Adolfo Bertoni – Mayo/2021
A pesar de ser más prolijo y completo que el primero, es posible encontrar la reiteración de sombras que pueden transformarse en futuros perjuicios para las trabajadoras y trabajadores activos e, incluso, para los actuales jubilados y pensionistas. Ya el comienzo da por ineluctable que las principales fuentes de financiamiento deban provenir de las generaciones activas (in totum), omitiendo que en ellas no somos todos iguales, y que hay algunos (los más) que solo poseemos nuestra fuerza o capacidad de trabajo –y jubilación o pensión derivadas del mismo– y hay otros que (los muy menos) son los dueños del capital (a quienes no demonizo como personas). No se profundiza en la importancia que puede tener un exitoso plan de formalización de los excluidos del sistema, si además se otorga financiamiento propio a otras prestaciones de actividad del BPS que hoy no lo tienen.
El aumento de la edad de jubilación, la baja de las tasas de reemplazo y las pensiones por viudez
Se insiste sobre el aumento de la edad de jubilación. En el contexto, al no tener en cuenta otras variables o parámetros relevantes, la solución a la que se estaría apuntando parece ser obvia: aumentar la edad y rebajar los montos para que las trabajadoras y trabajadores aporten más, cobren menos y por menos tiempo, y el ajuste fiscal resulte favorable. Sin embargo (a pesar de los reiterados planteos de actores relevantes en la campaña electoral –no así de los candidatos presidenciales que NO hablaron del tema) el sistema político debería empezar a tener en cuenta que según Equipos Consultores, el 78% de la población se opone a tal aumento, más de dos millones de votantes en 2024. (Significativamente, en el Borrador se omite decir que al ser recibida por la CESS la ATSS planteó su oposición frontal al aumento de la edad y la rebaja de las próximas jubilaciones y pensiones). Además, es esperable un recorte de las pensiones por viudez, probablemente estableciendo su vigencia a partir de la edad de jubilación, con alguna otra reducción importante asociada.
El contrabando ideológico
En la medida en que al hablar de la “Equidad Individual” se sostiene que lo que se aporta en actividad es menos que lo que luego se recibe como jubilado o jubilada, se sale de la perspectiva del Reparto Intergeneracional y se ingresa –por la ventana– en el territorio y la lógica del Ahorro Individual: si tanto coticé, tanto tengo que recibir. Las preguntas subyacentes cuando se trata de un Derecho Humano Fundamental no deben ser ¿cuánto aporté y cuánto voy a recibir?, sino ¿con cuánto contribuí yo con mi trabajo personal a la riqueza generada en el país, y cuánto necesito para vivir dignamente una vez que me jubile?
El segundo par de preguntas apuntan a la justicia humana –y a la necesidad del Estado como protector y regulador de las injusticias que “en el Mercado” abundan. Incorporan la concepción de la Seguridad Social como una inversión y no como un gasto, y a la redistribución de la riqueza nacional como su principal objetivo. Hay un mandato del soberano, del pueblo uruguayo, que lo dejó escrito en el artículo 67 de la Constitución de la República en el plebiscito de 1989, cuando el 82% de la ciudadanía no solamente votó para que el ajuste de las pasividades no pueda ser menor al Índice Medio de Salarios, sino que expresamente dijo que las mismas“se financiarán sobre la base de: A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados; y B) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuere necesario.” Es una obligación para cualquier gobernante cumplir esa orden popular.
Un baño de realidad: los ingresos de actividad y las jubilaciones y pensiones actuales y futuras 2
Se sostiene que los beneficios que otorga el actual régimen son “suficientes” a pesar de que los números reales de los ingresos por trabajo o jubilación y pensión demuestran lo contrario. La seguridad social verdadera empieza por una Política de Empleo de Buena Calidad. Nadie se siente seguro si no tiene un trabajo bien pago y registrado legalmente. Dicen que a veces algunos números valen por mil palabras. Veamos: antes de la pandemia, había 172 mil personas en edad de trabajar desocupadas. Un 25% de informalidad. Además, había 180 mil cuentapropistas que cobraban menos de 20 mil pesos líquidos, más 289 mil asalariados y asalariadas en idéntica situación (45% de domésticas; 42% de rurales; 39% de industria y comercio; 36% de restoranes y hoteles; la mitad eran menores de 25 años –y dentro de ese número 144 mil cobraban menos de 16 mil $); 351 mil entre 20 y 30 mil $; 329 mil entre 30 y 50 mil $, y 193 mil cobraban más de 50 mil $, siempre líquidos. Las mujeres son las más perjudicadas (además del trabajo no remunerado), y la situación es peor en el interior. (Por otro lado, en noviembre 2020 el semanario Búsqueda fijaba su Canasta en 95.120 $, y según el Instituto Nacional de Estadística un Hogar se consideraba pobre cuando ganaba menos de 16.065$ si es unipersonal; menos de 27.372$ si viven 2 personas; menos de 41.058$ si viven 3, y menos de 54.744 si viven 4 personas). Ya dijimos que el 70% de los jubilados y pensionistas ganaban menos de 27 mil $, y 30% menos de 16 mil.
Se dice ahora que el promedio de aportes registrados en la historia laboral es del “63% para las mujeres y del 68,8% para los hombres”. Dándolo por bueno 3, salvo en el empleo público y en algunas empresas privadas, para reunir los 30 años de trabajo registrado, deberían trabajar unos 50 años reales.
Es decir, juntando todos los datos y teniendo en cuenta que el porcentaje medio de los que si logran jubilarse es, con suerte, del 60% del promedio del sueldo básico jubilatorio (tanto en el régimen soló del BPS como en quienes reciben la renta de la AFAP), dejo escrita mi convicción absoluta: hay un millón de candidatas y candidatos a cobrar la asistencia o la pensión a la vejez 4 o, con suerte, la jubilación por edad avanzada recién a los 70 años. Más de la mitad cobrarán la jubilación mínima o un poco más. (Todos datos con la actual ley, sin necesidad de que la “reforma” empeore nada).
¿El “Gasto” Social es insostenible?
Esta idea se repite ad infinitum. Tenemos la obligación de cuestionarla. Para empezar –como si se olvidara el mandato constitucional del soberano mencionado– al hablar del “Gasto Previsional” se omite que una parte sustancial del mismo se trata de aportes de los propios trabajadores y trabajadoras, y de los patronos que no evaden. En el caso del BPS en 2019 dicho “Gasto” fue del 9,2% del Producto Bruto Interno, y se proyecta que en el 2050 será del 10,5% y en el 2070 sería del 11,6%. Pero estos números, sin comparar con nada, también significan nada.
Según los datos oficiales del organismo, en el 2019 el BPS pagó 795.192 pasividades (entre jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, pensiones a la vejez e invalidez y subsidios por incapacidad transitoria). Si fueran personas es el 23% de la población (pero en realidad es un poco menos porque hay quienes cobran más de una pasividad). Entonces, ahora si comparando, ¿quién dice que es mucho que para el 20 % de la población se destine el 9,2% del total de la riqueza que produce todo el país? ¿El 9% de esa riqueza para más del 20% de la gente es mucho? Y si hablamos de la Asistencia Financiera verdadera es aún más claro. Para el 2050 se proyecta que dicha Asistencia sea del 2,5% del PBI y para el 2070 del 3,8% del PBI. Hay que proyectar también cual sería la cantidad de pasividades que el BPS pagaría en esos años. Es previsible que sea un porcentaje mayor de la población –aunque según mi horizonte cobrando pasividades menores. ¿Es mucho que para más del 30% de la población de ese entonces se destinen menos de 4 pesos de cada 100 que produzca el país? ¿En qué redistribución de la riqueza estamos pensando?
Los aportes patronales no se tocan… o se exoneran
Haciendo una nueva petición de principios (“vicio del razonamiento que consiste en poner por antecedente lo mismo que se quiere probar”) el borrador expresa que “La suba de las tasas de aportación sobre el trabajo presenta restricciones, dado su actual nivel. En consecuencia las opciones para mitigar el actual desequilibrio financiero del sistema difícilmente puedan actuar significativamente sobre esta variable”. ¿Quién lo dice? Todas las delegaciones empresariales que fueron recibidas por supuesto. ¿Pero qué surge de la comparación internacional? ¿Qué hay detrás de las rebajas al aporte patronal realizadas en dictadura y en la ley de Reforma Tributaria del 2007, y otras posteriores, con todas las exoneraciones existentes que en el caso del BPS significaban una renuncia de más de cien millones de dólares por año?
¿Qué significa exonerar o rebajar un aporte patronal? Sencillamente quitarle ingresos genuinos al sistema. ¿Y quién pone ese dinero? El pueblo a través de su trabajo y el pago de impuestos. Es decir que hay un subsidio al revés: de los que menos tienen a los que más tienen. Si se entiende que hay que subsidiar determinadas actividades (sobretodo cuentapropistas y pequeños productores y empresarios), debe ser a través de Rentas Generales y no del BPS. Sin perjuicio de estudiar fuentes alternativas de financiamiento, si comparamos a nuestros empresarios (¡tanto que se nos compara con los “países más desarrollados” en otras partes del informe!) –según elaboración mía en base a un estudio del Economista Hugo Bai del ERT de abril de 2019, y fuentes de la Asesoría General de Seguridad Social– vemos que en el 2017en casi todos los países de la OCDE el aporte patronal era igual o superior al del trabajador. En 17 países el patronal es mayor (Suecia, Israel, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Turquía, Islandia, Republica Checa, España, Eslovaquia, Bélgica, Dinamarca, México, Austria, Inglaterra, Portugal), en 8 países el aporte es igual entre empresarios y trabajadores (Polonia, Alemania, Japón, Suiza, Luxemburgo, Canadá, Corea, Austria). En Europa toda, el promedio en el 2008 era 8,5 % el aporte personal y 15,5 % el aporte patronal. En Uruguay 15% el trabajador y 7,5 % el patrono, sin contar, reitero, las exoneraciones.
Las preguntas obvias son: ¿a los empresarios europeos les va peor que a los uruguayos?, ¿son ellos menos inteligentes y fuertes que los nuestros?, ¿sus empresas ganan menos que las nuestras?, ¿o los elencos gobernantes de esos países –todos ellos capitalistas– han comprendido que cuando se trata de un derecho humano fundamental todos tienen que poner el hombro de acuerdo a sus reales posibilidades y márgenes económicos?
¿Las AFAP también son intocables?
Otra observación del diagnóstico afirma que “el régimen mixto vigente desde 1996 en el ámbito del BPS responde al consenso internacional existente sobre el diseño de sistemas de pensiones multipilares con la finalidad de asegurar seguridad económica en la vejez mediante diferentes instrumentos”. Esta redacción distinta a la del cuestionado borrador inicial mantiene sin embargo una confusión: no es lo mismo el régimen multipilar de la Organización Internacional de Trabajo que el régimen Mixto Uruguayo. Aquí se le puso un precio a la solidaridad (los 5 mil pesos del 96 que actualizados son un poco más que 60 mil): en el modelo de la OIT el cien por ciento de los trabajadores y trabajadoras, cualesquiera sean sus ingresos, aportan a lo que sería el pilar del BPS y –aparte– si voluntariamente lo desean puede haber otro pilar financiado con aportes patronales. También sabemos que según Equipos más del 60 % de la población no confía en las AFAP. Por eso, vale la pena traer la opinión de los expertos de la misma OIT que nos recuerdan que entre 1980 y 2014 treinta países privatizaron sus regímenes públicos obligatorios de pensiones (fuimos el cuarto), “en contra de las recomendaciones de la Organización” y que hace dos años 18 países “habían revertido total o parcialmente dicha privatización, y que teniendo en cuenta las sucesivas pruebas sobre las repercusiones sociales y económicas negativas, se puede afirmar que el experimento de privatización de las pensiones públicas ha fracasado, (…) no dio los resultados esperados (…) las prestaciones se deterioraron y la desigualdad de género se deterioró” 6. (Parte de esta posición que no estaba en el primer borrador, ahora se deja registrada).
El peligro del Índice Medio de Salarios
Finalmente, no puedo omitir la observación número 15 según la cual “La indexación de los beneficios previsionales por el Índice Medio de Salarios Nominales protege parcialmente a las jubilaciones de la inflación pero genera algunos desafíos para el correcto funcionamiento del sistema. Dificulta la sostenibilidad de regímenes híbridos” –como el del BPS– “y genera riesgos que las empresas aseguradoras que proveen rentas vitalicias encuentran difícil cubrir. La modificación de este criterio requeriría de una reforma constitucional”. A los que cuestionan la forma de cálculo del ÍMS les parece mal que actualmente (y desde 1968 modificado en el 2003) “sólo mide la evolución de los salarios de los trabajadores empleados en grandes sectores de actividad y excluye otros, como los rurales o los zafrales o similares”. Si se cambiara la fórmula de cálculo del IMS, rebajándolo, ¿no se violentaría la voluntad popular pretendiendo cambiar en una ley el verdadero espíritu de una abrumadora mayoría popular expresada en las urnas que escribió con fuego en la Constitución “no queremos más que usen a las jubilaciones y pensiones como variable de ajuste”?
¿En qué quedaron los discursos preelectorales de todos los candidatos a la Presidencia que dijeron “a los actuales jubilados y pensionistas no los vamos a perjudicar”? Por efecto de la inflación, este mes por segundo año consecutivo perderán el valor real de su pasividad: con otra forma de cálculo del IMS hubieran perdido más todavía. ¿No es verdadera y hermosamente solidario que la lucha de los sindicatos más fuertes en las empresas públicas y privadas más grandes ayude a mejorar a los actuales jubilados y pensionistas, y haga más elevados los promedios jubilatorios de aquellos que puedan llegar a jubilarse? (Se dice ahora en el nuevo borrador que cambiar el Índice requiere una reforma Constitucional. Este agregado, es válido si se quisiera cambiar por la inflación u otro índice, pero la fórmula de cálculo del Índice Medio de Salarios Nominales, puede hacerse por ley, por lo que el peligro sigue estando latente). (Esto después de publicada la nota se agravó. Saldain dijo que en la ley de Reforma no iba a quedar, pero el 2 de marzo Presidencia de la República puso un documento que se llama UN PAIS EN MARCHA, que en su punto 342 dice que “en el segundo semestre de 2021 el INE modificará el IMSN” (como que lo harían administrativamente)
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La situación de la seguridad social es complicada sí. Hay otras observaciones del borrador del diagnóstico que son atinadas. Por hoy, solamente he puesto mis ojos en las que considero inconvenientes. Muchas cosas deben mejorarse porque lo que está vigente es muy malo. Pero hay que tener el coraje de hacer dichas mejoras para que la justicia social se acerque en el horizonte, y no dar por inmodificables realidades que sólo se han sostenido por temor a que los poderosos se molesten. El capital está en todo su derecho de hacer su juego. Nosotros, trabajadores y trabajadoras, de ayer y de hoy, tenemos la obligación de hacer el nuestro.
Adolfo Bertoni: Ex presidente de ATSS, integrante de su Comisión de Seguridad Social
Notas
1 Por razones de espacio, esta nota refiere solo a la realidad del Banco de Previsión Social.
2 En base a datos del BPS y del Instituto Cuesta Duarte 2019.
3 Se incluye un nuevo análisis sobre la densidad de cotización, que sin embargo debería cuestionarse ya que refiere a “quienes tuvieron ¡al menos una cotización en el año 2019!”¿Y los otros once meses del año? Por tal motivo, parece más cercano a la realidad, el estudio conjunto de Apella (Banco Mundial) y Zunino (CINVE), que arriba a conclusiones gravísimas: “mientras que entre el 20% de los de mayores ingresos la mitad logra completar aportes por el 100% de su vida laboral, entre la población de menores ingresos ese guarismo se reduce apenas al 4%”.
4 Creo que, por ello, no es casualidad que una de las pocas cosas que parecería van a mejorarse según el Borrador, sean las Pensiones a la Vejez, ya que se cuestiona con razón los muy bajos que son los actuales topes que pueden cobrar los familiares obligados del potencial beneficiario.
5 “Revertir las privatizaciones de Pensiones: la reconstrucción de los sistemas públicos de Pensiones en Europa Oriental y América Latina”. OIT, Noviembre 2018.
El Chasque 