“¡Hay que dar vuelta el viento como la taba
El que no cambia todo, no cambia nada!”
Alfredo Zitarrosa
Rosana Porteiro
El Chasque
29/12/2025
La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (COJUPE), que cumplió 39 años en agosto de 2025 y tiene su sede en la calle Jackson entre Guayabos y Rodó, en el barrio Cordón de Montevideo, no enfoca sus reclamos solo en la mejora de jubilaciones y pensiones, reivindica un sistema de la seguridad social más justo, cuya financiación no recaiga en su mayor parte en trabajadores, jubilados y pensionistas como sucede hoy. En ese marco, la coordinadora entiende que es vital la derogación de la ley 20130, Ley de Reforma de la Seguridad Social,aprobada durante el gobierno anterior, y reivindica los tres puntos planteados en el plebiscito de seguridad social que se votó en Uruguay en 2024:
la eliminación del sistema mixto de seguridad social y de las AFAP;
volver la edad para jubilarse a los 60 años
y equiparar jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional.
En diálogo con Mery Corral, presidenta de la COJUPE y José Luis Borges, secretario general de esta organización, explicaron que la coordinadora tiene como prioridad “la defensa de la Seguridad Social y la lucha por una Seguridad Social universal, integral, estatal, justa, solidaria, sin AFAP y sin Ley de Urgente Consideración (LUC)”. También reclaman por “las bajas jubilaciones que no alcanzan para llegar a fin de mes” y la reinstalación del aguinaldo para jubilados y pensionistas, prestación que la dictadura cívico militar de 1973 eliminó “pero ninguno de los gobiernos que vinieron después devolvió”.
La Coordinadora forma parte del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social (MONDESS), creado a partir de una iniciativa de grupos del interior del país entre 2020 y 2021. Borges recordó que la COJUPE ya había resuelto apoyar el proyecto alternativo de reforma que elaboró el sindicato de trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) en el año 2018 y que tenía como antecedente a algunos grupos, entre ellos el que impulsaba en 2016 la desafiliación de las AFAP de los cincuentones. A partir del desarrollo de este proceso la ATSS toma la iniciativa de crear el MONDESS, momento en el que ya estaba prácticamente conformada la comisión de expertos, establecida en la LUC bajo la presidencia de Lacalle Pou para diseñar la reforma de la seguridad social. Esta iniciativa comenzó a generar inquietudes en las organizaciones sociales, que se veían venir los cambios en contra de los intereses populares, cambios que se concretaron en la Ley de reforma de la seguridad social, entre ellos el alza de la edad para poder iniciar los trámites de jubilación a 65 años.
Explicó que la única instancia de reunión con el gobierno para plantear sus inquietudes con respecto a estos temas fue la convocatoria a las organizaciones sociales al llamado Diálogo social,
“nos llamaron, fuimos y expusimos nuestro punto de vista y esa ha sido prácticamente la única instancia, en los últimos meses, de contacto con el con el gobierno actual, no hemos tenido una devolución hasta el día de hoy de lo planteado en esa instancia”.
De todas formas entiende que el gobierno ha dado una respuesta negativa a sus reivindicaciones a través del presupuesto nacional y de múltiples declaraciones que ha realizado en la prensa contrarias a revisar la ley de reforma de seguridad social y el sistema impositivo. En este sentido señaló que les preocupa que “al no ganar el plebiscito queda vigente la ley 20130 y las consecuencias que trae esa ley son peores que el sistema mixto que existía hasta antes de ella porque nos va a hacer trabajar más años, permite que a dos de cada tres jubilados se le recorten las jubilaciones y la continuidad del lucro a través de las AFAP que quedan aún con más poder que antes”.
Borges define a la COJUPE como una “coordinadora militante” ya que, más allá de las movilizaciones y el trabajo específico que lleva adelante por los jubilados y los pensionistas, que incluye difusión y una asesoría gratuita, desde su fundación ha estado vinculada y ha participado de las luchas de los trabajadores y por los derechos humanos no solo en Uruguay sino también en América y el mundo. Es así que se posiciona contra la impunidad y contra todos los intentos de privatización del patrimonio nacional. “Participamos de prácticamente todas las peleas llevadas a cabo por la vía de plebiscito o de referéndum”, señaló. Asimismo han manifestado su rechazo a la represión a las movilizaciones de jubilados por parte del gobierno argentino y han organizado charlas y participado en distintas actividades, en contra del genocidio en Gaza cometido por el gobierno sionista de Israel.
En cuanto a los desafíos que les presentan las luchas por la seguridad social en Uruguay entiende que “la ley 20130 nos confirma un camino de lucha pero una de nuestras preocupaciones es que en la mayoría del campo popular hay una cierta confusión y vacilación con respecto a esto, nos da la impresión de que estamos en una especie de o impase o que ya existe una orientación que apunta a dejar las cosas como están en esta materia”. Considera que esta sería una muy mala solución del proceso, “con los plebiscitos el movimiento popular pasó de alguna manera a la ofensiva, de una etapa de un cierto letargo, a otra en la que construyó un conjunto de iniciativas, y es necesario darle continuidad a esta pelea por la defensa de la Seguridad social y por eliminar la ley 20130”.
En cuanto al financiamiento de los cambios por los cuales se movilizan, están de acuerdo con el impuesto al 1% más rico con el objetivo de combatir la pobreza infantil y adolescente, propuesta originada en el Pit – Cnt que en este momento se instaló en la agenda política. Entienden que “la principal virtud del impuesto es que coloca claramente sobre la mesa la discusión sobre la riqueza y por lo tanto nos permite avanzar en una idea muy sencilla, que hay pobreza porque hay concentración de la riqueza, hay que dar esa pelea”.
Acota que no obstante ese impuesto no resuelve por si solo el problema de los hogares pobres, algo que reconoce también el propio documento del PIT-CNT que plantea esta herramienta tributaria. “Si el marco que se le da a ese impuesto es combatir la pobreza, también por la acción de la ley 20.130, por ejemplo y por la permanencia de las AFAP, se está generando pobreza, por eso entienden que existen condiciones para que las organizaciones generen una plataforma mínima de combate a la pobreza, a la crisis social, que sume estas luchas así como la reducción de la jornada laboral.
“Lo que estamos proponiendo con el MONDESS es construir una plataforma mínima básica para poder enfrentar esa crisis social y tomar un conjunto de medidas que realmente, le peguen un frenazo a la pobreza y empiecen a revertir la situación”, puntualizó Borges. Aclaró que no están hablando de las medidas de fondo que entienden que habría que tomar para terminar con la pobreza estructural, “que implican pasar a combatir un modelo económico que se remonta a la dictadura y es en definitiva el que ha generado la situación que tenemos, medidas que llevarían una discusión mucho más compleja”.
Entiende que los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones sociales son grandes y que además solo de los movimientos populares puede provenir la lucha por estos temas. En ese sentido recordó que el gobierno anterior impuso no solo la LUC sino también una rebaja salarial prácticamente continua durante tres años y medio o cuatro. “Cuando el Frente Amplio ganó las elecciones se generaron expectativas de que ese proceso se revirtiera, sin embargo, llegamos al presupuesto que fue aprobado la semana pasada y son muchos los que están señalando, nosotros entre ellos, que se trata de un presupuesto de ajuste”, remarcó. “Otro tanto sucedió con la ronda de salarios donde prácticamente hasta ahora lo que se viene manifestando claramente es una especie de congelación general de salarios, no hay objetivamente ningún cambio importante, descontada la inflación, no se sabe si llegamos al 2% de aumento”, añadió.
Destaca además, que el deterioro de los salarios es parte de una desigualdad que viene en aumento desde hace años, un excelente estudio realizado por el economista Jorge Notaro en 2012, revela que el poder de compra del salario del trabajador uruguayo promedio cayó un 30% con respecto al año 1957, mientras los dueños de la tierra tuvieron un aumento de su patrimonio de 31000 millones de dólares.
Frente al argumento del gobierno de que no hay recursos para sostener los cambios que las organizaciones impulsan Borges señaló la pérdida que significan para el Estado las exoneraciones fiscales. Analizando solo desde 2016 al 2023 inclusive, “en 4 años del último gobierno de Tabaré Vázquez, la renuncia fiscal del Estado, que beneficia principalmente al gran capital, local y extranjero, se promedió en 3900 millones de dólares por año y en los primeros 4 años de Lacalle Pou, en 5300, y hay más de 60 000 millones de dólares depositados en el exterior”.
“Entonces, hay otros elementos que se podrían considerar a la hora de financiar políticas sociales, hay de dónde sacar recursos”, concluyó.
La resistencia que ha generado en el actual equipo económico la propuesta del PIT- CNT del impuesto al 1% más rico parece demostrar que a la hora de pensar políticas fiscales los gobiernos de cualquier color político a lo largo de la historia, más allá de matices, no conciben otra estrategia que recargar la mayor parte del peso de estas en trabajadores, jubilados y pensionistas y son sumamente cuidadosos de no tocar, aunque sea mínimamente, los intereses de la población más rica del país. Asimismo es probable que hoy en esta lucha los movimientos populares no encuentren mayores aliados en el gobierno actual, por lo que el resultado dependerá de la acumulación de fuerzas y organización colectiva que puedan generar.
El Chasque 