Culminó el Lawfare contra Cristina Fernández
La excusa: obra pública
Pablo Reveca
El Chasque
14/06/2025
En Santa Cruz entre 2003 y 2013 se hicieron más de 1.400 obras. Entre ellas, dos aeropuertos y el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia. Tanto el aeropuerto internacional de El Calafate como el puerto de Caleta Olivia fueron realizados por dos importantes contratistas de obre pública de larga data. Uno Benito Roggio dueño de una empresa que es desde 1908 y el otro Carlos Wagner también de una empresa cuando los Kirchner iban a la escuela.
La “Patria Contratista” no fue con los gobiernos kirchneristas. Es muy anterior, donde se han destacado la familia Macri por intermedio de Franco Macri primero, y después por el mismísimo Mauricio Macri.
Los grandes capitalistas que están desde hace décadas, es sospechoso, digan recién en 2004 que tuvo que llegar Julio De Vido para poder hacer buenos negocios. Toda carne podrida.
El 1º de marzo de 2016 Mauricio Macri en su discurso ante la Asamblea Legislativa instaló la idea, luego fogoneada por la gran prensa, de la “pesada herencia” y de que “se robaron todo”. En un plan fríamente calculado de persecución política –Lawfare- el 28 de abril de ese año el titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel presentó la denuncia sobre obra pública, en una sola provincia: Santa Cruz. Podían haber denunciado los supuestos arreglos en toda la Argentina. Pero no, eligieron Santa Cruz, porque ahí Néstor Kirchner tuvo destacado accionar político.
Pero además este personaje del gobierno de Macri eligió y denunció a una sola empresa: Austral Construcciones de Lázaro Báez. Este empezó en el negocio constructivo en la principal empresa de Santa Cruz, que pertenecía a Victorio Gotti, que se habían enriquecido mucho antes de que Néstor llegara a ser gobernador de Santa Cruz, pero que en 2003 quebró por la crisis que se había desatado en la Argentina.
Esta causa fue reflotada varias veces, para poder meter presa a Cristina. El Poder Judicial mafioso tenía una decisión tomada –como no pudieron matarla-: la meten presa y así evitar que pueda ser candidata a la diputación por la Provincia de Buenos Aires.
Solo un ejemplo, para tirar abajo la supuesta corrupción de Cristina Fernández. ¿Cuál fue la obra pública más importante de toda la historia, en Santa Cruz? Las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que fueron por un monto de 5.000 millones de dólares. Una de las empresas participantes fue Austral Construcciones de Lázaro Báez. Perdió la licitación y encima la impugnó. ¿Cómo es posible, que Lázaro Báez, -que el periodismo de guerra decía que era el socio de Cristina-, perdió la licitación más importante del lugar donde estaba instalada su empresa?
Clarín llegó a decir que Báez había saltado de cadete del banco de Santa Cruz a la empresa de la constructora Gotti, para finalmente tener su propia empresa. Báez nunca fue cadete de ese banco, sino su gerente general. Mienten descaradamente.
La denuncia la había empezado en 2008 la impresentable diputada Elisa Carrió, contra Néstor Kirchner y un grupo de empresarios, entre los que estaban Lázaro Báez y Cristóbal López. Los acusaba de organización ilícita por contratos de obra pública. Esta es la conocida, como la “causa madre” que fue a parar al juzgado del juez Julián Ercolini, quien el 10 de julio de 2011 dijo que no había lugar, porque se trataba de obras que habían sido licitadas, ejecutadas y supervisadas por organismo judiciales provinciales.
También en el fuero provincial la jueza Andrea Askenazi se declaró incompetente como Ercolini. Lo increíble de la nueva denuncia de 2016 y que siguen endilgando y encastrando, es sobre las mismas 49 licitaciones que en su oportunidad dos jueces dijeron que no había delito y que ahora con bombos y platillos los acusadores mafiosos de Comodoro Py elevan ante Tribunal Oral Federal Nº 2 de Buenos Aires y que públicamente se conoce como “la causa de la obra pública”.
Decíamos que entre 2003-2013 se hicieron 1.400 obras. Lázaro Báez ganó en el 10% de las mismas. El juez Ercolini, que seis años antes, había declarado su incompetencia para investigar y había remitido el expediente a Santa Cruz, por las mismas obras ya juzgadas sin encontrar delito alguno, hizo parte de la asociación ilícita a Cristina Fernández, con la acusación de ser “jefa del gobierno y responsable política de la administración general del país” ¡Tremenda prueba! La acusó de mantener en el cargo a funcionarios del gobierno anterior y de haber promovido leyes que fueron aprobadas en el presupuesto.
Cristina está acusada por haber designado funcionarios y haber cumplido con la obligación constitucional de enviar el proyecto de ley de presupuesto nacional al Congreso para su discusión, sanción y promulgación, una vez aprobado. Como esto estaba muy flojito de papeles, recurrió a los testimonios del vendido de Jorge Lanata y al testimonio del apretado y guionado Leonardo Fariña. Este último fue apretado por el mafioso dirigente sindical gastronómico Luis Barrionuevo -dicho por él mismo en un programa del canal América-junto con sectores de los servicios de inteligencia, para montar una operación mediática, como ha sido demostrado. En cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo, menos en el Río de la Plata, donde sobran alcahuetes e hipócritas de todo tipo y calaña.
Pero, es más grave. La propia investigación que mandó hacer el denunciante, Javier Iguacel, certifica que más del 90% de las obras que se hicieron en Santa Cruz fueron proyectadas, licitadas, adjudicadas y certificadas por la Administración de Vialidad Provincial de Santa Cruz. No se entiende cuál es la culpa de Cristina Fernández como presidenta de la Argentina; si no proyectó, no licito, no adjudicó ni certificó ese 90% de las obras de Santa Cruz. La misma auditoría dice: “No se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse”. Traducido: las obras fueron realizadas correctamente, sin sobre precios y nadie cobró dinero por obras cuya ejecución no se hubieran realizado.
Es por todo conocido que el fiscal y el juez que procesó a Cristina jugaban al fútbol en un predio de Mauricio Macri. Hicieron un juicio mediático, donde no aportaron una sola prueba, donde los grandes medios no pasaron la defensa del abogado de Cristina. Luego en la instancia posterior era sabido que iba a ser condenada por la integración de los jueces del tribunal de apelaciones.
El juicio llegó a la Corte Suprema de Justicia, la misma que ha perseguido a empresarios, sindicalistas y políticos opositores al Macrismo.
El destino político de la principal dirigente opositara quedó en manos del Poder Judicial mafioso, que actúa como guardia pretoriana del poder económico concentrado.
Cristina Fernández, pudiendo haberse ido; decidió ir presa, sabiendo que es inocente.
Conclusión: esta causa es una infamia judicial. Como todas las causas contra Cristina Fernández de Kirchner.
Al ir presa Cristina, -dos veces presidenta, y presidenta del Partido Justicialista-, ¿qué les depara a los demás integrantes de la oposición? No puede haber democracia con proscripción. Al cepo a los sueldos le agregaron, el cepo a la voluntad popular.
¿Argentina es una verdadera democracia? Argentina se desliza hacia una predictadura o gobierno, por lo menos, autoritario y represor.
La política hambreadora y fondomonetarista, va junto al aumento de la represión.
Los 8 años de gobierno de Cristina fueron los mejores desde el retorno a la democracia.
Con su coraje ha logrado ya la más amplia unidad en la correlación de fuerzas.
No se olviden que las elecciones nacionales en Argentina son antes de las nuestras. Si es reelecto Milei, y gana Lacalle Pou acá, ¡agárrate catalina!
Las vacilaciones y el antiperonismo de varios sectores políticos uruguayos, los lleva a no entender que lo que se juega en Argentina repercute acá positiva o negativamente.
Hay que pedir y pintar los muros con: ¡Libertad para Cristina ya!
Se ven en la cancha los que están realmente contra la ultraderecha encarnada en Milei.
El Chasque 