¿A qué herencia renunciamos?

María Luisa Battegazzore
El Chasque 152
23/08/2024

Hoy los especialistas se devanan los sesos para caracterizar a las “nuevas derechas” que avanzan por el mundo. Como todo análisis de clase es considerado obsoleto y no rinde para obtener méritos académicos, se dedican a la descripción de elementos adjetivos, según paradigmas europeos y a su propia definición progresista de lo que es izquierda o derecha. O sea, están destinados a entender poco y mal.

Nos interesa sólo un aspecto de esa descripción: la calificación de “neopatriotas” o soberanistas, atendiendo meramente a énfasis discursivos y no a efectivas prácticas de esas derechas en el gobierno. Y nos interesa porque plantea la identificación de soberanía y derecha; aparentemente, la izquierda debe ser fiel a la globalización.

Cuando se celebra la independencia nacional, apenas como efeméride, no está de más hacerse la pregunta del título. Y no sólo como recuerdo leninista, dios nos libre.

Está claro que el Uruguay independiente descartó la herencia de la Patria Vieja: ni la política agraria, ni el concepto americanista, ni la democratización de las relaciones políticas y sociales, ni el federalismo, tuvieron continuidad en nuestra historia. La independencia en las relaciones internacionales, unida a la defensa de la soberanía en el terreno económico, que pueden ser consideradas otras herencias del artiguismo, pudieron tener algunas tardías reivindicaciones, pero su práctica política fue ambigua y parcial, por decir lo menos. La globalización y la negación de la categoría “imperialismo” en los tiempos posmodernos, transformaron estos postulados en signos de fundamentalismo y atraso, bajo la tacha de ser “ideológicos”.

La oposición entre liberalismo comercial y proteccionismo, el programa de un desarrollo industrial nacional, tiene que esperar hasta el siglo XX para aparecer asociado a los batllismos –primero y segundo. En los tiempos de la revolución de independencia era casi impensable, por eso es tan excepcional el proyecto de Artigas. Pero la herencia batllista también es desestimada, más allá de reivindicaciones de monopolios electorales.

La crisis económica que vivió el Uruguay en la segunda mitad del siglo pasado depreció la orientación proteccionista y estatista del nacional reformismo; validó el irrestricto liberalismo económico y la sujeción a los mercados, a compás de la ola neoliberal, desreguladora y privatizadora, que anegó el mundo.

Aunque formalmente crítico de ese “pensamiento único”, el progresismo vernáculo, atado a la idea de la política como “el arte de lo posible”, asumió la globalización como un dato de la realidad, que sería imposible eludir, en pos de la consecución de un “capitalismo en serio”, un poco más distributivo, eso sí, por el paternalismo gubernamental. La obsesión de obtener buenas calificaciones de las consultoras internacionales y de atraer inversiones fue un explícito objetivo.

Aunque el desarrollismo pueda ser una referencia, hay que recordar que el desarrollismo clásico, como el de la CIDE, consideraba necesarios algunos cambios estructurales en lo económico -otro concepto perimido en la ideología dominante hoy. De manera que esa herencia también queda archivada.

Tenemos -y muchos vivimos- una tradición revolucionaria, con una perspectiva estratégica, que se nutrió en el movimiento sindical y algunos partidos políticos; que buscó plasmarse en el programa original del FA, aunque su objetivo fuera democrático de liberación nacional y no socialista. Pero estaba claro que para buena parte de las fuerzas frenteamplistas era pensado como una vía al socialismo.

A esa herencia, ¿también renunciamos? La peor derrota no fue infligida por la represión de la dictadura sino por la autorrepresión en nombre del posibilismo y el acceso al gobierno. Y esto nos lleva, inexorablemente, a lo que Ariel Petruccelli llama, con razón, “el vaivén diabólico entre neoliberalismo entusiasta y neoliberalismo vergonzante, entre neoliberales conservadores y neoliberales progresistas”.

Ya que estamos conmemorando efemérides, habría que recuperar y poner en el debate el concepto de soberanía, en todas sus dimensiones. Para bajar a tierra la idea: pensemos, por ejemplo, en los contratos secretos del Estado con grandes empresas transnacionales, que nos dejan atados a compromisos inescrutables a cuento de que, de ponernos exigentes, no vendrían a invertir. Y a veces ni siquiera se trata de empresas acreditadas y conocidas; los antecedentes y méritos de los inversores son igualmente misteriosos y reservados. En este momento el poder ejecutivo ha desacatado la orden judicial de proporcionar información sobre el acuerdo firmado con HIF Global para la construcción de una planta de hidrógeno verde y energías renovables en Paysandú.

Sin caer en la moralina ejemplificante, recordar que, pese a su penuria y en medio de la guerra, Artigas se definió por la soberanía. Ante protestas británicas, dice al Cabildo de Montevideo: “Los ingleses deben conocer que ellos son los beneficiados y por lo mismo jamás deben imponernos, al contrario, someterse a las leyes territoriales según lo verifican todas las naciones, y la misma inglesa en sus puertos”.

No buscó préstamos ni inversores extranjeros, como otros gobernantes y caudillos, que hicieron nacer a los Estados iberoamericanos ya endeudados. Ciertamente, fue un gran derrotado, como también lo será, décadas más tarde Francisco Solano López, entre otras cosas, por negarse a aceptar las inversiones y los préstamos británicos. La defensa de la soberanía tampoco es un mérito cuando se trata de negocios. Pero ¿estamos hablando de negocios?