¿Aumento de impuestos o aumento de deuda?
Fuente: Brecha
Benjamín Nahoum
El Chasque
9/10/2025
A menos de un mes de haber asumido, el nuevo gobierno aprobó en sesión del Consejo de Ministros, el pasado 25 de marzo, las “Prioridades” para el presente período. En cinco páginas se sintetizaron cinco programas prioritarios: “Desarrollo”, “Seguridad”, “Cohesión y cuidados”, “Vivienda” e “Infraestructura”, que se abren en 63 “Compromisos” (respectivamente, por programa: 16, 14, 13, 7 y 13), que son la expresión práctica del programa a llevar a cabo.
Si se recorre esos 63 compromisos, aun superficialmente, se advierte que por lo menos la mitad de ellos, y probablemente más, requiere nuevos recursos o un incremento sustancial de los existentes (en el programa que conozco mejor, Vivienda: todos). La resolución, a su vez, establece a qué dependencia estatal corresponde cada compromiso y en esa lista figuran los 14 ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la propia Presidencia. Los más atareados serán el ministerio del Interior (9 compromisos), los de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Transporte y Obras Públicas (7 cada uno) y el de Economía y Finanzas (6), aunque si a éste le sumamos que debe aportar los recursos para todos los demás, pasa largamente a la delantera.
Pero los trabajos para el titular de esa cartera, el economista Gabriel Oddone, no terminan ahí: además, tiene que solventar los gastos del Estado en 2025, con las disponibilidades votadas por el gobierno anterior, y, todavía, algunas cuentas que su antecesora y colega Azucena Arbeleche se olvidó de pagar en 2024, mientras cobraba por adelantado importantes recursos de 2025.
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No hace falta citar a John Keynes, Joseph Stiglitz o Manfred Max-Neef para concluir que para que las cuentas cierren (cualquier cuenta: desde las de un humilde ciudadano hasta las del más poderoso Estado) el minuendo tiene que ser igual o mayor que el sustraendo (los ingresos iguales o mayores que los egresos) y si no es así, habrá que hacer algo para que lo sea: reduciendo gastos reducibles, o aumentando recursos o, una tercera e improbable salida: mejorando la eficiencia en el uso de los mismos, lo que siempre se plantea pero nunca se logra, quizá por esa misma improbabilidad.
Otra alternativa, también recurrente y ya recurrida en esta oportunidad por el ministro Oddone, es tomar deuda1, lo cual puede ser una solución financiera, porque entra el dinero que falta, pero es un tiro en el pie económico, puesto que se sabe ya que de tanto bicicletear salta la cadena.
Y, finalmente, una última opción, que parecería la más indolora, es que la economía crezca y con ello aumente la recaudación de los actuales impuestos. Esto fue planteado por Oddone el pasado abril, en una presentación en la Asociación de Dirigentes de Marketing: el ministro “subrayó la importancia de la inversión como parte de la política económica y precisó que para que la economía de Uruguay crezca a un 2% anual [el número mágico que permitiría equilibrar la economía] es necesaria una inversión promedio del orden del 20% del PIB. ´En la actualidad, el país está 4 puntos por debajo de ese objetivo, por lo que es necesario alcanzar niveles de inversión similares a los de 2012 y 2013´ (..). Para ello, es necesario que la inversión pública pueda alcanzar los 4.000 millones de dólares y la privada, los 12.000 millones” (www.gub.uy/presidencia, 8/4/25).
Pero si se observa la evolución del PIB en lo que va del siglo, se advierte que esos valores de crecimiento del producto sólo se dieron, por efecto rebote, a la salida de dos crisis muy importantes, como la financiera de 2001-2002 o la de la pandemia, en 2020, o en el excepcional período de crecimiento de valor de nuestras exportaciones, en 2009-2014. Por otra parte, el incremento de la inversión que el ministro espera, provendría, en un 75% del esfuerzo privado, lo que aparece por lo menos como dudoso. Sin contar con el tiempo que ese proceso, de ocurrir, insumiría, incompatible con la urgencia que tiene todo lo que se necesita hacer.
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¿A cuál de las vías mencionadas. descartando las improbables, peligrosas o remotas. se acudirá para obtener los recursos necesarios? Como ya se dijo, lo que pasó con la Rendición de Cuentas 2024, con la decisión de endeudarse una vez más, parecería indicar que este camino no ofrece reparos ni al Ejecutivo ni al Legislativo (blancos, colorados e independientes votaron negativamente, no por discrepar con la medida, sino para no reconocer el déficit). Quizá para el nuevo gobierno se trató sobre todo de poner en evidencia el manejo financiero efectuado para decorar los números de la administración saliente, pero ya se había hecho lo mismo en 2023.
Sin embargo, tirar la pelota hacia adelante trae el peligro de que vuelva con más fuerza. Se compra un dudoso presente, hipotecando seguramente el futuro, sobre todo porque no estamos tomando deuda a tasas de interés para ejecutar acciones de desarrollo sino para corregir problemas financieros, que a esta altura ya no son financieros sino económicos.
Por lo cual vuelve a ser necesario (pese a compromisos que hizo el presidente en su campaña electoral, aunque no están en las bases programáticas del Frente Amplio, de no aumentar impuestos) volver a pensar en obtener recursos genuinos a través de la tributación a los sectores con capacidad de contribución económica.
A ese respecto, el Ec. Martín Vallcorba, actual N° 2 del Ministerio de Economía, cuando todavía no lo era, sostuvo estos conceptos que vale la pena recordar: “Quien diga que no va a modificar impuestos o está mintiendo o vive en un tupper, porque el mundo va a llevar a introducir ajustes. Por otro lado, la historia de Uruguay ha sido muy clara respecto de que ningún gobernante desea aumentar impuestos, pero la realidad muchas veces ha llevado a (tener) que implementar importantes modificaciones. No parece ni serio ni responsable que un candidato haga esos compromisos en materia electoral” (“¿Alta o razonable?: debate sobre la presión fiscal en Uruguay divide a los especialistas”, artículo de Lucía Barrios en la diaria, 20/1/24.
Economistas neoliberales y afines sostienen, sin embargo, que ello no es conveniente, porque la presión fiscal (relación de los impuestos con el PIB) ya es demasiado alta. Sin embargo, si se observan los valores mundiales, se encuentra que la presión fiscal uruguaya está bastante por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al nivel los países de América Latina y el Caribe con mayor grado de protección social.
En definitiva, quizá sólo se trate, otra vez, de la opción entre dos modelos de país.
1 En la Rendición de Cuentas de 2024, recientemente aprobada con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, se autorizó al gobierno a incrementar el tope de endeudamiento en 1.150 millones de dólares, para cubrir deudas contraídas por ASSE y pagos al consorcio constructor privado Ferrocarril Central. Dos años antes se había aprobado otro aumento, de 2.300 millones, luego llevado a 3.000. Antes del reciente aumento del tope, la deuda pública, sólo del gobierno central, ya era, según datos del Ministerio de Economía, del orden de los 50.000 millones de dólares, un 60% del Producto Interno Bruto (es decir, el valor económico de los bienes y servicios que produce el país anualmente), que es algo mayor a los 80.000 millones. En los últimos cinco años el endeudamiento creció más de diez puntos de PIB.
El Chasque 