Este próximo 20 de mayo es especialmente relevante. Tras 15 años de gobiernos progresistas, es el primer 20 de mayo con el gobierno de la coalición conservadora. En 15 años, con inconsecuencias y contradicciones, no dejó de haber algunos avances a nivel de verdad y justicia. La impunidad total y la teoría de los dos demonios como relato oficial, fueron cuestionados por la verdad histórica y por el procesamiento de por lo menos algunos de los principales responsables en los delitos de lesa humanidad.
Pero las circunstancias actuales impiden que, como en otros años, se pueda hacer una gran movilización callejera, como las que nos demuestran año a año que la lucha por la memoria histórica y contra la impunidad no son “cosas del pasado”, sino de nuestro presente. Tendremos que tratar de hacer todos los esfuerzos para que el impacto en las redes, medios, y en la comunicación interpersonal coloquen la lucha por verdad y justicia en un lugar central también este 20 de mayo.
Siempre hay sobradas razones para movilizarnos en esta fecha, pero este año tenemos algunas adicionales particularmente relevantes. En primer lugar el intento del nuevo gobierno de imponer una Ley de Urgencia que nada tiene de urgencia, que representa un retroceso a nivel de derechos, cuestionando libertades como la libertad de cátedra e imponiendo medidas represivas que fueron rechazadas en el plebiscito. Una ley que por su misma metodología ya nos demuestra su carácter antidemocrático. Y esta ley apunta no solo a un ajuste represivo, sino a un ajuste que es también estructural y que se manifiesta muy abiertamente en las medidas con un sentido claramente privatizador, una de las cuales -la cesión de la infraestructura de ANTEL a empresas privadas- fue eliminada felizmente como producto de la lucha, pero otras siguen en pie, como la particularmente preocupante desmonopolización de los combustibles. Y esta ley, con su ajuste represivo y estructural, que busca recomponer tasas de beneficio para las clases dominantes, nos muestra en forma clara porque la lucha por verdad y justicia no es una “cosa del pasado”. Los golpes y las dictaduras en los 60 y 70 en América Latina fueron precisamente la vía que encontraron los bloques de poder dominantes locales, aliados al imperialismo, para imponer su ajuste estructural, para realizar una serie de transformaciones políticas, económicas y culturales que permitieran la perpetuación del dominio de las viejas oligarquías cada vez más transnacionalizadas y atadas a los intereses del imperialismo, amenazadas por el ascenso de las luchas populares, democráticas y revolucionarias de trabajadores, estudiantes y sectores subalternos en general, que desarrolló un particular ímpetu en el continente tras el triunfo de la revolución cubana.
Hoy este gobierno y esta ley de urgencia también plantean un ajuste, que busca nuevamente hacer recaer todo el peso de la crisis sobre los trabajadores. Las políticas de redistribución que fueron viables durante un período relativamente largo en América Latina, sin afectar mayormente a las clases dominantes, ya no lo son hoy, cuando los precios de las materias primas, que siguen siendo nuestro principal rubro de producción como capitalismos dependientes, han bajado sustantivamente en los mercados internacionales. Las perspectivas generales solo pueden ser una política de profundización de la distribución de la riqueza, de cuestionamiento a las bases estructurales del capitalismo dependiente, con una orientación claramente socializante, y por tanto abiertamente antioligárquica y antiimperialista, o de ajuste estructural neoliberal. Por diversos caminos, por vías legales en Uruguay, a través de un golpe en Bolivia y por golpes blandos y utilización masiva de los medios de comunicación para imponer mentiras como verdades establecidas en otros países de Nuestra América, la opción que ha venido predominando es la de ajuste estructural.
La situación actual en América Latina está lejos de demostrarnos democracias “firmes” y “saludables”. Por el contrario, nos muestra -una vez más- la fragilidad de nuestras democracias, que tiene profundas raíces estructurales, en una región del mundo donde las clases dominantes manifiestan periódicamente sus poco firmes y dudosas convicciones democráticas, apelando -cuando sus intereses se lo exigen- a golpes de estados duros o blandos, o al bombardeo a través de medios -que mucho tiene de dictadura mediática- para consolidar determinadas orientaciones políticas y económicas que permitan la perpetuación de su hegemonía. Todo esto es posibilitado, además, por la existencia de fuertes sectores en los aparatos represivos, que siempre están dispuestos a tomar al pueblo como su enemigo y a nuevos ensayos políticos contra la democracia. Las clases dominantes locales demuestran nuevamente que su firme compromiso con el “libre” mercado, está lejos de ser un compromiso firme con las libertades individuales, colectivas y con la democracia, su “liberalismo” siempre fue más económico que político.
Este panorama latinoamericano y uruguayo actual nos permite visualizar con claridad la vigencia de la lucha por verdad y justicia, y por el Nunca Más, a lo cual podemos agregar otro elemento en el caso de nuestro país como es el ascenso electoral y la integración en el actual gobierno de una fuerza política que reivindica sin mucho disimulo el golpismo y que no puede ocultar una fuerte hilacha fascistizante.
La lucha por verdad y justicia es indisociable, desde nuestra perspectiva, de la lucha por una sociedad capaz de superar las raíces profundas que parieron el golpe hace casi 50 años, la memoria histórica es esencial no solo para construir un presente más democrático, sino para poder avanzar hacia un futuro más justo, con una perspectiva latinoamericana y socialista.
El Chasque 