El futuro de la UE se construye sobre una base antiinmigrante

Análisis. La elección de los centristas de competir con gente como Orban, Le Pen, Salvini y Meloni en el campo de juego del racismo y la disminución de derechos representa un regalo incomprensible para una cultura antiinmigración que se ha vuelto hegemónica, aunque carece de cualquier conexión con realidad.

Filippo Miraglia
El Chasque 142
14/06/2024

La rendición de las llamadas grandes familias políticas europeas a la derecha xenófoba, con excepción de algunas deserciones internas (entre ellas, afortunadamente, el PD, que se negó a votar a favor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo), no es nada lejos de ser una tragedia para la UE y podría significar la ruina para su futuro.

En materia de migración y asilo, los Populares, Socialistas y Liberales, que representan a casi todas las mayorías que gobiernan los países de la UE y a la mayoría del actual Parlamento Europeo, han decidido invertir principalmente en dos direcciones: la externalización de las fronteras y la detención administrativa como medios ordinarios de gestionar los flujos migratorios.

La carta dirigida por 15 de los 27 gobiernos a la Comisión Europea para solicitar medidas adicionales a las del Pacto para promover la dimensión exterior de las políticas migratorias –es decir, externalizar nuestras responsabilidades en materia de derechos humanos y derecho internacional a países fuera de la UE– Es una prueba de que no importa lo mal que se pongan las cosas, siempre pueden empeorar. La elección de competir con gente como Orban, Le Pen, Salvini y Meloni –es decir, con los conservadores y la extrema derecha– en el terreno de juego del racismo y la disminución de derechos, una elección hecha por quienes afirman querer frenar las tendencias de este último, representa un regalo incomprensible para una cultura antimigrante que se ha vuelto hegemónica aunque carente de conexión con la realidad.

Llamar “seguros” a los países donde se practica la tortura y donde la oposición política es perseguida regularmente en nombre de la defensa de las fronteras es lo mismo que negar los principios básicos de las democracias.

¿Por qué habría que “defender” las fronteras de personas que espontáneamente se presentan ante las autoridades de los países de la UE para pedir protección? ¿Cómo podrían estas personas cruzar fronteras de forma legal y segura? Nos gustaría hacer estas preguntas a nuestro gobierno y a los demás que firmaron esa carta, con pleno conocimiento de que no obtendremos respuestas, porque razones de propaganda no permiten explicaciones racionales.

Meloni tiene razón en que en la situación actual nuestro país ha asumido “un papel protagónico”. Las iniciativas promovidas por Italia (aunque ciertamente no es la única) han provocado un efecto de bola de nieve que está arrasando con toda la UE. El acuerdo con el Túnez de Saied no es nuevo, pero, al igual que el de la Turquía de Erdogan, representa una negación del derecho internacional: obligaremos a otro a hacer lo que los tribunales nacionales e internacionales nos impedirían hacer.

El intento neocolonial de utilizar el territorio albanés para impedir que quienes huyen de la violencia en Libia o de la persecución en Túnez desembarquen en Italia es una noción novedosa que –más allá de sus costes exorbitantes y su dudosa eficacia, de la que pronto podremos ser testigos– representa sobre todo un marcador cultural más que político.

Estas medidas promulgadas por Italia –al igual que otras puestas en marcha por otros gobiernos, como las recordadas en la carta de los 15 países o incluidas en el nuevo Pacto Europeo– tienen un efecto en la opinión pública de la UE proporcional a la ausencia de alternativas igualmente fuertes, que las fuerzas prodemocráticas no parecen capaces de unirse para apoyarlas porque son incapaces de proponer una visión que sea a la vez justa y práctica. En los próximos días, la Comisión Europea presentará el plan para implementar el Pacto que finalmente fue aprobado el 14 de mayo en cada país; Para enero de 2025, todos los gobiernos individuales tendrán que aprobar un plan nacional.

La sociedad civil, los movimientos y las organizaciones sociales tendrán que hacer todos los esfuerzos posibles para seguir este proceso, saliendo a las calles para defender una Europa acogedora y basada en los derechos, recurriendo a los tribunales para denunciar y obstruir medidas discriminatorias e ilegítimas, y construyendo un amplio alianza que podría generar una alternativa viable.

En este proceso, las elecciones europeas son en sí mismas un paso decisivo. Si bien esperamos un revés para las fuerzas de derecha, después del 9 de junio, sea cual sea el resultado, será importante examinar de cerca la coherencia de los programas y las cifras de los candidatos, haciendo todo lo posible para influir en las decisiones que se tomarán en la cumbre. a nivel nacional y europeo al inicio de la nueva legislatura.

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