue la de la seguridad social; II) la insuficiencia de las prestaciones pasó a ser mayor; III) los beneficiados por la reforma fueron los mismos empresarios (a quienes se les redujo el aporte patronal a la mitad), manteniéndose la situación de militares y profesionales; y IV) el SISTEMA MIXTO 5, rechazado en las urnas, pasó a ser el sistema vigente impuesto por la ley 16.713.
(La respuesta del llamado “campo popular” merecería un artículo aparte que excede los objetivos de este trabajo) 6.
La vigencia de la ley desde 1995: el texto legal (hasta el 2007).
La ley 16.713 comenzó a ser aplicada de inmediato: en octubre de 1995, empezó la eliminación o recorte severo de las pensiones, especialmente de las viudas jóvenes. En abril de 1996 comenzó el sistema mixto, con un primer pilar obligatorio de solidaridad intergeneracional a cargo del BPS, y un segundo pilar también obligatorio en ciertos casos, de ahorro individual en las AFAP.
Además del aumento de la edad jubilatoria de la mujer (de 55 a 60 años en forma escalonada) se modificó el periodo de cálculo del sueldo básico jubilatorio y se rebajaron sustancialmente los porcentajes de asignación jubilatoria (lo que algunos técnicos mal llaman tasas de sustitución o reemplazo). Por último, se estableció en 35 el mínimo de años de trabajo requeridos, que en el caso de los trabajadores dependientes deben estar registrados en la historia laboral a partir del 1/4/1996, y en el de los no dependientes ser efectivamente cotizados.
La prestación mensual del Régimen de Ahorro Individual está “determinada por el monto acumulado de los aportes” (a los que deben restarse mes a mes las comisiones que cobran las AFAP, su lucro), “sus rentabilidades” (que en algún caso pueden ser negativas), y “de acuerdo a tablas generales de la expectativa de vida”. Es decir: el reino de la incertidumbre, todo lo que NO debe ser la seguridad social, impuesto en democracia.
Los gobiernos del Frente Amplio: permanencias y cambios.
A pesar de tener escrito en el programa de gobierno presentado a la ciudadanía en las elecciones nacionales de 2004 y siguientes que debía eliminarse el lucro de la seguridad social, y a pesar de tener mayoría absoluta en las dos Cámaras del Poder Legislativo en los tres periodos que gobernó, el Frente Amplio nunca promovió reforma alguna que implicara un cambio de estructura del sistema, manteniendo consecuentemente el sistema mixto y las AFAP. 7
Por otra parte, afortunadamente las modificaciones vigentes desde el 2008 gracias a la llamada “Ley de flexibilización”, efectivamente permitieron que muchos miles de trabajadores y especialmente trabajadoras, hayan accedido o estén accediendo a jubilarse (aunque con las bajas prestaciones ya señaladas). Esos cambios fueron la reducción de 35 a 30 años de servicios para configurar causal jubilatoria; el otorgamiento a las mujeres de un año más de trabajo por cada hijo/a nacido/a vivo o adoptado/a (con un tope de 5), y nuevas causales por edad avanzada. En el 2013 se aprobó una (mala) ley que intentó facilitar la desafiliación de las AFAP de quienes se habían afiliado a ellas “voluntariamente”, y en diciembre del 2017 se aprobó otra ley que en parte soluciona el problema de los “cincuentones” obligados, aunque rebajándoles un 10% del valor inicial de su jubilación, en una clara injusticia que castiga a los integrantes de dicha franja etaria.
(Como resoluciones francamente negativas vale recordar que en el gobierno de Mujica se permitió que las AFAP cumplieran su sueño de poder invertir una parte de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras uruguayas, en el extranjero, y que en los últimos años el Banco Central se metió activamente en el sistema “toqueteando” la tasa de interés técnico a su antojo, perjudicando de por vida a miles de trabajadoras y trabajadores, anteponiendo las finanzas del Banco de Seguros del Estado que paga las “rentas vitalicias” del pilar de ahorro individual).
La alarma del 2026: el próximo problema de los “sesentones”.
Buena parte de la historia del Uruguay está en las “declaraciones de servicios” que un trabajador o una trabajadora hacen al iniciar su trámite jubilatorio ante el BPS. La historia económica y social está allí con claridad. Esta conjunción de la realidad colectiva con la personal no siempre se ve: el ser que se presenta a jubilarse es alguien que viene a ejercer un derecho porque ha hecho éste país con su trabajo.
Hasta hace unos 25 años –salvo en casos de actividad doméstica “con retiro”, o de la construcción– era común que toda la vida laboral se hubiera desarrollado en una sola empresa, (o dos, o como mucho tres), y los períodos de inactividad apenas existían. Los salarios solían mantenerse en una meseta durante una parte larga del tiempo, o había aumentos progresivos y lentos, estando siempre los sueldos más altos (a veces mediante un acuerdo trabajador-empleador) en los últimos años de trabajo. Si un empresario evasor no aportaba al BPS por un dependiente, al no ser este responsable de tal defraudación, tenía la posibilidad de proponer testigos 8 que efectivamente conocían su actividad (ex compañeros, vecinos, etc.).
Hoy, drásticamente, (y sin tener en cuenta la pandemia), salvo tal vez en el empleo público y en algunas excepciones privadas, las empresas declaradas cambian en plazos cortos; los períodos de inactividad se reiteran; y la evolución de los salarios es impredecible: pueden ir en ascenso; bajar por un cambio brusco y obligado; pueden no existir por períodos de desocupación no compensada, changas, actividad “en negro”… o llegar a ser muy importantes en algunas ramas de actividad.
Ésta realidad, con esas historias laborales propias de los cambios en el mercado de trabajo –más cierto comportamiento de las nuevas generaciones que debería estudiarse– permite asegurar que lo peor del sistema jubilatorio aún no lo hemos visto. A partir del 2026 empezaremos a ver decenas de miles de “sesentones” sin derecho a jubilación, por no poder reunir el mínimo de años de servicios registrados necesarios.
¿Por qué hablamos del 2026? Porque entonces se cumplirán 30 años de vigencia plena de la historia laboral. (Para dimensionar la gravedad real del problema, estudios recientes en poder de la Comisión de Expertos afirman que “en promedio, los hombres cotizan el 59% de su vida laboral y las mujeres el 55%”. Y el nivel de ingresos influye sustancialmente: mientras que entre el 20% de la población con mayores ingresos “la mitad logra completar aportes por el 100% de su vida laboral, entre la población de menores ingresos ese guarismo se reduce apenas a 4%”. Si: de cada 100 trabajadores de muy bajos ingresos, solamente 4 registran la totalidad de su vida laboral). 9
(Esos nuevos excluidos del sistema serán básicamente trabajadoras domésticas, trabajadores rurales, de la construcción y otros sectores de la Industria y el Comercio, particularmente de sueldos bajos, “unipersonales”, microempresarios de la ciudad y el campo: “los informales”). La cobertura casi universal del sistema que hoy nos enorgullece pasará a ser parte de la historia si el parámetro “años mínimos de servicios” para obtener causal jubilatoria no se modifica en la reforma a estudio.
La situación de los actuales jubilados y pensionistas
Como regla, la inmensa mayoría de quienes se jubilan pasan a cobrar menos, justo cuando más lo necesitan. 10 Dígase solamente que el 70% del total de pasividades
pagas por el BPS, está por debajo de los 27.000 pesos mensuales, y que un 30% está por debajo de 16.000 pesos, ambas cifras nominales. 11
Pensemos solamente en un ejemplo significativo: los préstamos sociales. Es el sector del BPS que más trabaja en todo el país, con mayor afluencia de público, con colas que comienzan antes del inicio del horario de trabajo. Aunque cueste creerlo, hay miles y miles de jubilados y jubiladas que desde hace años han entrado en una calesita de renovación de préstamos de la cual no pueden salir. Muchos de ellos “se van con mil o dos mil pesos en la mano. Esperan a pagar el mínimo de cuotas requerido para renovar, y renuevan por una miseria”.
Si bien estos pocos datos forman parte importante de la realidad social del Uruguay, no parecen quitarle el sueño a la mayoría de los integrantes del sistema político, y a veces también del movimiento social. La lucha por mejoras puntuales o parciales hay que hacerla siempre: pero no al bajo precio de abandonar el objetivo de alcanzar una sociedad verdaderamente justa y solidaria. ¿Cuántos dirigentes políticos plantean firmemente la necesidad de jubilaciones mínimas que alcancen un nivel de dignidad real? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a que una persona que se jubila pase a ganar menos –y viva peor– como si fuera algo inherente a la naturaleza humana?
(Sobre las características que debería reunir la más que necesaria reforma, hablaremos en una próxima nota).
Adolfo Bertoni. Ex presidente de la ATSS. Actual integrante de su Comisión especializada en el tema. Participante de la “Reunión Regional Tripartita de Expertos en Seguridad Social de las Américas de la Organización Internacional del Trabajo”, México, 1994, en representación del PIT-CNT.
NOTAS:
1: La seguridad social excede largamente a las jubilaciones y pensiones. Aquí hablamos sólo de las prestaciones de pasividad que paga el BPS.
2: En Uruguay, el primer artículo publicado ya en democracia defendiendo “las bondades” de la capitalización individual obligatoria y privada, fue firmado por un joven economista de nombre Isaac Alfie..
3: Sin embargo, ante el aluvión de firmas y el clima popular provocado, muchos sectores de todos los partidos políticos terminaron “ensobrando” la papeleta por el SI.
4: El Dr. Jorge Batlle promovió activamente el régimen chileno, siendo el único que habló de aumentar la edad jubilatoria, siendo por ambas cosas derrotado dentro de su Partido.
5: Nobleza a obliga a decir que las propuestas que entonces hicieron los Organismos Internacionales eran infinitamente peores. El Banco Mundial proponía lisa y llanamente un modelo absolutamente privado de ahorro individual a la chilena. (Hay quienes sostienen que el Cr. Ariel Davrieux terminó expulsándolos de su despacho). El BID propuso un régimen Mixto con un primer pilar hasta 2000 pesos, y un segundo pilar hasta 4000 pesos: de haberse aprobado, las proyecciones realizadas por el propio BID, indicaban que para el 2030 el aporte obrero debería haber sido ¡el 60% del sueldo del trabajador! (Si: el sesenta).
6: Hasta hoy, el PIT-CNT no ha realizado una autocrítica sobre su despareja actuación durante la recolección de firmas para plebiscitar la ley (y más especialmente su penoso papel durante el periodo febrero 1996–febrero 1997). Esos problemas, aparte de las dubitaciones y divisiones internas en el Frente Amplio explican de manera certera el por qué no fue posible alcanzar las firmas necesarias para plebiscitar una reforma constitucional alternativa. (Me saco el sombrero, como corresponde, por la actitud y compromiso del Dr. Hugo A. de los Campos y de la ONAJPU).
7: No se me escapa que en ambos Poderes hubo algunos frenteamplistas (pocos) que intentaron cambiarlo.
8: Por las actividades anteriores a abril de 1996, los testigos pueden seguir presentándose. (Después, es extremadamente intrincado el procedimiento para que una actividad no registrada termine siéndolo en la historia laboral). En todo caso, llama la atención cómo (a derecha e izquierda) se ha demonizado el papel de los testigos como parte del trámite jubilatorio. Muchas veces, uno o varios testigos son la única espada
que tiene para defenderse un/a trabajador/a que ha sufrido un patrón defraudador o evasor. (Paradójicamente, y de forma correcta y afortunada, el Poder Judicial si acepta la prueba testimonial).
9: Véase la diaria del 30/11/20:“Seguridad Social: historias laborales y densidad de cotizaciones”.
10: A veces mucho menos. Ocurre así para los sueldos bajos, los medios, medio-altos, y altos. El tope máximo también es excesivamente bajo, transformándose –en los hechos– en un impuesto invisible que el jubilado sufrirá mientras viva a partir de su último día de trabajo. (En el caso de los “cincuentones”, por resolución del Directorio del BPS de 2018 hasta la fecha, ilegalmente, dicho tope se rebajó un 10% más). 11: Para comparar con la vida real: según datos del Instituto Nacional de Estadísticas del mes pasado, “un hogar unipersonal que vive en Montevideo es considerado POBRE si su ingreso mensual es menor a $ 16.065; si son dos personas se las considera igual si ganan menos de $ 27.372; un hogar de tres personas si ganan menos de $ 41.058, y un hogar de cuatro personas si tiene ingresos menores a $ 54.744. (Gracias Antonio Elías por los datos). ¿Esto se considerará a la hora de hacer la Reforma?
El Chasque 