03 de Abril 2020
Entre la vida o la muerte
La humanidad se debate entre la vida o la muerte. Aquellos países que no tomaron medidas a tiempo ante el avance del Covid-19 han visto los sistemas de salud desbordados y principalmente los públicos. Los gobiernos neoliberales con sus diferentes matices desmantelaron la salud pública a favor de la salud privada. Italia, España, EEUU y Brasil muestran esa realidad. Existen agravantes que agregan mayor drama a esta pandemia.
Basta escuchar a Bolsonaro ironizando y negando la realidad o Trump señalando que el coronavirus es “un virus chino”. Allí donde explotó el virus desbordando todo, se presentó la situación dramática de elegir entre quién debía vivir y quién no.
¿Viejos o jóvenes? ¿Pobre o rico?
Con su soberbia y estilo provocador, Trump declara en rueda de prensa que “el remedio puede ser más nocivo que la propia enfermedad”. No es por pura ignorancia, al contrario, se debe a su visión de priorizar en la economía por encima de la vida de las personas. En pocas palabras, el asesino serial es el sistema capitalista.
La solidaridad obligatoria es para los trabajadores
Todos recordamos la declaración hecha previamente a las elecciones nacionales por el movimiento “Un Solo Uruguay” criticando al Gobierno del Frente Amplio por entender que ellos sostenían injustamente a todo el país y calificaban a esa situación de “solidaridad obligatoria”. Entre las medidas impulsadas por el actual Gobierno, propone el confinamiento voluntario apelando a la conciencia de cada uruguayo y a su vez explican la necesidad de que la “economía no se pare”. Es una contradicción en sí mismo. Para que “no se pare” la gente debe ir al trabajo, ergo se enfrenta al contagio, y si no trabaja, no come.
Desde el comienzo se definieron algunas propuestas económicas para ayudar a determinados sectores. Se estableció una línea de crédito blando hacia las medianas y pequeñas empresas, se flexibilizó el seguro de paro incorporando un período excepcional más breve. Por otro lado se duplica por única vez el presupuesto de la tarjeta de Mides que alcanzará a unas 80.000 personas, significando unos $800 por niño a entregarse en enero y febrero. Se le encomienda al INDA (bajo el Mides) instrumentar 300.000 canastas mensuales con un costo mensual que oscilan entre $700 a $1000. Es real que con $1000 una familia no tiene posibilidades de sobrevivir.
La Ministra Arbeleche haciendo uso de un extraño concepto de justicia y solidaridad, esgrime entre balbuceos, el argumento demagógico de la necesidad de gravar los sueldos más altos en la esfera pública porque los privados ya están siendo castigados por la desocupación. Como acto de malabares, la acción se transforma en una distracción para la tribuna que grita ¡Uruguay, Uruguay!, intentando por esta vía, confrontar trabajadores públicos con trabajadores privados.
“El empleado público siempre sale bien parado, el que siempre se perjudica en las crisis es el trabajador privado”.
Las medidas anunciadas hasta ahora no incluye al gran capital; la banca privada (U$S 350 millones de ganancias en el 2019), los terratenientes y grandes exportadores, a las compañías telefónicas privadas, las grandes cadenas de supermercados y el sector energético privado.
Todos los recursos destinados al famoso “Fondo Coronavirus” (aprobado en el Senado) provienen de las arcas públicas y no del capital privado. Por lo visto la solidaridad obligatoria corre en un solo sentido.
El Gobierno intenta blindarse con las consabida frase “estamos todos en el mismo barco”, apelando al patriotismo vulgar y sensiblero que pretende construir – en “el sentido común” de la población – la idea de que todos somos iguales ante la pandemia. Es verdad. Somos uruguayos y nos abrazamos a la bandera llorando frente al gol de Abreu que le hizo a Ghana, pero no somos iguales ante la actual crisis. No todos tenemos las mismas condiciones socioeconómicas. Hay muy pocos que tienen mucho y muchos que tiene muy poco, por lo tanto “la lluvia cae para todos, pero no moja por igual”.
Decenas de miles de trabajadores en el seguro de paro Más de 400,000 personas con problemas para tener un plato de comida diario. Mientras se exoneran de IPAT e IRAE 1.800 millones de dólares.
Según informa DGI (año 2012) fue un 3% del PBI.
El Fondo del Coronavirus recaudaría alrededor de 6 millones de dólares mensuales. Si al 1% más rico se le grava con el 1% se recaudarían 567 millones de dólares. Un 1% de su riqueza, que seguramente repondrá con los ingresos del año. A un trabajador que va al seguro le pagan un 50% de su salario.
“No estamos haciendo política” sino que “estamos gobernando”.
Esta frase dicha por Lacalle Pou apunta a instalar la idea de que una cosa es la política y otra cosa es la administración, en el sentido del gobierno como algo vinculado con una técnica. Lo cierto es que gobernar es un acto político por definición. La filosofía neoliberal pretende consolidar la idea que gobernar es administrar, gerenciar al igual que se gerencia una empresa privada.
Lo manifestado por el mandatario es el mismo discurso de campaña electoral referido a dejar de lado las ideologías y abrazar la gestión como una pretendida dimensión estrictamente técnica y alejada de la política. Es político cuando anuncia aplicar una quita a sueldos elevados a empleados públicos, así como a políticos y cargos de confianza. Está haciendo política cuando pone en duda los datos brindado por el INED sobre la cantidad de trabajadores informales (25%).
Es permanente la necesidad de transferir responsabilidades al FA sobre el Covid-19, cuando ni un político de la derecha, ni él como futuro Presidente abrió la boca para exigir medidas contra la pandemia; pero ahora parece que hace meses que se sabía de la crisis que estallaría en marzo.
Todas las medidas económicas impulsadas hasta ahora implican gobernar y hacer política a favor de los ricos.
Entendemos que las medidas económicas dejan por fuera al gran capital y vuelcan todo el peso sobre los más humildes. El esfuerzo no puede ser hecho solamente por el aparato público del Estado. Reducir el “gasto” público y la idea del “Estado mínimo” se derrumba ante esta situación, demostrando que la existencia de empresas y sistemas públicos fuertes es lo que permite hoy enfrentar la actual situación en nuestro país. Por otro lado se mantienen las medidas (más allá de la excusa del déficit fiscal) anunciadas al comienzo de este gobierno con el aumento de las tarifas públicas y el incremento del IVA, que pasan desapercibidas ante el ruido creado por los grandes medios de comunicación con estadísticas de muertos y contagiados por el Covid-19.
No es con donaciones, ni caridad, sino con justicia social, donde los que ganan más deben aportar más, permitiendo así garantizar una renta básica a quienes hoy quedaron sin trabajo y no tienen protección del sistema de seguro laboral.
Separando la parafernalia y los gestos de solidaridad sentida, lo verdaderamente real y crudo que presenta el accionar del Gobierno, es cuando decide colocar la economía y el gran capital por encima de la vida de la gente.
Para el pueblo no hay muchas opciones: o trabaja y se contagia, o no trabaja y no vive. En este caso, vivir o morir, depende de las decisiones políticas del gobierno.
El Chasque 