Gonzalo Alsina
El Chasque 147
19/07/2024
La documentación de la época demuestra que nunca existió un pacto para mantener impunes delitos cometidos en dictadura contra los derechos humanos. Esa es la posición del Frente Amplio y de la Unión Cívica, como explicamos en notas anteriores.
Se desprende del diario El País, hasta con lujo de detalles, como fueron las negociaciones de la impunidad que empezaron en la estancia presidencial a instancia del presidente Julio María Sanguinetti. El 25 de julio de 1985, un año y medio antes de que se votara la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Pero veamos que pasó entre agosto y octubre de 1984, aún en dictadura.
Después del paro cívico del 27 de junio de 1984 –momento culminante de la amplitud de las luchas contra la dictadura- organizada por todos los partidos políticos y todas las organizaciones sociales; el 6 de julio comienza las negociaciones entre los militares y los partidos políticos. Después de 5 reuniones más el 3 de agosto de 1984 se realiza la reunión en el Club Naval, donde el acuerdo principal fue que se realizaran las elecciones nacionales el último domingo de noviembre de 1984.
El 10 de agosto de 1984 ante 150.000 frenteamplistas el general Liber Seregni niega que el acuerdo del Club Naval incluya cláusulas secretas (de haberlas habido ya se recontra conocerían): “No hay nada de contrapartida. No hay nada verbal o secreto que le reconozca a la dictadura derecho alguno”, manifestaba el General del Pueblo.
El 15 de agosto de 1984 la dictadura en forma unilateral aprueba el Acto Institucional Nº 19, del que se cumplió la primera parte: el llamado elecciones para el 25 de noviembre de 1984.
El 4 de setiembre de 1984 se instala la CONAPRO –Concertación Nacional Programática- integrada por el Partido Colorado; el Partido Nacional, el Frente Amplio, la Unión Cívica y la Intersocial integrada por el PIT-CNT, ASCEEP-FEUU, FUCVAM y SERPAJ. Además participaron la Cámara de Industria y la Cámara de la Construcción, la Asociación Rural y la Federación Rural, la Asociación de Colonos y la de Arroceros, la Cámara Nacional de Comercio, Cámara Mercantil y la Confederación Empresarial.
El 26 de octubre de 1984, aún bajo gobierno dictatorial (el dictador era el “Goyo” Álvarez), todos los partidos (¡¡¡TODOS!!!), firmaron un documento, donde se decían cosas como estas: “El gobierno de hecho ha actuado desde el 27 de junio de 1973 sin la presencia del órgano contralor parlamentario y ha reducido por la vía normativa o de los hechos las facultades del Poder Judicial
Esas carencias alcanzaron especial gravedad en lo que se refiere a la violación de Derechos Humanos, según se ha denunciado reiteradamente.
Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales.
Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”.
O sea, que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica estaban contra la impunidad de los militares que hubiesen cometido delitos graves. Insisto en este punto, porque el Partido Nacional para justificar su apoyo a los impunes en diciembre de 1986, es el que dice, mintiendo, que la impunidad se firmó en el Club Naval el 3 de agosto de 1984.
1º- No existe ningún documento que verifique tal infundio. 2º- El Partido Nacional no participó en el Club Naval. 3º-Como ya vimos, el Frente Amplio y sus principales voceros, niegan semejante mentira (nada menos que José Cardoso y el general Liber Seregni), y pasa lo mismo con la Unión Cívica, como queda demostrada con la carta de Humberto Ciganda leída el día 20 de diciembre de 1986 en plena discusión sobre la ley de impunidad. Y 4º, si se hubiera firmado algo con los militares el 3 de agosto de 1984, éstos no hubieran tolerado lo firmado por los cuatro partidos el 26 de octubre de 1984 y aún bajo dictadura. El 26 de octubre de 1984 Wilson seguía preso, y el Partido Nacional estaba dispuesto a juzgar los crímenes que luego terminaron perdonando con la ley de caducidad de su propia hechura.
En marzo de 1985, ya recuperada la democracia, el Parlamento votó una ley de Amnistía para los presos políticos, donde en el artículo 5ª se excluye expresamente, a los militares y policías del favor de la misma. Esta ley la votaron todos los partidos, y tampoco hubo un pronunciamiento de los militares en ese momento. El artículo 5º dice: “Quedan excluidos de la amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales y militares equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas luego desaparecidas y por quienes hubiesen encubierto cualquiera de dichas conductas. Esta exclusión se extiende asimismo a todos los delitos cometidos aún por móviles políticos, por personas que hubieran actuado amparados por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno.”
¡¡Esto vuelve a confirmar que no se pactó la impunidad en el Club Naval!!
La Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue votada a las apuradas el domingo 22 de diciembre de 1986, borrando con el codo lo que habían firmado blancos y colorados en la Concertación en octubre de 1984 y en la ley de Amnistía de marzo de 1985. En la Ley de Caducidad o Impunidad queda estampada la mentira de que se había pactado la impunidad en el Club Naval; cuando dice: “Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.”
Como dijera el General del Pueblo Liber Seregni en enero de 1987 a pocos días de la infamia: “Repito, no se acordó la impunidad en el Club Naval. Podrán repetirlo mil veces, pero seguirá siendo una mentira.”
El Chasque 