Información básica sobre el plebiscito

Por Mauro Rivero

El 27 de octubre se vota el plebiscito de la seguridad social, al mismo se llegó con más de 430.000 firmas recolectadas por el PIT-CNT y organizaciones sociales. 

Este plebiscito define qué Uruguay queremos para el futuro. Si buscamos un país en donde los malla oro sigan exportando divisas al extranjero o un país donde el valor agregado en el trabajo genere riqueza y bienestar para toda la sociedad. Uruguay tiene las condiciones materiales para desarrollar su industria en sectores como la industria alimenticia, la farmacéutica, la informática, la forestal y muchas áreas más, poder hacerlo depende de la voluntad del sistema político. El plebiscito define si pensamos con perspectivas de desarrollo económicas y sociales sostenibles o, si implementamos políticas que solo beneficien la creación de riqueza para el capital financiero, pero sin distribución de la misma. 

En caso de que se apruebe esta reforma constitucional el próximo gobierno tendrá que implementar políticas de financiamiento para poder implementarla. Desde las organizaciones populares se pone dos ejemplos: la quita de exoneraciones a grandes empresas y multinacionales que tienen beneficios en descuentos en IRAE e Impuesto al Patrimonio y que en total supera los 2.000 millones de dólares; la exoneración de aportes patronales al BPS de más de 250 millones de dólares. Dentro de estas exoneraciones de BPS se encuentra la educación privada que no paga aporte patronal (aunque si lo paga la educación pública), o el caso también de las mutualistas, que pagan salarios de directores superiores a los 600.000 pesos pero no pagan aportes patronales a la seguridad social. 

Otra de las causas del déficit de la seguridad social es que el aporte de las empresas es la mitad que el aporte del trabajador, dejando al Uruguay como unos de los peores países en cuanto diferencia entre aportes de los trabajadores (15%) y de las empresas (7.5%). Esto no implica que las pequeñas y medianas empresas tengan que aumentar su carga tributaria. Si gana el plebiscito, las grandes empresas tendrían que de forma gradual aumentar sus aportes hasta llegar al 15% como aportan los trabajadores. También las grandes empresas agrícolas que aportan un 2% y exportan materias primas por miles de millones de dólares (millones que luego sacan del país). 

 ¿Y los políticos? 

Un fantasma que se llama plebiscito recorre el Uruguay y los políticos de todos los partidos se han declarado en contra. Entender por qué no es muy difícil, es una cuestión totalmente ideológica, más que económica, y eso ha quedado demostrado. El estudio del Instituto Cuesta Duarte dice que la inversión (que el gobierno le dice gasto) sería de 400 millones de dólares y no de los 1.000 millones que dicen que costaría el igualar las jubilaciones y pensiones al Salario Mínimo Nacional. A esta última cifra se llega en base a que el aumento va ser por prestación y no por persona, como realmente se quiere que sea. Según distintos políticos de todas las filas se puede agravar el déficit fiscal si se aprueba el plebiscito, pero en realidad lo que no se quiere hacer es tocar al capital financiero, porque además del fideicomiso de 24 mil millones de dólares del fondo de jubilaciones, todos los años entrarían 1.400 millones de dólares más (que las APAFS cobran por administrar las jubilaciones). El capital financiero es quien realmente se enriquece con la explotación de los y las trabajadoras y con la especulación financiera, cobrándole al trabajador por manejar sus aportes jubilatorios.

Por lo tanto, los partidos de derecha como gran parte del Frente Amplio se han posicionados en contra de dicho plebiscito. Se argumenta que la propuesta del PIT-CNT es insostenible en el tiempo y que generaría grandes costos para el país. Se aduce que una jubilación de alrededor de unos 22.000 pesos es un costo que nuestro país no puede soportar, y no se piensa en la misma como un derecho. Dicho sea de paso, ese monto no llega a ser la cuarta parte de una canasta básica. 

Dialogo social con plebiscito

Por parte de dirigentes con trayectoria en el Frente Amplio se habla de la importancia de crear un gran dialogo social para revertir la ley 20.130, algo que sería realmente muy positivo. Lo que no dicen esos dirigentes frenteamplistas es que el dialogo social ya está transcurriendo desde que se realizaron paros generales por parte del PIT-CNT y la Intersocial, cuando todavía era tan solo un proyecto de ley. También transcurrió cuando se empezó con la recolección de firmas, que nuevamente se abrió el dialogo social y se logró esa gran cantidad de adhesiones. ¿Acaso no es mejor un dialogo social que culmine con la votación del pueblo para respaldar o rechazar esos cambios? 

El plebiscito es necesario porque es en defensa de un derecho humano fundamental, como lo es la seguridad social, por ende, que estos derechos estén en la constitución les da garantía a las grandes mayorías de que cada 5 años las distintas administraciones no van a realizar modificaciones a la ley según cuestiones ideológicas. Para que se vuelva a modificar se tiene que hacer un plebiscito revocatorio. Por eso el plebiscito es mejor que una ley, porque da más garantías a la ciudadanía y les pone un freno a los gobiernos neoliberales de hacer ajustes fiscales de estas características.

Sobre la mesa se ha puesto la idea de que aumentar las jubilaciones sería perjudicial para encontrar una solución al problema de la pobreza infantil, como si los y las niñas que padecen esa pobreza estuviesen aislados de la sociedad. El aumento en las jubilaciones también impactará en los menores de muchos de esos hogares. 

La suba en la edad de retiro genera problemas de desempleo en menores de 30 años y si ya hay dificultad para encontrar un empleo mucho más difícil es en los mayores de 50 años, y peor inclusive sería para los mayores de 60 años que intenten entrar al mercado laboral. La ley del gobierno de coalición es negativa por donde se la mire y el plebiscito no da todas las soluciones, pero mejora muchas de ellas y pone de manifiesto que los cambios fundamentales tienen que ser realmente democráticos y con perspectivas de desarrollo.

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