Consideraciones sobre avances de la derecha en América Latina

Fuente: Revista Memoria- México (22 agosto, 2026)

Beatriz Stolowicz1
El Chasque 256
9/10/2026

Mucho se ha escrito en este tiempo sobre la ofensiva internacional de la derecha y, particularmente, sobre la  ultra o extrema derecha  que ha conquistado triunfos electorales. Suele distinguírsela como extrema por hacer de las ostensibles posturas doctrinariamente conservadoras la herramienta para manipular frustraciones y enojos populares con los efectos del neoliberalismo sobre sus vidas. Enojos que son manipulados para exacerbar el irracionalismo, el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia. Extrema derecha que en ciertos casos manifiesta desprecio por la democracia liberal como origen de la “corrupción que disfrutan las élites del sistema político”, con lo que se presenta como “antisistema”. A salvo queda el gran capital. La operación político-ideológica  es caracterizada por sus estridentes voceros como una orgullosa “batalla cultural” (o “guerra”).  Dirigida contra “el progresismo”.

            Los análisis o descripciones del fenómeno en Europa y Estados Unidos son recogidos en América Latina para caracterizar o describir a sectores de derecha que hacen campañas políticas con ese herramental discursivo, y  que en algunos casos han ganado elecciones, como Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina.

            Resulta preocupante que algunos intelectuales latinoamericanos sostengan que la ofensiva de la ultraderecha “no hay que verla en clave nacional”, sino como “clima de época”[1].  Porque no hacen la distinción entre lo que sin duda es –como afirman– una financiada operación internacional que no hay que subestimar, y el éxito efectivo que tiene, o no, en los distintos países. Lo que tiene que ser explicado desde las especificidades sociopolíticas y culturales de cada país.  

            Pero, además, si se reduce la caracterización de ultraderecha sólo por su retórica “cultural”,  se desatiende que ello encubre objetivos de  agudización de la explotación y el despojo a los que viven de su trabajo, y el despojo a los países de sus bienes naturales y colectivos, para lo cual necesita extremar los métodos de dominación, incluso donde no usa esa retórica.

            Más allá de las herramientas discursivas que se usen, lo que amerita analizarse en nuestra región es por qué sectores populares dan su voto a la derecha que da  claros signos de que gobernará contra sus necesidades y conculcando sus derechos sociales,  particularmente en países donde los preservaron o conquistaron porque han sido gobernados por la izquierda o el centroizquierda. 

            No para hacer el registro post facto de la derrota electoral de algunos de esos gobiernos, como ha solido ocurrir, sino para extraer enseñanzas de esos procesos, de lo que son sus especificidades y de lo que es común a la región. Pero esa necesaria discusión regional fue relegada al ser circunscrita a la idea del “ciclo  progresista”, que describe una coincidencia temporal en varios países, pero carece de fuerza explicativa de sus rasgos específicos y sus devenires. Lo mismo ocurre con la idea de “fin de ciclo”, o la más fluida idea de “oleadas”, que no aportan elementos explicativos sobre las razones de las derrotas. Si acaso, tienen el valor de advertir que los triunfos no son irreversibles por defecto, que tienen que forjarse y asegurarse[2].

            No será aquí donde se pueda abordar la complejidad de lo específico y lo común, tanto en lo que refiere a los gobiernos de izquierda y centroizquierda,  como a las reacciones de derecha que logran capitalizar el apoyo de sectores populares contra aquéllos.  Pero intentaremos señalar algunos elementos para poder aproximarnos a ello.  Un asunto a considerar es la necesidad de distinguir los niveles de análisis para abordar la ofensiva de la derecha.

Ofensiva sistémica

La idea de que la estrategia es internacional y que marca un “clima de época” es correcta si se trasciende de lo meramente cultural a las condiciones sistémicas: la declinación de la economía capitalista de occidente o de los países imperialistas (lo que algunos denominan el Norte Global), que se mantiene en una “Larga Depresión” después de la “Gran Recesión” de la crisis de 2008, tal como la caracteriza el economista Michael Roberts[3].

            Desde hace tiempo, Roberts viene cuantificando la declinación de la tasa de ganancia capitalista  (relación entre el valor del capital constante y el del capital variable) y por ello la declinación de la inversión productiva especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa. La migración del capital a lo financiero, alimentada por la inmensa transferencia de valor de los países dependientes (intereses, fondos de inversión, ganancias empresariales), tras la crisis también es inestable; la alternativa es el rearme como locomotora, con las guerras múltiples que encabeza Estados Unidos para recuperar hegemonía; gasto militar que también se financia con la reducción del gasto social en sus propios países. De ahí la funcionalidad de construir en ellos un consenso conservador.

            Estados Unidos busca mejorar su posición a costa del resto del mundo, incluso de sus socios europeos. Pero su hegemonía es desafiada por la potente emergencia económica y tecnológica de China desde la primera década de este siglo. Para mantener su primacía mundial, Estados Unidos intensifica sus acciones para apoderarse de las riquezas minerales, energéticas y alimenticias de América Latina, para lo que necesita de gobiernos de derecha vasallos en la región. Lo que el economista Claudio Katz ha caracterizado como el objetivo de una recolonización de América Latina, también para desplazar a China de la región[4]. Que lo hace con un formalizado neo-monroísmo con su “Corolario Trump”[5]. Su operación bélica continua en el Caribe desde septiembre de 2025, con misiles contra lanchas de pescadores a los que acusa de narcotraficantes (Operación Lanza del Sur) y que dirige contra Venezuela (y contra Cuba), no es un hecho circunstancial.

La derecha construyó a su objeto de ataque “cultural”

Otro nivel del análisis a considerar es, en efecto, la ofensiva ideológica para los objetivos antes señalados. La mentada operación de ultraderecha de su “batalla o guerra cultural”  contra “la agenda progresista” se monta sobre falacias, especialmente sobre “el progresismo” y lo que debe entenderse por tal.

            Porque ese “progresismo” fue en sí mismo una construcción de la derecha. La operación no es un fenómeno reciente, fue madurada en Estados Unidos  en la década de 1980.  Fue elaborada en el Partido Demócrata para disputarles a los Republicanos la hegemonía, en el marco de la crisis y la reestructuración capitalista neoliberal. Siendo igualmente un proyecto de demolición de derechos sociales, se presentó como “renovación” (neo) de las “críticas” al liberalismo económico ejecutado por los Republicanos. Abrevan de argumentos para su elaboración en el neosocialliberalismo de John Rawls; el neoconservadurismo de Irving Kristol y Daniel Bell;  el neoinstitucionalismo de Douglass North; el neocorporativismo de Phillipe Schmitter, entre otros.  Los argumentos giran en torno a que hay que pasar de la igualdad social del bien-estar a la equidad; de los derechos sociales a la igualdad de oportunidades; del Estado de Bienestar al reconocimiento individual; de las organizaciones sociales de demandas colectivas a organizaciones intermedias de individuos que fragmentan y dispersan las demandas, entre otros.

            Como programa, comienza a ser formulado desde 1982 por el grupo de los Nuevos Demócratas, que atribuyen las derrotas electorales de su partido al “igualitarismo de los viejos demócratas”. Se presentan como los Nuevos Progresistas que se oponen al “Estado mínimo” y reivindican el papel del Estado (por eso son “progresistas”), pero el Estado cumple un papel subsidiario del mercado, el que es definido como la locomotora del crecimiento y la oportunidad: una “tercera vía”. Uno de sus lemas es: “la tarea del gobierno no es proporcionar felicidad sino dar oportunidad a la gente para que trabaje por su propia  felicidad”[6].  El Estado debe dejar de financiar la educación, salud y seguridad, y transferir recursos con vouchers-crédito a los pobres para que puedan pagar por esos servicios provistos por la “comunidad” (privados).  Plantean que se eliminan las tensiones de clase eliminando los “privilegios”  de clase de los trabajadores sindicalizados; se eliminan las tensiones raciales eliminando los “privilegios” de los negros; se elimina la discriminación eliminando las cuotas conquistadas en la década de 1960 por la acción de los movimientos sociales, entre ellos los feministas. Promueven, en cambio, la creación de organizaciones no gubernamentales (ONG) que plantean el “reconocimiento” de esa “diversidad” para logros individuales de ascenso a  posiciones de élites; organizaciones a las que se les dan apoyos públicos y privados para desplazar a los movimientos colectivos que pueden ser más “liberales” (“izquierda”). Los Nuevos Progresistas buscan captar a la clase media blanca caracterizándola como víctima por partida doble porque paga los costos del gasto social para los “privilegiados” y por el que los ricos no pagan. Su propuesta de un “sistema impositivo más progresivo” es disminuir impuestos a la clase media, simultáneo a la reducción del gasto social, pero sin que los ricos paguen. 

            La Tercera Vía Neoprogresista[7]  tiene como objetivo el dominio estadunidense sobre la economía global: el medio externo es una agresiva política internacional; el medio interno es el fortalecimiento del capital estadunidense con funciones estatales de estímulo empresarial, pero eliminando las funciones sociales del Estado. Los Nuevos Demócratas llevaron a la presidencia a William Clinton en enero de 1993; su campaña fue asesorada por el Neodemócrata Dick Morris[8].  En su primera presidencia concreta la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá en 1993; la creación de la Organización Mundial de Comercio en 1994[9]; la formulación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la Primera Cumbre de las Américas realizada en Miami en 1994 por la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (más conocida como Ley Helms-Burton) en 1996, que intensifica el bloqueo contra Cuba en el crítico Período Especial en Tiempo de Paz tras la desaparición de la URSS. Y el Plan Colombia en 2000, en su segunda presidencia.  

            El fin de la guerra fría, y la adopción de la Tercera Vía por la antigua socialdemocracia europea[10]  con su subordinación atlantista, reforzó el liderazgo de Estados Unidos al servicio de la globalización de sus corporaciones, es decir, su operación sin traba alguna. Ese dominio globalista fue presentado como los muy progresistas “cosmopolitismo” y “multilateralismo”.  Es revelador del éxito de la retórica de ese “progresismo” que críticos estadunidenses actuales del presidente Donald Trump por su nacionalismo supremacista blanco y su proteccionismo beligerante, reclamen “volver” a   aquellos   cosmopolitismo y   multilateralismo[11].  

            Los resultados sociales de ese “progresismo tercerista” fueron  el aumento del desempleo,  la pobreza y la desigualdad en Estados Unidos[12]. De esto se lamenta Joseph Stiglitz,  quien es un referente crítico para algunos izquierdistas latinoamericanos. Sólo que él fue un mentor intelectual de la Tercera Vía, y como tal fue el Jefe de Asesores Económicos de la primera presidencia de Clinton; y desde 1997, desde la Vicepresidencia del Banco Mundial, fue impulsor de la misma hacia América Latina, como “posneoliberalismo”[13].  A poco de concluir la segunda presidencia de Clinton, no cuestionó los fundamentos de la Tercera Vía sino que “se hizo mal”. Sólo décadas después los  acusará de neoliberales[14].

            Pero, simultáneamente a la pérdida de empleos, a la precarización laboral, al debilitamiento de los sindicatos, al empobrecimiento, y a inmensas ganancias capitalistas (que aumentaron en la crisis de 2008 con el rescate a los bancos por el presidente Barack Obama), ese “neoprogresismo”  impulsó la política del “reconocimiento” (mujeres, diversidad sexual, multiculturalismo) asimilado a la meritocracia como ascenso individual.   Desde luego, “reconocimiento” y “multiculturalismo” que no aplicaban para los trabajadores migrantes, culpabilizados de “quitar” los empleos que destruyeron la financiarización y la deslocalización productiva a países con salarios más bajos[15].  Varias corporaciones multinacionales se sumaron a la campaña de “reconocimiento”, un buen negocio. La “guerra cultural” impulsada por los Republicanos desde la campaña presidencial de 1992[16] había sido derrotada en las urnas.

            En Estados Unidos, desde la década de 1990, una de las voces más críticas al Nuevo Progresismo es la filósofa y politóloga feminista Nancy Fraser, al que denominará “neoliberalismo progresista” aunque “sea un oxímoron”[17].  En nuestra región, hoy es una autora leída y citada, pero se desconoce bastante el contexto en que emprendió su crítica. Cuestiona que el feminismo moldeado por aquél toma forma en la demanda de “romper el techo de cristal”, ese límite invisible con el que topan las mujeres de la élite en su ascenso a puestos de dirección; un tipo de feminismo que se identifica con la derecha.  Advierte sobre la trampa de contraponer el reconocimiento de la diversidad a la redistribución de la riqueza. Cuestiona al multiculturalismo predominante que enfatiza las diferencias de grupos contraponiendo entre sí a los dominados. Promueve, en cambio, la construcción de igualdad que incluya la diversidad, una política cultural de la diferencia que pueda combinarse de manera coherente con una política social de la igualdad.[18]  Y advierte sobre la división  que se busca entre las izquierdas “cultural” y “social”.  Fraser debatió fraternalmente con su  amiga y coeditora Judith Butler[19], filósofa queer quien cuestiona a la Tercera Vía por lo económico y porque presenta a la derecha como “centro”,  pero no por sus políticas de reconocimiento. En su argumentación sobre la centralidad de la diversidad cultural frente a las cuestiones materiales, Butler llega a sostener que son las luchas de diversidades sexuales las que amenazan al sistema capitalista. Si bien rescata las posturas feministas socialistas originarias, su argumentación se dirige centralmente contra el marxismo, al que caracteriza como un  “neomarxismo ortodoxo” que contempla “la cuestión material” y que se “opone a lo cultural” (sin ofrecer referencias de a quién se refiere), al que denomina “marxismo neo-conservador”.

            Las referencias a los Nuevos Progresistas y a este debate son para evidenciar  las artimañas  y falacias de la “batalla cultural” actual de la extrema derecha: presentan a su enemigo como la “agenda progresista”, que habría sido construida por el “neomarxismo”; éste se habría metamorfoseado en el “marxismo cultural” que  produjo la “patología” de la “ideología de género”. Pero al mismo tiempo, a los grupos “diversos” de la “agenda cultural” los presentan como “parasitarios del Estado de bienestar”[20].  En realidad, éste es el verdadero enemigo a combatir, aquéllos son el medio para ganar cabezas entre los que serán damnificados.

La cosecha política

En noviembre de 2016, Donald Trump ganó la elección presidencial[21] manipulando y explotando los múltiples resentimientos inducidos[22]. De la mano de la derecha cristiana, hizo campaña como  exorcizador del “progresismo”  de los (neo) demócratas. Cuya eficacia Clinton reconocerá[23].

            También ocurrió en Europa. El partido Vox en España ganó audiencia conservadora manipulando la separación del movimiento feminista predominante y de diversidad  sexual respecto de las preocupaciones económicas entre sectores populares[24], pero con pragmatismo vira el eje de atención conservadora a la xenofobia, y “defiende”  a las mujeres y homosexuales del islamismo de los inmigrantes[25]. Lo mismo ocurre en Francia[26].  

            En 2024, Trump  hace campaña contra la inflación desde la pandemia bajo el gobierno del Demócrata Biden. Ya como presidente desde enero de 2025, en el marco de su ofensiva internacional “antiglobalizadora” contra los competidores de la declinante hegemonía de Estados Unidos, en lo interno Trump concentra su acción en la demolición neoliberal de las remanentes funciones sociales del Estado, cancelando programas y despidiendo a decenas de miles de empleados públicos (“privilegiados”), al tiempo de reducir los impuestos a los más ricos. Y acentuando el desconocimiento del ordenamiento liberal del Estado cuando ello le es conveniente (ya lo había hecho en enero de 2021 con el asalto al Capitolio para rechazar el resultado electoral). Acentúa el talante reaccionario de su gobierno con acciones represivas, centrándolas en la persecución violenta y asesinatos de migrantes y contra ciudadanos estadunidenses solidarios (como en Minneapolis en enero de 2026). Su estilo vulgar contra “lo políticamente correcto” de la “agenda progresista”, vira a la acusación de “radicales”, “extremistas” y “comunistas” a quienes cuestionan sus políticas neoliberales, con renacido tono macarthysta.  Su “batalla cultural” queda en segundo plano.

Triunfos y derrotas en América Latina.

En América Latina, el avance de la derecha ha sido registrado principalmente por sus triunfos electorales contra gobiernos de izquierda y centroizquierda, lo que dio pie a la idea del “fin del ciclo progresista”.

            Varios fueron orquestados desde antes de las elecciones con maniobras facciosas del ordenamiento institucional en el Poder Legislativo y por el Poder Judicial para modificar el escenario político a favor de la derecha, lo que fue caracterizado como  judicialización de la política o lawfare. Para destituir  a presidentes en funciones: Manuel Zelaya de Honduras (2009); Fernando Lugo de Paraguay (2012); Dilma Rousseff de Brasil (2016); Evo Morales de Bolivia (2019); Pedro Castillo de Perú (2022), hoy encarcelado. O juicios amañados a ex presidentes acusados de corrupción, para impedirles ser nuevamente candidatos o para afectar electoralmente a sus partidos: Lula da Silva de Brasil, encarcelado en abril de 2018; Rafael Correa de Ecuador enjuiciado en 2019-2020, en el exilio, y su vicepresidente Jorge Glas encarcelado[27]; Cristina Fernández de Kirchner, enjuiciada desde 2018  y con arresto domiciliario desde 2025.  

            Pero en circunstancias institucionales “normales”, aun cuando el resultado de la elección presidencial sea utilizado como único indicador, debería contemplar las distintas ingenierías electorales. Por ejemplo, si hay, o no, voto obligatorio o segunda vuelta electoral (en unos casos se activa cuando en primera vuelta no se alcanzó el 50 por ciento más uno de los votos, o el 40 o 45 por ciento y 10 puntos más que el contendiente más cercano, en otros).  Cuando en la primera vuelta se han presentado distintos candidatos de derecha, su alianza para la segunda vuelta es un hecho seguro, pues comparten la defensa de clase de sus intereses. En cambio, el voto por candidatos de izquierda y centroizquierda en segunda vuelta puede deberse a distintos factores, como alianzas entre fuerzas de izquierda fragmentadas en la primera; alianzas circunstanciales con otras fuerzas de “centro”; o también porque electores que no se identifican  con sus partidos o candidatos voten en contra de la derecha. La fuerza electoral propia de los partidos de izquierda o centroizquierda es la que vota en la primera vuelta; es ésta la que indica, por ejemplo, si el ejercicio de gobierno conquista mayor adhesión político-electoral. 

            Por otra parte, la relación de fuerzas con la derecha no puede medirse sólo en términos electorales.  Remite a la compleja relación entre lo social y lo político. En América Latina, pese a las especificidades históricas y sociopolíticas, en todos los países está presente un desafío común: cómo generar la fuerza social por los cambios, que implica también disputar las ideas a los dominantes; cómo la fuerza social crece en su potencia hasta condicionar y disminuir la fuerza de los dominantes, lo que la hace una fuerza política; y cómo se logra dar permanencia a esa fuerza política con fuerza institucional. La conquista de gobiernos que realmente realicen cambios depende, entre otros factores, de la voluntad programática; de la eficacia de la gestión; de que se promueva la participación social en la gestión y su profundización; de las circunstancias en la confrontación con los que se oponen a los cambios. Su legitimidad y permanencia dependen, además, de la credibilidad ética del gobierno; y de que impulse la transformación intelectual y moral de la sociedad. Pero también depende del papel del partido en el gobierno para que todo esto ocurra; y del apoyo crítico de las organizaciones sociales, sin que pierdan independencia.

            En estas décadas, el balance de los gobiernos de izquierda y centroizquierda se hizo cuantificando resultados de las políticas públicas, especialmente en la reducción de la pobreza. Siendo un logro fundamental, no obstante, en cierta forma hubo un cierto mecanicismo economicista al considerar que la mejoría social automáticamente se expresa en adhesión al proyecto de cambio y en consciencia política. Más en esta época, en que las fuerzas sistémicas cuentan con poderosas herramientas de influencia ideológica, como las digitales. Cuya eficacia remite, también, a especificidades culturales.

            En los análisis que se hacen en cada país –que es la fuente del análisis regional– no siempre están contemplados todos estos factores de la totalidad compleja, además de las múltiples interpretaciones que expresan diferencias político-ideológicas en la propia izquierda. Con estas dificultades, presentamos unas consideraciones sobre algunos de los casos en los que hubo triunfos electorales de la derecha.

Chile

En el Chile gobernado por el izquierdista Gabriel Boric del Frente Amplio –que ganó la presidencia en 2021 tras el estallido social de 2019 y como representante de sus demandas– la elección presidencial del 16 de noviembre de 2025 arrojó un resultado sacudidor: 70 por ciento de los votos fueron para los candidatos de derecha. La candidata Jeannette Jara de la alianza Unidad por Chile[28] –hasta meses antes ministra de Trabajo y Seguridad Social– obtuvo  el primer lugar con 26.85 por ciento de los votos; en segundo lugar quedó el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, con 23.92 por ciento, lo que obliga a una segunda vuelta entre ambos. Pero contendieron otros cuatro candidatos de derecha y ultraderecha, que sumados a Kast arrojan ese 70 por ciento[29]. Puesto que ha sido la primera elección presidencial con voto obligatorio, con 85 por ciento de participación, se vaticinaba que esa inmensa mayoría de votantes por la derecha decidirían la segunda vuelta en diciembre de 2025.

            Con el voto obligatorio, en la primera vuelta de 2025 votan 6 millones más que los votantes de la primera vuelta de 2021. Hay quienes dicen que no sorprende que muchos de quienes nunca votaron, como signo de despolitización, lo hayan hecho por la derecha (como ha ocurrido en zonas rurales pobres donde tienen fuerza las iglesias evangélicas). La interrogante es por qué un número de los que en la segunda vuelta de 2021 llevaron a Boric a la presidencia con 56 por ciento de los votos, no ha votado por Jara en la primera vuelta de 2025.   ¿La fuerza de la derecha avanzó, o no retrocedió?

            De tiempo atrás ya había críticas desde la izquierda sobre el rumbo del gobierno de Boric; pero también consideraciones sobre el significado del estallido social de 2019, qué tanto fue un factor de cambio en la relación de fuerzas con la derecha, cuyo peso ideológico tiene anclajes estructurales.   

            Chile es modelo de la continuidad de la reconfiguración neoliberal de la sociedad iniciada con la dictadura de Pinochet y bajo su Constitución (aún vigente), y desde 1990 en democracia tanto con gobiernos de derecha como de centro. Décadas con el persistente predominio de lo privado empresarial pero financiado por el Estado; con dominante precariedad laboral; con la inducida transformación cultural e ideológica individualista promoviendo un individuo aspiracionista y consumista endeudado (analistas advierten que entre éstos no todos son pobres, pero que tampoco es correcto llamarlos  “nueva clase media”). Un sistema político-partidario  que produce rechazo o ajenidad apolítica. Y también la difícil convergencia de las organizaciones de izquierda.

            Pese a esa matriz conservadora, ha habido luchas  de estudiantes universitarios contra la privatización de la educación y las deudas eternas que tienen que pagar; de mineros; de poblaciones contra el despojo del territorio, del agua; de jubilados que padecen la privatización de pensiones. Su organización es distinta a las anteriores organizaciones populares, varias de ellas son redes de sumatorias individuales intermitentes. En mayo de 2018, tuvieron lugar las movilizaciones de jóvenes feministas con su performance que recorrió el mundo. La chispa del estallido de octubre de 2019 es la acción de estudiantes de secundaria contra el alza al precio del transporte, que se convocan por las redes, con la consigna de “evasión” entrando al metro sin pagar; con marchas a las que se suman de esos otros afectados por el neoliberalismo, que sufren represión. Durante un mes, dos millones se hacen oír, hay múltiples discusiones en asambleas, pero no se articulan organizativamente. No obstante, la presión que genera esa fuerza social movilizada hace que el presidente de derecha Sebastián Piñera acepte la realización de un plebiscito sobre una reforma constitucional. En el plebiscito “de entrada” del 25 de octubre de 2020, con 52 por ciento de participación, casi 80 por ciento aprueba la realización de la Convención Constitucional. En la elección de convencionales, los independientes son los más votados. El 4 de julio de 2021 comienza a sesionar la Convención Constitucional, en la que están representantes de aquellos movilizados. Sin embargo, llegan a darle más peso a las diferencias y a sus demandas propias, hay rupturas, lo que se refleja en inconsistencias del texto constitucional, de lo que se aprovechará la derecha.

            En la elección presidencial de noviembre de 2021, con un descenso de la participación a 44 por ciento, Kast queda en primer lugar con 28.85 por ciento de los votos, y Boric en segundo lugar con 25.8. Para la segunda vuelta, es posible que muchos del estallido que no votaron se asustaran y salieran a votar contra Kast, porque aumenta la participación a 54 por ciento y Boric gana con  56 por ciento de los votos frente al 44.13 de Kast. Pero su fuerza parlamentaria elegida en primera vuelta es minoría.  Y en 2022, en la simbólica fecha del 4 de septiembre, la nueva constitución es rechazada en el plebiscito “de salida” por casi 60 por ciento, con una participación de 84 por ciento en la primera elección de voto obligatorio. En 2023, también  se rechazó por 56 por ciento el texto elaborado por el Consejo Constitucional instituido por el Congreso (en cuya elección, Kast ganó 23 de 50 miembros).

             Comparando porcentajes, los de 2025 no difieren tanto del 2021-22. En números absolutos, si bien los 3´476,615 votos que Jara obtiene en primera vuelta de 2025 casi duplican los de Boric en la primera de 2021 (1´814,777), pierde 1´144,275 de los que lo votaron en la segunda (4´620,890) de 2021. ¿Expresa un balance de su gobierno?  

            Se dice que hay enojo y frustración porque lo que se hace es mucho menos de lo comprometido a nombre de las demandas del estallido.  Boric recibe un duro escenario social y económico por la pandemia y la gestión antipopular de Piñera, con alta inflación, y con bloqueos parlamentarios. En lo económico no hay cambios de fondo aunque se informan realizaciones[30]; y en lo social, con cambios graduales que, además, no impactan por igual a todos los empobrecidos. El salario mínimo nominal aumenta gradualmente hasta acumular 51 por ciento a noviembre de 2025, pero el real aumenta 22 por ciento a esa fecha.  Algunas reformas ajustan lo existente: poder retirar mayor cantidad de los fondos privados de pensiones, pero con subsidio estatal a las AFAP; el crédito a estudiantes se mantiene, pero limita el cobro máximo de la deuda a 10 por ciento del ingreso; se elimina el pago de coaseguro en los seguros médicos privados y en el público, que se mantienen. En marzo-abril de 2025, tras largos bloqueos parlamentarios renegociados, se aprueban las reformas para la reducción gradual hasta 2028 de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional[31] (con críticas de trabajadores porque significa más descuentos). En cuyo acto de celebración, el  joven alcalde de Peñalolen, del Frente Amplio, dijo que “un proyecto político mayoritario debe incorporar los valores de la clase media: la ética del trabajo, el mérito y la igualdad de oportunidades”. Otros anuncios programáticos para sectores populares han carecido de recursos.  Además de abonar al conservadurismo con la militarización del territorio mapuche y de la frontera contra la inmigración irregular.

            Varios analistas de izquierda le cuestionan a Boric que priorizó lo simbólico del reconocimiento en detrimento de lo sustantivo que afecta a los sectores populares empobrecidos[32], temas que sí tomó la derecha en su campaña.  

            A diferencia de 2021, cuando Kast demonizó  la “agenda de la diversidad” en típico formato de “guerra cultural”, en  2025 lo elude; y al iniciar la campaña para segunda vuelta, agradeciendo a dios, se centra en “rescatar al país de su destrucción” (“trabajo digno, recuperar la calidad de la educación, salud oportuna y eficaz, vivienda, apoyar a emprendedores que el Estado obstaculiza”), pero a cargo  del mercado pues anunció un fuerte recorte al presupuesto del Estado; al que reforzará en funciones de seguridad (narcotráfico, crimen organizado, expulsión de inmigrantes), y contra “la división y demasiada ideología”.

            Finalmente, en la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2025, José Antonio Kast gana con 58.16 por ciento y Jeannette Jara obtiene 41.84. Votos nulos son 5.83 por ciento y en blanco 1.23, lo que hace suponer que la orientación de Parisi por anular el voto no se cumplió, y algunos de sus votantes lo hicieron por Jara. Con un resultado menos catastrófico de lo que se esperaba, no obstante, el pinochetismo vuelve a La Moneda vía votos.

Ecuador

Después de 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana presidido por Rafael Correa (2007-2017), la derecha ha ganado las sucesivas elecciones presidenciales, unificada en segunda vuelta.

            Pero en el plebiscito del 16 de noviembre de 2025, convocado por el presidente Daniel Noboa para controlar los impactos del paro nacional –convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) contra el aumento del precio del diesel, al que se suman múltiples sectores populares y que se movilizan durante dos meses (septiembre-octubre) sufriendo dura represión– todas sus preguntas son ampliamente rechazadas[33].   

            Algunos analistas consideraron que el resultado del plebiscito reflejó la fuerza de la movilización social, y que abre una época para una nueva construcción sociopolítica cuando ya se “ha cerrado el ciclo correísta”. Pero en el rechazo, una buena proporción son votantes de Alianza PAIS: meses antes, en las elecciones presidenciales de abril de 2025, en la primera vuelta Noboa obtuvo 44.17 y Luisa González de Alianza PAIS 44.0 por ciento, entre 16 candidatos (Leonidas Iza, de Pachakutik, obtuvo 5.25 por ciento).  En segunda vuelta, Noboa fue reelegido con 55.63 por ciento de los votos, contra 44.37 de Luisa González, que denunció fraude.

            Hay un claro rechazo social a las políticas neoliberales y de creciente represión, así como a la subordinación de Daniel Noboa a Donald Trump, pero no es un dato concluyente de que vaya a expresarse en la reducción de la fuerza político-electoral de la derecha. Hasta donde puede observarse, predominan las controversias y división entre grupos e individuos de la izquierda y centroizquierda (con cambios frecuentes de alianzas), algunos de los cuales parecen haber definido al “correísmo” como enemigo principal y han llegado a llamar a votar por la derecha contra Alianza PAIS.  Más que discrepancias de fondo por el contenido de las políticas del gobierno de Correa, parecen predominar las críticas a su manejo “personalista” de las decisiones.

            En el ejercicio de gobierno, Correa incrementó su apoyo electoral con participación de 80 por ciento, con voto obligatorio[34]. Fue elegido por primera vez, en 2006,  tras la renuncia de Lucio Gutiérrez y para completar el período 2007-2009, con 56.67 por ciento de los votos en segunda vuelta frente al 43.33 del gran empresario Álvaro Noboa (padre del actual presidente); en primera vuelta había obtenido 22.84 frente al 26.83 de Noboa.  En  2007, en  la convocatoria a una Asamblea Constituyente, Alianza PAIS obtuvo 80 de 130 asambleístas; el nuevo texto constitucional  (del Buen Vivir) fue refrendado en 2008 por 64 por ciento de los votantes. En 2009, Correa fue reelegido en primera vuelta con 52 por ciento de los votos frente a otros 6 candidatos (Álvaro Noboa obtuvo 11.44 por ciento) y Alianza PAIS obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (parlamento). En 2013, tras una división del oficialismo y de candidaturas, Correa fue nuevamente reelegido en primera vuelta con el 57.17; el banquero  Guillermo Lasso quedó en segundo lugar con 22 por ciento. 

            Esas mayorías avalan importantes cambios laborales, sociales y económicos de recuperación de lo nacional y lo público, de mayor soberanía frente a Estados Unidos (en 2009 cancela su base en Manta) y a los organismos financieros internacionales (y de la injerencia de ONG extranjeras). Pero desde 2015, con la crisis por el descenso del precio del petróleo, algunas políticas son revertidas con incremento de conflictos (maestros, estudiantes, campesinos, indígenas); y desde 2015 son denunciados actos de corrupción de altos funcionarios de gobierno, lo que produce gran decepción.  En la elección de 2017, el candidato es Lenin Moreno, que como vicepresidente (2007-2013) había centrado su actividad en políticas para discapacitados (su propia condición); en primera vuelta, entre 8 candidatos, recibe sólo el 39 por ciento de los votos; pero gana en segunda vuelta con 51.16, frente a Lasso con 48.84. Junto a políticas de reconocimiento, Moreno emprende la demolición neoliberal en todos los terrenos, se retira del ALBA, de Unasur, regresa al CIADI, autoriza a Estados Unidos a operar en las islas Galápagos. Ante las protestas masivas en 2019, que reprime violentamente, declara el Estado de excepción y el toque de queda; es en su periodo que los homicidios se triplican. Es expulsado de Alianza PAIS. Que en la elección presidencial de 2021, con Andrés Arauz desciende a 32.7 en primera vuelta; Pachakutik, con candidatura separada, obtiene el 19.4. Y Lasso el 19.7;  pero en segunda vuelta éste gana con 52.3, frente a Arauz con 47.64.

            El banquero, libertariano del Opus Dei, continúa la demolición. En junio de 2022, la CONAIE convoca a un paro nacional, que junto a otras organizaciones se movilizan durante una semana. En mayo de 2023, la Asamblea Nacional inicia un proceso de destitución a Lasso, quien por la norma de “muerte cruzada” disuelve al parlamento y convoca a elecciones extraordinarias. En primera vuelta, Luisa González de Alianza PAIS obtiene 33.6 por ciento y Daniel Noboa el 23.47; en segunda, González alcanza al 48.2 y Noboa gana con 51.8. En su gobierno, que combina neoliberalismo y guerra contra la inseguridad, busca legitimarse con un referéndum en 2024: de once preguntas, gana en las nueve sobre seguridad con participación militar; pero pierde ampliamente en las de flexibilización laboral y arbitraje internacional. No obstante el cuestionamiento económico-social, en 2025 es reelegido el joven empresario de buenos modales, quien se ofrece a Trump como un pequeño Bukele[35]. Tras la liquidación de la Revolución Ciudadana en 2017, desde su recuperación la derecha ecuatoriana no ha acrecentado su fuerza  propiamente, pero la división política de la izquierda no ha logrado que la gran fuerza social movilizada la haga retroceder.

Argentina

La llegada de Javier Milei a la presidencia ha sido el ejemplo más aludido sobre la “guerra cultural” de la ultraderecha. Un personaje construido mediáticamente desde hace más de una década, que hace del histrionismo y del lenguaje soez un supuesto símbolo de “rebeldía antisistémica” (lo “anti políticamente correcto”). Que con insultos misóginos al “feminismo” y las “diversidades” –el temario “cultural” de manual– abre camino a la demonización del Estado y los derechos sociales como causante de la decadencia económica, con un discurso neoliberal también de manual.  Con lo que engancha el anti-reconocimiento con la anti-redistribución. Que responsabiliza a sus ejecutores desde el aparato estatal  –la “casta política”–  en apología a la “antipolítica” (pero que focaliza en el peronismo kirchnerista).  Y que conquistando la presidencia y procurando mayoría parlamentaria (es decir, como miembro de la casta política)  y con respaldos en el Poder Judicial, emprende una radical demolición de instituciones públicas de seguridad social, de salud, educativas, científicas y culturales, con cierre de varias (60 mil empleados públicos despedidos) y reducción de presupuestos de las que aún quedan; una feroz política de reducción salarial y de pensiones (que están en términos reales más bajos que cuando el estallido social de 2001); y privatizaciones. Y una brutal represión a las protestas.

            En torno a cada uno de estos discursos y acciones Milei capta adhesiones de distintos sectores y clases sociales, pero cuyos intereses están en contradicción. No es posible aquí abordar la dialéctica de este rompecabezas; tan sólo dar cuenta de algunos fenómenos.

            En Argentina es donde parecería haber calado más la idea inducida de la dicotomía entre lo cultural y lo material. ¿Qué ha incidido más? Las grandes sacudidas político-electorales han ocurrido en coyunturas de crisis económica.

            Así fue tras la crisis económica y el estallido social de 2001, que empujó la renuncia del presidente Radical  Fernando de la Rúa, y la elección del Peronista Néstor Kirchner en 2003, con 22.25 por ciento de los votos frente a Carlos Menem con 24.45 pero que se retiró de la contienda en segunda vuelta. Con el inicio de cambios económico-sociales, en 2007 ganó en primera vuelta su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, con  45.3 por ciento de los votos. Enfrentó al gran capital con la estatización de ferrocarriles, de Aerolíneas Argentinas, recupera el control estatal de 51 por ciento de la empresa de hidrocarburos YPF de manos de Repsol, que presenta demanda internacional; se estatizan los fondos de pensiones; se fijan impuestos a ganancias extraordinarias y a salarios más altos;  impuestos a las exportaciones agropecuarias (retenciones), que son resistidas con un paro empresarial. Se establecen aumentos salariales, de jubilaciones; pensiones para mujeres e informales y una Asignación Universal por Hijo; microcréditos para empresarios, entre muchos otros planes sociales de transferencias monetarias, varios de los cuales son entregados a través de organizaciones sociales. Se reduce la pobreza[36]. Lo que permite una recuperación económica en 2010.

            Cristina Fernández es reelegida en 2011 en primera vuelta con 54.11 por ciento de los votos. Implementa control de precios, congelamiento de tarifas públicas, subsidios y créditos a jóvenes de 18 a 24 años, el Plan Vivienda, entre otros. Una reforma al Consejo de la Magistratura y una reforma electoral: en 2009 se legisló la realización de elecciones primarias y en 2012 la ampliación del derecho al voto desde los 16 años y el voto obligatorio entre 18 y 70 años. También se legislaron derechos de la diversidad sexual: matrimonio igualitario en  2010, y en 2012 de identidad de género, y que transexuales  y transgénero pudieran integrar las fuerzas de seguridad.  En 2012 estalla una crisis económica por la caída de los precios internacionales y la reducción de las importaciones por China, a lo que se suma en 2014 la ofensiva de fondos financieros internacionales “buitres” para revertir las renegociaciones de 2005 y 2010 de la deuda heredada desde 2001; con una inflación acumulada de más de 60 por ciento, que neutraliza las mejoras sociales. Además de denuncias de corrupción .Y estallan  protestas sociales por el deterioro económico y la inseguridad. Varios peronistas contrarios al kirchnerismo emigran al macrismo.

            En las elecciones de 2015, el peronista Daniel Scioli, del Frente para la Victoria y ex vicepresidente con Néstor Kirchner,  obtiene una votación que desciende a 37 por ciento, y el derechista Mauricio Macri de Propuesta Republicana (PRO) obtiene el 34.15 por ciento. Pero en segunda vuelta, Macri gana con el Frente Cambiemos (incluye a los Radicales y otros) con 51.34 por ciento, frente a Scioli con 48.66 (quien hoy es parte del gabinete de Milei). Macri emprende la demolición de las políticas económicas y el desmantelamiento de las sociales. Con un equipo de gobierno de empresarios y con su fuerza en los medios de comunicación, despliega una operación cultural para potenciar el individualismo, sobre las virtudes del emprendedurismo y la meritocracia, del sacrificio, que dirige a informales, clase media y pequeños propietarios, para contraponerlos  a los “planeros”; y estimula el racismo (de larga data con el desprecio a los “cabecitas negras”) y la xenofobia. En 2018, en coyuntura de crisis económica  e inflación de 54 por ciento, negocia un préstamo de 57 mil millones de dólares con el FMI, de los cuales se efectivizan 44 mil millones, en términos muy onerosos. La pobreza se eleva a 40 por ciento y la indigencia a 8.4.

            En la elección presidencial de 2019  (cinco candidatos son ex peronistas), Alberto Fernández y Cristina Fernández a la vicepresidencia por el Frente de Todos ganan con 48.24 por ciento; Macri, de la alianza Juntos por el Cambio, obtiene el 40.28, pero tiene mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. La pandemia irrumpe recibiendo un sistema de salud muy deteriorado, pero el gobierno no explica de quién fue la responsabilidad. El aislamiento social, con medidas de protección al trabajo formal que no alcanzan a los informales y el trabajo a distancia lo realizan sectores de ingresos más altos. El encierro afecta particularmente a los jóvenes, intoxicados con las campañas en redes de individualismo y mensajes de los antivacunas y “terraplanistas”. La derecha organiza marchas “anticuarentena” en las grandes ciudades. Pasado el aislamiento, varios planes sociales dejan de entregarse a través de las organizaciones –contra lo que protestan– y son recursos que el gobierno utiliza para emplear temporalmente en tareas productivas o de mantenimiento en los barrios (alcanzan al 10 por ciento de informales). Y el gobierno de Alberto Fernández se somete a los condicionamientos del FMI para el pago de la deuda contraída por Macri, lo que llevará al distanciamiento de Cristina Fernández. Pese a la reactivación económica en 2021, la pobreza sube a 44.7 y la indigencia a 9.8 por ciento. Emprende acciones de la “agenda progresista”: en 2019 crea el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y en 2021 se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo asistida y gratuita.

            Poco antes de las elecciones intermedias de octubre de 2021, circularon imágenes de una fiesta que organizó la esposa del presidente Fernández en el tiempo del aislamiento, lo que aumenta el enojo popular. En la elección, el Frente de Todos desciende a 35 por ciento y el macrismo obtiene 44.75. Es en ésta que Milei es elegido diputado por la Ciudad de Buenos Aires con 17 por ciento de los votos, por la coalición La Libertad Avanza. Con ingresos por actividades empresariales, hizo campaña prometiendo que sortearía cada mes su sueldo de diputado a quienes se inscribieran en una página digital, lo que cumplió[37]. En las elecciones presidenciales de octubre de 2023, en primera vuelta la oficialista Unión por la Patria, con Sergio Massa de candidato (quien había sido el no tan amado Ministro de Economía), obtuvo 36.8 por ciento. Milei, de La Libertad Avanza, 30 por ciento. El macrismo con Juntos por el Cambio, 23.8 por ciento. En la segunda vuelta, el macrismo apoya a Milei, que obtiene 55.6 por ciento, frente a Massa con 44.35.  

            La apuesta política de Milei es hacer bajar la inflación que rondó el 100 por ciento en 2023 y 2024; en parte lo logra por la desaceleración económica con su “motosierra” y el subconsumo, pero exhibe éxitos falsificando cifras de inflación; no logró hacer pasar algunas leyes de excepción en el parlamento; apuesta a la lealtad del gran capital local al que beneficia y con ingreso de capital extranjero al que entrega los recursos petroleros y mineros[38]. Pero busca alimentar la esperanza con un inmediato préstamo de 20 mil millones de dólares del Tesoro estadunidense que negocia con Trump en 2025, y que éste condiciona públicamente a que gane la elección intermedia de octubre. El chantaje funciona provocando pánico al caos económico y con votos al  mileísmo, aunque es la elección de menor participación (65 por ciento): con la fusión del macrismo con el mileísmo con candidatos únicos, éste obtiene 41 por ciento de los votos (10 puntos más que su votación propia en 2023)  con lo que pasa de 37 a 111 diputados (en 257); frente al 32 por ciento de peronistas y kirchneristas, que quedan con 99 diputados.

            La vía libre al hambre podría cambiar el escenario con movilizaciones o estallidos sociales. Pero podrían seguir siendo episódicos sin cambiar a fondo la correlación de fuerzas, porque no hay organizaciones políticas que la condensen.  Hubo un voto de rechazo al peronismo, al que se lo asocia con “el oportunismo  y la inoperancia gubernamental envueltos en el discurso de la justicia social”. Las fuerzas políticas de izquierda tienen peso en las organizaciones que se movilizan, pero no logran aún tenerlo hacia vastos sectores populares como alternativa, particularmente hacia los jóvenes y los pobres dispersos en la informalidad.

            Milei tuvo la mayor influencia en las y los jóvenes menores de 30 años de todos los sectores sociales, a los que les ofrecía esperanza de rupturas; explotó la incomodidad que sienten los varones jóvenes ante las nuevas conductas de las mujeres: en la segunda vuelta de 2023, de los varones jóvenes que votaron, 80 por ciento lo hizo por Milei; 47 por ciento de las jóvenes votaron por él.  La distancia entre las luchas por las “diversidades” y las preocupaciones de los sectores populares, hace que incluso el 40 por ciento de las mujeres no se identifiquen con “el feminismo” (en singular)[39], que lo vinculan con algunos movimientos de clase media y su fundamentalismo lingüístico.  

            Incluso hay un feminismo mileísta, que busca “empoderar” a las mujeres de derecha en la política, con base en el mérito y rompiendo el “techo de cristal”, tomando como sus modelos a la represora Ministra del Interior Patricia Bullrich (que en 2015 levantó un cartel que decía “Ni una menos”) y a la venezolana Corina Machado; para lo cual proponen cursos  para emprendedoras, de educación financiera, de defensa personal. Rechazan toda forma de violencia, también contra los varones. Defienden al mercado contra el Estado y aplauden que Milei haya desaparecido al  Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. En las marchas del 8 de marzo participan con esas consignas anti-Estado y corean las del performance feminista chileno contra el “Estado violador”, así como por la “libre portación de armas  para defendernos”[40].  Feminismo oficialista en el reinado de la misógina “batalla cultural”. Evidencia de que “diversidad” no es, necesariamente y en todos los casos, sinónimo de “progresismo”.

Brasil

Hoy gobierna nuevamente Luiz Inácio Lula da Silva, tras el interregno del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023). Y aunque éste ha sido condenado judicialmente por promover en enero de 2023 un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula, conserva el apoyo de 42 por ciento en encuestas de noviembre de 2025. Pese a que en ésta su tercera presidencia Lula reimpulsó políticas sociales contra el hambre y de mejoras salariales[41], esas encuestas le dan un 46 por ciento de apoyo. Un casi empate de fuerzas.  También registran que podría ser reelegido en 2026 en segunda vuelta.  El apoyo electoral a Lula y al Partido de los Trabajadores ha tenido una magnitud bastante constante desde 2002, en el rango del 41-48 por ciento, que no aumentó sustancialmente por sus acciones de gobierno; siempre ganó en segunda vuelta (captando alianzas del centro)[42].  La novedad es que el cuasi empate de fuerzas ahora no es con el arco de la centroderecha sino con la ultraderecha.      

            En la elección de octubre de 2018, Lula estaba encarcelado desde ese abril, tras los manipulados juicios que falsificaron la imputación de corrupción con la operación Lava Jato que involucraba a la empresa estatal Petrobras (estuvo 19 meses en prisión). Pero la crisis del gobierno petista se había desencadenado desde el segundo gobierno de Dilma Rousseff: una crisis económica por la reducción de exportaciones a China desde 2013, enfrentada con cuestionadas políticas económicas; y el amañado juicio con el que el Parlamento destituye a la Presidenta en 2016, sustituida por el vicepresidente Michel Temer, que emprendió el desmantelamiento de políticas sociales y laborales. Aunque tiempo después de la elección de 2018 se demostraron falsas las imputaciones de corrupción contra Lula y Dilma, Jair Bolsonaro hizo campaña con un discurso “antisistémico” contra la corrupción y la “vieja política” (aunque fue parte de ella por décadas). En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo 46 por ciento de los votos, frente al petista Fernando Haddad (ex ministro de Educación y ex Alcalde de Sao Paulo) que obtuvo 29.28; en segunda vuelta, Bolsonaro ganó con el 55 por ciento, frente a Haddad con 44.8 (que ganó en 8 de los 9 estados del Nordeste).

            Bolsonaro emprendió privatizaciones y el desmantelamiento de derechos sociales, intensificó las acciones represivas contra indígenas y movimientos sociales, y ejecutó un criminal manejo de la pandemia. Al tiempo que bajo su lema oficial de “Dios, Patria y Familia”[43] reforzó su longevo discurso de denigración de las mujeres[44], su racismo contra los negros y xenofobia; pero su vulgar “guerra cultural” no tiene la gesticulación de Milei (tiene la rigidez del militar que es). Y logra movilizar masas en la calle, lo que no hicieron los petistas  (hubo movilizaciones de estudiantes y mujeres, pero no alcanzaron la fuerza necesaria). Bolsonaro no es reelegido en 2022, pero pierde por menos de dos puntos de diferencia: en primera vuelta, Lula obtiene 48.43 por ciento y Bolsonaro 43.2; en segunda vuelta, Lula gana con 50.9 por ciento frente a Bolsonaro con 49.10. Y en las elecciones municipales de octubre de 2024, de 15 capitales en disputa, derecha y  centroderecha ganan en 13.

            La izquierda brasileña no ha dado una explicación suficiente de este fenómeno. Y no todo tiene que ver con la actual “guerra cultural”. Hubo una transformación ideológica de sectores populares durante los gobiernos petistas, que desde hace años analicé con preocupación en mi libro El misterio del posneoliberalismo, advirtiendo sobre su potencial disponibilidad para posturas de derecha. En varias acciones contra la pobreza se adoptó la de “inclusión progresista al mercado”: con la “inclusión financiera” de microcréditos (endeudamiento) para el consumo (que fue hacia celulares, electrónicos, electrodomésticos); y con vouchers para el consumo de servicios privados de educación, salud, microseguros y pensiones. Las ideas de consumismo[45], emprendedurismo y meritocracia se reforzaron en torno a lo que desde el gobierno celebraron como la creación de una “emergente o nueva clase media”. La estrategia fue oficialmente impulsada por Roberto Mangabeira Unger, quien en 2007 fue nombrado por Lula como Ministro de Planeación Estratégica de la Presidencia, y nuevamente por Dilma en 2015. Para más señas, Mangabeira había promovido esta estrategia “progresista” conjuntamente con Carlos Salinas de Gortari[46].

            Una interpretación de la influencia de la derecha la dio Jessé Souza[47], que afirma que lo central en la vida social es el reconocimiento,  del que carece la “mal llamada” nueva clase media. Aunque siempre cuestionó que se denominara así a los que tienen ingresos de 2 a 5 salarios mínimos y que considera “trabajadores batalladores”, Souza fue parte de la estrategia como colaborador de Mangabeira. Dice que la población del sur-sureste, mayoritariamente blanca, vota por Bolsonaro como uno de los suyos. Que lo votan los trabajadores blancos precarizados e informales empobrecidos y sin capital cultural para ser reconocidos, receptores del discurso racista contra los nordestinos beneficiarios de amplias políticas sociales; resentidos emprendedores fallidos que sólo se sienten reivindicados por la Teología de la Prosperidad de las derechistas iglesias neopentescostales. Y que lo vota la verdadera clase media muy clasista, que se siente amenazada en su status por sectores culturalmente inferiores pero que adoptan sus hábitos de consumo. Esta explicación recibió diversas críticas, unas por su énfasis en lo racial, otras porque no consideró las políticas económicas del gobierno. 

            La incerteza explicativa sigue siendo grande, al punto de que el propio Lula está impulsando una “autocrítica de la izquierda”. En una reunión con el PCdoB en octubre de 2025, cuestionó la incapacidad de la izquierda para comunicarse con esos sectores, que debe “dejar de hablar solo consigo misma”, que “nuestro lenguaje, nuestro discurso, está muy lejos del nivel de comprensión de millones y millones de personas que quisieran escucharnos”, llamando a calibrar el discurso y “dirigirse, no a las élites financieras, sino a la clase trabajadora brasileña”.[48]

Desafíos

Más allá de los discutibles criterios que puedan emitirse en el análisis académico sobre la ofensiva de la derecha, los mayores desafíos provienen de la capacidad de los actores sociales y políticos de izquierda para explicarse su realidad, para transformarla.  Aún hay dificultades en la asunción de esa responsabilidad. Tómese como ejemplo el caso de Bolivia, en el que actores políticos relevantes y de peso intelectual han centrado la explicación de la entrega anunciada de ese proceso de cambio a un mero conflicto de egos entre Evo Morales y Luis Arce.  Una semana después de asumir el derechista Rodrigo Paz en diciembre de 2025, encarcelaron al ex presidente Luis Arce.

            Las experiencias latinoamericanas, con sus especificidades que aún deben ser mejor comprendidas, deberían servir de acicate para evitar complacencias en el proceso de cambio en curso en México.

Ciudad de México, diciembre de 2025.

ADENDA SOBRE LA NUEVA COYUNTURA

El 3 de noviembre de este 2026 serán las elecciones intermedias en Estados Unidos para la renovación de toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de la elección de gobernadores en 36 estados.  El presidente Trump termina su primer año de gobierno con una desaprobación de 60 por ciento de acuerdo con varias encuestas de fines de 2025. Pesa mucho la situación económica.  De resultar las elecciones de medio término en un Congreso mayoritariamente opositor, el riesgo de ser enjuiciado por las constantes violaciones al orden jurídico, escándalos y varios negociados que se le imputan, podría conducir a su destitución (impeachment). Tal como se advertía, la ofensiva militar para compensar la declinación del imperio, y para exhibirla como éxito propio, ha sido la acción desplegada.

*3 de enero de 2026. Tras meses de agresiones militares continuas en el Caribe y con un bloqueo naval total, Estados Unidos bombardea Venezuela y secuestra al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, con el objetivo explícito de apropiarse de su petróleo y minerales.  Son encarcelados en Estados Unidos, y bajo un juicio que desde el inicio demuestra la falsedad de las imputaciones de dirigir un inexistente “cártel de Los Soles”.

            El bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela tiene ya 11 años con cientos de sanciones, desde que en marzo de 2015 el presidente Demócrata Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva que declaró a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos. Desde 2017 Trump arreció con el impedimento de venta de petróleo, el bloqueo financiero total y el secuestro de sus activos en dólares, lo que ha afectado más del 90 por ciento del presupuesto público; el Banco de Inglaterra también retuvo las reservas en oro venezolanas. A las que suman otras sanciones en su segunda presidencia. Pese a la demoledora situación económica, la organización social en Comunas ha permitido la autosuficiencia alimentaria.  

            Tras el secuestro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Reclama la devolución de Maduro y Flores, negocia con Estados Unidos una serie de medidas para la no agresión militar y eliminación de sanciones. Lo negociado, que involucra también a las instituciones  financieras internacionales acreedoras de la abultada deuda externa, flexibiliza el control estatal sobre los recursos energéticos y minerales, junto con la exigencia de hacer “reformas” económicas como privatizaciones, garantías a la inversión extranjera y reformas fiscales, cuya supervisión se arroga Estados Unidos; con cambio a la legislación que la Asamblea Nacional aprueba.  Reingresan empresas petroleras como Chevron, Shell y Halliburton en la explotación y exportación de petróleo hacia Estados Unidos, para lo cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro suspende unas pocas sanciones; pero no entregan a Venezuela los dólares de esas ventas, bajo control estadunidense. Algunos intelectuales y militantes políticos venezolanos cuestionan la nueva condición como de tutelaje. Otros lo aceptan por “realismo” o resignación[49], y destacan que el gobierno sigue cumpliendo con sus funciones.

            El 20 de enero, Trump dedica gran parte del Informe del Estado de la Unión a vanagloriarse de que tomó el control de Venezuela y de su petróleo, y de que ya han ganado más que lo que costó la operación militar[50].

            Cuando el gobierno venezolano anunciaba la mejoría de algunos indicadores económicos, el 24 de junio de 2026 ocurrieron dos terremotos muy destructivos y con miles de víctimas. Hay una inmediata respuesta solidaria unida de la población. Pese a las limitaciones impuestas por los bloqueos, el gobierno procura el apoyo a los damnificados (en un mes ya comienza a entregar viviendas). Hay también inmediata ayuda internacional (alguna con intención injerencista, como la de Israel); las de médicos cubanos y de México son las primeras y permanentes[51]. Naciones Unidas calcula, en una primera estimación, en 37 mil millones de dólares sólo el daño físico. Estados Unidos “entrega” 386 millones de dólares, pero de los fondos venezolanos bloqueados, vía la Unicef y ONG.

*El 4 de enero de 2026, horas después de la invasión a Venezuela, Trump dijo a la prensa que “Cuba está lista para caer” y que “Hay que hacer algo con México” (y burlonamente amenazó al presidente Petro)[52].

*El 29 de enero de 2026, Trump firma la Orden Ejecutiva que declara a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos, estableciendo un bloqueo energético con sanciones a países y empresas que le vendan petróleo, además de cientos de medidas punitivas adicionales, provocando una tragedia económica, social y sanitaria al pueblo cubano incomparable en seis décadas de bloqueo. Vuelve a incluirla en la lista de “países promotores del terrorismo” para justificar su amenaza de acciones militares.  El 20 de mayo de 2026[53], el Departamento de Justicia anuncia la presentación de cargos para enjuiciar y encarcelar a Raúl Castro, dirigente histórico de la revolución, por las acciones de legítima defensa en 1996 contra aviones estadunidenses con mercenarios que invadieron el espacio aéreo cubano.  Y que podría usarlo como excusa para una invasión a la isla.  Donde se activan milicias populares para la defensa del territorio.

            Desde su derrota en su invasión por Playa Girón (1961), Cuba es una espina permanente para el orgullo imperial, precisamente por la disparidad de poder de Estados Unidos frente a la pequeña isla a la que no ha podido someter. Lo es más para Trump y para los objetivos políticos de Marco Rubio[54], su Secretario de Estado.  La ofensiva se intensificará en los siguientes meses con el objetivo explícito de provocar un “cambio de régimen”; su ira se acrecentará porque, pese a las dificultades y debates internos en la isla, no logran crear ese movimiento de contrarrevolución.

*El 28 de febrero de 2026,  Estados Unidos junto con Israel bombardean a Irán y asesinan a su líder Alí Jamenei (“Operación Furia Épica”).  Habían pasado ocho meses desde la “Guerra de los Doce Días” de junio de 2025 de Israel y Estados Unidos contra Irán, en la que no lo derrotaron.

            Tras 40 días de bombardeos y asesinatos, el 7 de abril de 2026 había quedado claro que Estados Unidos, nuevamente, no ganó la guerra. Y en junio de 2026 acepta negociar con Irán (lo que disgusta a Israel). Esta derrota, conocido su elevado costo en armamento, aumenta el rechazo interno a Trump.  El 8 de julio de 2026 rompe los términos negociados y vuelve a bombardear a Irán, con un resultado militar aún más incierto para Estados Unidos. Pero que en lo inmediato refuerza la alianza criminal con Israel en el genocidio a Gaza (en febrero de 2025 Trump había dicho que tras expulsar a su población iba a convertir ese territorio en un lujoso centro turístico) y en su guerra contra Líbano. 

El dominio sobre el “patio trasero” (backyard), término que vuelve a utilizar Trump en su Corolario sobre la Doctrina Monroe (“Donroe”) y en su informe presidencial del 20 de enero de 2026, es la reserva imperialista fundamental. 

*El 7 de marzo de 2026, durante los bombardeos a Irán,  Trump reunió a los vasallos latinoamericanos[55] para crear el “Escudo de las Américas”, para: “coordinar una fuerza militar letal para combatir a los siniestros cárteles y redes terroristas, la migración descontrolada y contrarrestar la creciente influencia de potencias extrahemisféricas”. Acusó a México de ser el “epicentro de la violencia […] que está alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”. Y con sus habituales balandronadas Trump se burló, una vez más, de la presidenta Claudia Sheinbaum[56]. 

* México. Con la serena firmeza que le da la aprobación de 70 por ciento en las encuestas, la presidenta Sheinbaum  llama a “no caer en provocaciones y a actuar con cabeza fría”. 

            Recordó que ya desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la derecha estadunidense había articulado con la derecha mexicana una campaña para estigmatizarlo como un “narcogobierno” y a Sheinbaum como “narcocandidata” (que, no obstante, ganó la elección de 2024 con 59.76 por ciento de los votos en única vuelta electoral); se demostró que han sido los gobiernos de la derecha, particularmente el de Felipe Calderón (impuesto con fraude electoral) el que pactaba con los cárteles (su Secretario de Seguridad Genaro García Luna está preso en Estados Unidos) al tiempo que permitió el ingreso de agentes estadunidenses a territorio mexicano y promovió el tráfico de armas (“Operación Rápido y Furioso”), con una secuela terrible de muertes; y de probados vínculos de la DEA con los delincuentes. En 2021 se expulsó a una unidad de la DEA que operaba sin autorización, y en 2023 López Obrador decidió un enfriamiento en la relación con el embajador (de Biden) Ken Salazar por declaraciones injerencistas. 

            La presidenta  cuestiona al gobierno de Estados Unidos que, mientras que en México se combate a las organizaciones delictivas con importantes resultados, lo que también se refleja en la reducción del tráfico de drogas al vecino del norte (aunque Trump lo presume como logro propio, en su discurso del 20 de enero de 2026), en Estados Unidos no se combate la distribución interna de drogas ni el lavado de dinero que allí se realiza, y no detiene el tráfico de armas hacia México. La presidenta rechaza sistemáticamente las amenazas públicas de Trump, u ofrecimientos en privado en varias llamadas telefónicas, del ingreso de militares estadunidenses a territorio mexicano. Y reitera: “Cooperamos, nos coordinamos, pero sin subordinación, porque México es un país libre, independiente y soberano”. E informa que, en pie de igualdad, funcionarios del gobierno de Estados Unidos mantienen negociaciones bilaterales con sus pares mexicanos sobre varios temas, entre ellos de seguridad, así como los de intercambio comercial que, por cierto, interesa a las grandes empresas estadunidenses que operan en México.

            El 19 de abril de 2026, accidentalmente se conoció la operación de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua en acuerdo con el derechista gobierno de la entidad, lo que viola la Constitución y las leyes nacionales. Cuatro días después, el 23 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, violando todas las normas de la bilateralidad jurídica, difunde sin pruebas una demanda de extradición del gobernador de Sinaloa, del Movimiento de Regeneración Nacional. Y con los operadores de la derecha mexicana -que claman por la intervención de Estados Unidos- trasladan al segundo nivel de gobierno la operación para desestabilizar.

            Los infundios y amenazas estadunidenses suben de tono. En una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 12 de mayo de 2026, el director de la DEA Terrence Cole amenaza: “Esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”. El 13 de julio dirá: “[…] la mortal conexión entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son lo mismo. Y son nuestra prioridad número uno”[57]. La presidenta responde que esos infundios “tienen motivos políticos”; además de mostrar su falsedad y exigir que hagan su trabajo dentro de Estados Unidos, aporta datos sobre el comprobado vínculo de agentes estadunidenses con las organizaciones delictivas. Esta ofensiva ha sido simultánea al chantaje de Trump de no firmar la revisión del tratado trilateral de libre comercio prevista en el propio tratado para este año; y las acciones contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos, no sólo contra los indocumentados (unos 11 millones), sino contra otros 25 millones de varias generaciones. A los que el gobierno mexicano apoya con varios programas y acción consular.

            La defensa de la soberanía nacional pasa a primer plano en la coyuntura, con un contundente discurso de la presidenta. Un hecho expresivo del respaldo social a esta postura es la espontánea y cálida acogida a la selección iraní de la población de Tijuana durante el Mundial de fútbol, impedida de pernoctar en Estados Unidos donde jugaba.

            Y tras la escalada de persecución y asesinato de migrantes mexicanos en Estados Unidos (18 fallecidos entre detenidos y en operaciones en la calle por el Servicio de Control de  Inmigración y Aduanas, ICE), el gobierno mexicano pasa de la política de contención a la ofensiva.  El 13 de julio de 2026 presenta 20 demandas penales ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales y de condados competentes de Estados Unidos.  Y la presidenta exige al gobierno de Estados Unidos que no use a México para su campaña electoral. El 14 de agosto de 2026, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum dice: “… la mejor forma de relacionarse es no achicarse. ¿Por qué vamos a bajar la cabeza? ¿Por qué nos vamos a arrodillar? ¿Por qué vamos a tener miedo? No, somos un país grandioso. Y estamos dando resultados y la gente está contenta”.

            Otra espina para Estados Unidos es la permanente relación de cooperación de los gobiernos de la Cuarta Transformación con Cuba, y su inmediata ayuda humanitaria en esta nueva fase de agresión. Incluso el 18 de abril de 2026, en la Cumbre en Defensa de la Democracia de líderes progresistas en Barcelona (España), la presidenta denunció el bloqueo contra Cuba y llamó a pronunciarse contra una intervención militar.

            Es previsible que continúe la escalada múltiple del gobierno de Trump contra el México que no se le subordina. También porque de eso vive la derecha mexicana. La defensa de la soberanía no depende sólo del gobierno, sino de una voluntad colectiva consciente y organizada, tareas de la organización política y social que aún no están a la altura de los desafíos.

* El 16 de julio de 2026, Marco Rubio organiza la “Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político”, a la que acuden de 66 países[58], con las ostensibles ausencias de México, Brasil y Colombia. Además de Rubio, intervienen en la inauguración el Subsecretario de Estado Christopher Landau (que había sido embajador en México entre 2019 y 2021[59]), el Secretario del Tesoro Scott Bessent y el Subjefe de Gabinete y Asesor presidencial de Seguridad  Stephen Miller[60]. Afirman que se está en el “renacimiento de los años setenta” de la “violencia de ultraizquierda entrenada por Cuba” (usan el mismo lenguaje de las dictaduras de entonces); mencionan, de aquellos años, a organizaciones europeas como las Brigadas Rojas, latinoamericanas como los Tupamaros, los Montoneros, las FARC, el ELN y Sendero Luminoso; y de Estados Unidos a los Panteras Negras y Weather Underground.  Aluden al “renacimiento” de grupos “violentos” en Alemania y Grecia, una Europa a la que Estados Unidos tiene que salvar. Y a las “alianzas transnacionales terroristas entre movimientos islámicos y el marxismo internacional” que quieren “destruir la civilización occidental”, a la que Estados Unidos tiene que salvar aplicando toda la fuerza. Y que “usan como tontos útiles a organizaciones no gubernamentales”, también objetivos de su declarada cruzada civilizatoria. Afirman que las sanciones y bloqueos financieros del Departamento del Tesoro son un arma fundamental.

            La caracterización que hacen de “la izquierda” es del manual conservador más elemental: envidiosos resentidos que por eso reclaman igualdad. 

            Todo esto es sólo un marco para lo central: denunciar el “renacimiento” de la “violencia terrorista de ultraizquierda” en Estados Unidos, que “ejemplifican” en el movimiento Black Lives Matter contra el asesinato de George Floyd, en los “ataques” al ICE, en el asesinato del conservador Charly Kirk y los “atentados” (siempre fallidos) contra el presidente Trump. Caracterizar a los movimientos sociales contrarios al trumpismo como “terroristas” justifica la represión interna. El objetivo coyuntural más importante es “denunciar” el “renacimiento del socialismo y el comunismo impulsados por el Partido Demócrata” y “adoctrinado por Cuba” (cuatro días después, el 20 de julio, el Departamento de Estado publicará un ridículo documento en el que acusa a Cuba de “interferir en Estados Unidos”, de apoyar “el terrorismo de izquierda”, y hasta de “haber infiltrado” a los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos[61]).

            Mencionan a Zohran Mamdani, el alcalde Demócrata de Nueva York que se define como socialista democrático. Pero también integrantes de esa corriente ganaron las alcaldías de Washington, Seattle, Chicago y Boston, entre otras ciudades; además de que unas semanas antes, en junio, varios/as progresistas habían ganado en las elecciones primarias del Partido Demócrata hacia la elección intermedia de noviembre, mostrando que el electorado busca mejoras económicas en vivienda, educación y salud (la redistribución).  La preocupación trumpista crece.

* Ese mismo 16 de julio de 2026, en horario estelar nocturno, Donald Trump dio un mensaje presidencial en el que acusó a China de haber organizado un fraude electrónico en la elección presidencial de 2020 (que perdió ante Biden) y que aunque las agencias de inteligencia estadunidenses lo sabían, el Estado profundo (deep State) lo ocultó. Acusó también a Rusia, Irán y Corea del Norte de intervenir para manipular la opinión ciudadana. Y caracterizó al sistema electoral estadunidense de “catastróficamente inseguro, como de un país de Tercer Mundo”[62]. Tras esas acusaciones y los documentos que subió a la página de Presidencia, además del rechazo del Gobierno chino a la acusación, numerosas voces estadunidenses, incluso de su primer equipo de gobierno, denunciaron que esos documentos no prueban nada y que Trump estaría planeando descalificar por adelantado (o anular) el resultado de las elecciones intermedias de noviembre de 2026, previsiblemente desfavorables para su partido.

Operación “tercermundista” de la derecha trumpista.

Semanas antes, Trump había celebrado que “sus” candidatos, a quienes apoyó públicamente, “ganaron” las elecciones en Perú y Colombia y que inmediatamente declararon que se integrarán al Escudo de las Américas.  En ambas elecciones fue denunciado fraude.  

Perú

En Perú ya gobernaba la derecha desde el parlamento, que destituyó y encarceló a Pedro Castillo en 2022 y que impuso sucesivamente en la presidencia a sus miembros Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. Boluarte había sido vicepresidenta de Castillo y como presidenta del Congreso promovió su destitución. Fueron más de tres años de constante represión a las movilizaciones sociales contra las políticas antipopulares y entreguistas.

            Un síntoma de la crisis del sistema político es que para las elecciones generales (presidenciales y parlamentarias)  del 12 de abril de 2026 se inscribieron 36 partidos. En la segunda vuelta electoral del 7 de junio de 2026, se le atribuyó a la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular el triunfo con 50.13 por ciento (17.19 por ciento en primera vuelta), frente a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú –del movimiento de Pedro Castillo– con 49.86 por ciento (12.03 en primera vuelta): una diferencia de 0.27 por ciento (49,600 votos). Roberto Sánchez denunció el fraude por el cambio de reglas el día de la elección y la violación del traslado de votos del exterior. Exigió anular 2,400 mesas de votación, pero por la impugnación de una mesa electoral hay que pagar el equivalente a 393 dólares, lo que representaría casi 950 mil dólares. La sorpresa no es que toda la derecha -incluida Boluarte- apoyara en segunda vuelta a la operadora de la derecha peruana y cuatro veces candidata a la presidencia, sino que a pesar de las persecuciones y el escepticismo más de la mitad de los electores votó por Roberto Sánchez. 

            Keiko Fujimori busca restablecer relaciones diplomáticas con México, quizá por interés comercial[63].

Colombia      

Trump celebró el respaldo que le dio a “su” candidato Abelardo de la Espriella -quien adquirió la nacionalidad estadunidense en 2023-, el que en campaña dijo que iba a “destripar a la izquierda”, y quien públicamente agradeció ese apoyo. 

            En la segunda vuelta del 25 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral atribuyó al ultraderechista De la Espriella el 49.66 por ciento de los votos (12´960 mil) y al candidato Iván Cepeda del gobernante Pacto Histórico el 48.70 por ciento (12´708,712), una diferencia de 0.9 por ciento (poco más de 250 mil votos).  Tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro denunciaron el fraude, demostrado por la auditoría independiente de 70 mil Testigos Digitales: una operación desde Estados Unidos con el programa de alteración del escrutinio de la empresa de inteligencia israelí Black Cube[64], haciendo “votar” a muertos, haciendo “votar” hasta varias veces a ciudadanos que no acudieron a votar, con más “votantes” en distritos que su población total[65] y con transferencia digital de votos a Cepeda para De la Espriella[66]. Unos 850 mil votos falsos. Un conjunto de ciudadanos presentó demandas contra la Registraduría Nacional que había eliminado candados de seguridad digital.  Se denunció, también, una millonaria operación de compra de votos financiada desde Estados Unidos y una operación en redes de la empresa Blackcore con 500 mil bots manipulando odio y miedo.

            Tras la denuncia, quedan dudas de si los resultados de primera vuelta son confiables. En ésta participaron seis candidatos, entre ellos la ultraderechista uribista Paloma Valencia con 6.9 por ciento, que sólo entonces fue por separado. De la Espriella aparece con 43.76 por ciento. Iván Cepeda con 40.9 por ciento; en número de votos habría recibido un millón más que los que obtuvo Petro en primera vuelta en 2022.  Dadas las circunstancias, no es seguro que ese millón represente fielmente el número de nuevos adherentes al proyecto del Pacto Histórico tras el gobierno de Petro. 

            La complejidad del caso colombiano exige un balance de fondo aún por hacerse. El triunfo de Gustavo Petro en 2022, tras 20 años de gobiernos de derecha, se da un año después del paro nacional del 28 de abril de 2021 y la rebelión social de dos meses que le siguió, contra las reformas tributaria y de la salud a favor del gran capital del presidente Duque en las postrimerías de la pandemia, en la que convergen heterogéneos movimientos sociales contra las prácticas represivas y con demandas sociales y democráticas amplias. Que fueron duramente reprimidos (75 muertos y 103 con daños oculares).

            El gobierno de Petro enfrentó bloqueos desde el Congreso y desde el Poder Judicial a sus planes de reforma laboral, de pensiones y de la salud para eliminar la subrogación a privados con presupuesto público. Desde las elecciones parlamentarias de marzo de 2022 (son previas a la presidencial), el Pacto Histórico tenía la mayor bancada en ambas cámaras pero no alcanzaba la mayoría absoluta: 20 senadores en 108 (18.5 por ciento) y 27 representantes en 188 (15 por ciento) entre otras 29 fuerzas políticas representadas[67]. En el primer año logró hacer alianza parlamentaria con algunos miembros del “centrista” Partido Liberal, lo que también se manifestó en integración al gabinete ministerial, pero en el segundo año la alianza se deshizo y también provocó crisis en el equipo de Petro.

            Pese a ello, y apelando a decretos presidenciales, hubo políticas sociales que beneficiaron a los más pobres. Entre ellas, el salario vital mensual (salario mínimo más auxilio de transporte) aumentó nominalmente un 100 por ciento, equivalente a 532 dólares, que cubre dos tercios de la canasta básica familiar. Tres millones de adultos mayores recibieron un bono mensual equivalente a 61 dólares. El desempleo nacional descendió a 9 por ciento. Unos cuatro millones de personas salieron de la pobreza y extrema pobreza. Se emprendió la reforma agraria entregando 700 mil hectáreas a campesinos sin tierra, y se entregaron títulos de propiedad por 2 millones de hás., lo que aumentó la producción agrícola y el descenso de precios de alimentos. Con brigadas médicas se atendió a 10 millones de personas y se redujo la mortalidad infantil en 60 por ciento. Aumentó la cobertura en la educación universitaria pública de 53 a 61 por ciento, financiando programas para aumentar su acceso gratuito (el apoyo de los jóvenes fue visible en el mitin convocado por Petro el 20 de julio de 2026). Entre otras políticas de apoyo y reconocimiento a mujeres trabajadoras en el hogar y a grupos indígenas y afrocolombianos[68].  Sin embargo, fracasó una de las metas más importantes como la Paz Total, obstaculizada incluso desde el ejército, sobre el cual el presidente no tiene control. La violencia aumentó en las regiones habituales y contra los territorios de la reforma agraria.

            Intelectuales de izquierda a lo largo de los cuatro años señalaban como problemas, además de los bloqueos y de la férrea oposición, que no se fortaleció la fuerza política propia; que el Pacto Histórico se centró en la labor parlamentaria pero no trabajó políticamente abajo; que hubo una desmovilización de las organizaciones del estallido social de 2021 para la defensa de las transformaciones en curso e impulsar otras que demandaron. Que hubo una conducción personalista del presidente, con un gabinete sin consistencia política, con actos de corrupción (sancionados pero deslegitimantes) y exhibiendo sus conflictos.  Quizá ello explique que el acrecentado apoyo a Iván Cepeda, aunque mayoritario, no fuera suficiente para neutralizar la operación de la derecha. Cepeda y Petro llaman a organizar la desobediencia civil y resistencia pacífica para impedir la destrucción de los cambios anunciada por De la Espriella. 

            El 7 de agosto de 2026 fue la toma de posesión sin presencia de Petro y con discurso inaugural de De la Espriella en una dependencia militar en Cali. Tres días después, el 10 de agosto, ocurre un fuerte terremoto. De la Espriella no permitió que ingresaran los rescatistas gubernamentales mexicanos (sí el envío de más de 70 toneladas de ayuda humanitaria). Tropas de Estados Unidos e Israel están en territorio colombiano. Pero la ayuda no llega con prontitud a los damnificados.

Otro escenario, mismos desafíos.

Si algo confirma la nueva coyuntura respecto a lo analizado anteriormente, es el error de explicar la ofensiva de la derecha en América Latina sólo desde una “batalla cultural”. Es una declarada guerra de los dominantes contra los pueblos, con abierta intervención imperial.

            La nada original retórica del gobierno de Estados Unidos contra un “renacido comunismo” -al que habían declarado muerto- para justificar la represión interna y el intervencionismo, atribuye su declinación a ser “víctima” de ataques, lo que también exhibiría debilidad. Por eso han tenido que reforzar el discurso “de ofensiva”: el 11 de agosto de 2026, el Departamento de Estado presenta un video titulado “La Doctrina Monroe”, que culmina con Trump diciendo: “…bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadunidense del hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”[69].

            Pese a su peligrosidad comprobada, la nueva coyuntura confirma, también, que es un error asumir un inexorable avance de la derecha al margen de las realidades sociopolíticas en cada país. Ya el 21 de mayo de 2026, el “Escudo de las Américas” tuvo que emitir una declaración de apoyo a Rodrigo Paz frente a las masivas movilizaciones en Bolivia contra su gobierno.

            Y en México, confirma la necesidad de asumir sin dilación la responsabilidad colectiva.

                                                   Ciudad de México, agosto de 2026.

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[1] Véase, por ejemplo, la mesa redonda: “El giro conservador y de ultraderechas como proyecto político y cultural”, difundida por Clacso el 30 de julio de 2025.

[2] Planteé esta preocupación en mi intervención en la Asamblea General de Clacso en Bogotá, en junio de 2025, titulada “Más allá del `ciclo progresista´. Consideraciones políticas”, publicada por la revista Izquierda núm. 122, de Colombia, en junio de 2025.

[3] Los análisis de Michael Roberts se publican regularmente en castellano en Sin Permiso (https://www.sinpermiso.info).

[4] Michael Roberts y Claudio Katz sostuvieron estas tesis en la mesa “Crisis mundial, decadencia imperial, emergencia de China y el impacto en América Latina”, el 21 de octubre de 2025,  en el II Coloquio Internacional de la Academia de Economía Política, realizado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

[5] Donald Trump formaliza su “Corolario Trump” en el “Mensaje Presidencial sobre el 250 Aniversario de la Doctrina Monroe”, el 2 de diciembre de 2025 (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/12/america-250-presidential-message-on-the-anniversary-of-the-monroe-doctrine/).

[6] Así lo plantea Gillis Long en Rebuilding the Road to Opportunity (Reconstruir el camino de la oportunidad), publicado por el House Democratic Caucus en 1982.

[7] Importantes análisis sobre la Tercera Vía se encuentran en el libro coordinado por John Saxe-Fernández, Tercera Vía y neoliberalismo, México, Siglo XXI, 2004.

[8] Dick Morris, contratado por la derecha en México, pergeñó la guerra sucia electoral contra Andrés Manuel López Obrador en 2006, que culminó con el fraude que le arrebató la presidencia.

[9] China ingresó a la OMC en 2002.

[10] En Europa, la Tercera Vía fue ejecutada  inicialmente con la Nueva Vía de Felipe González en España en 1996;  en Inglaterra por Tony Blair desde 1997 como Nuevo Laborismo; en Alemania por Gerhard Schröder desde 1998 como Nuevo Centro; en Italia por Massimo D´Alema desde 1998 como Demócratas de Izquierda; en Francia, con ciertas variantes, desde 1997 por Lionel Jospin. 

[11] Los geopolíticos chinos replantean esos términos: “globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva”; que “compartan los pueblos de todos los países los frutos de desarrollo”; “diálogo entre civilizaciones [y] continuación y la innovación de las civilizaciones”. Véase de Chen Daojiang (embajador de China en México): “Las cuatro iniciativas globales constituyen un importante bien público internacional”, en La Jornada, 30 de octubre de 2025, p.23.

[12] Diversos informes indican que entre 1993 y 2001 se  perdieron dos millones de empleos  y había un millón trescientos mil pobres más; el 25 por ciento de los niños se encontraba en situación de pobreza y sólo el 40 por ciento de los mismos era atendido; 44 millones no tenían cobertura de salud, contra 34 millones al inicio de la Administración Clinton; entre 1979 y 2000, el ingreso medio del 20 por ciento más pobre creció en un 6.4 por ciento, mientras que el del 1 por ciento más rico creció 184 por ciento, entre otros indicadores.

[13] Véanse la Autobiografía que Stiglitz escribe para la nominación del Premio Nobel de Economía, que le fue otorgado en 2001 (www.nobelprize.org); y la información contenida en mi libro El Misterio del Posneoliberalismo, Tomo II: La estrategia para América Latina, Bogotá, Espacio Crítico, 2016.

[14] Compárense los textos de Joseph Stiglitz: Los felices 90. La semilla de la destrucción, México, Alfaguara, 2003; y el que escribe tras el segundo triunfo electoral de Trump: “La única opción de los demócratas”, publicado en La Jornada, México, 1 de diciembre de 2024, en el que tras acusar a Clinton de neoliberal y de haber hecho mal la globalización, sobre el programa de Trump dice: “Todo esto es peor que el neoliberalismo, que al menos pretendía promover mercados competitivos y no distorsionados”.

[15] Los gobiernos de Clinton y Obama fueron los que más expulsaron migrantes bajo distintas figuras jurídicas, mucho más que los Republicanos hasta entonces. La Office Homeland Security Statistics registra más de 12 millones expulsados por Clinton (1993-2001). Según informes del Instituto Nacional de Migración de México, Clinton deportó a más de 7 millones de mexicanos y Barack Obama (2009-2017) poco menos de 3 millones (datos compartidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del 27 de agosto de 2025). Otras fuentes señalan que fue Obama quien más expulsó.  

[16] En la Convención Nacional Republicana del 17 de agosto de 1992, el precandidato Patrick J. Buchanan cuestionó la “agenda de feminismo radical” del candidato Clinton, de “aborto a demanda […] derechos de los homosexuales, discriminación contra las escuelas religiosas, mujeres en unidades de combate […] extremistas ambientales”. Sentenció: “Es una guerra cultural, tan crucial para el tipo de nación que seremos como lo fue la propia Guerra Fría, pues esta guerra es por el alma de Estados Unidos” (http://buchanan.org/blog/1992-republican-national-convention-speech-148).

[17] Nancy Fraser, “From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond”, American Affairs I, no.4, Winter 2017. Reimpreso en su libro The Old is Dying and the New Cannot Be Born, Oceano/PDF, 2019.

 [18]  La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha planteado así: “Yo pienso que la defensa de los derechos de las mujeres, todos los derechos, tiene que estar enmarcada en la defensa de los derechos del pueblo de México, no están separadas, es parte de la lucha por la justicia social. […] pensar que la educación no es un derecho, que el acceso a la salud no es un derecho, que el acceso a la vivienda no es un derecho, que el acceso a la cultura o a la lectura no es un derecho y defender los derechos de las mujeres, me parece a mí una contradicción. Por eso yo pienso que esta visión de la derecha, del feminismo de derecha, vamos a decir, tiene muchas carencias, porque ¿cuál igualdad? Estamos luchando por la igualdad, no solamente de mujeres en la sociedad, de acceso a los derechos, sino el acceso a los derechos de todas y todos los mexicanos. Y por supuesto, ahí está la lucha de las mujeres. […] ¿Por qué no se reivindicaban a las mujeres indígenas?, porque en el fondo hay mucho clasismo y racismo. Entonces es una visión distinta”. Conferencia de prensa matutina del 23 de octubre de 2025.

[19] El debate, en artículos publicados en 1996 y 1997, fue compilado en el año 2000 por la New Left Review en español y por Traficantes de Sueños en 2017, en el libro: Judith Butler, Nancy Fraser, ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era “postsocialista”. El debate entre Fraser y el filósofo alemán Axel Honneth se publicó en Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, Verso, 2003.

[20] Véase, por ejemplo, de Nicolás Márquez y Agustín Laje, El libro negro de la Nueva Izquierda. Ideología de género o subversión cultural, Buenos Aires, Unión Editorial, 2016.  Son los ideólogos de Javier Milei.

[21] En 2016, Trump ganó el 56.5 por ciento del Colegio Electoral y el 46 por ciento del voto popular. En 2024, ganó el 58 por ciento de Electores y el 49.8 del voto popular.

[22] Con mensajes digitales individualizados mediante el Big Data que monta la empresa Cambridge Analytica de su asesor Steve Bannon, exacerbó resentimientos confrontando de manera cruzada a jóvenes, blancos empobrecidos, negros y latinos. 

[23] Dice Clinton en 2025: “La reacción contra la globalización se vio amplificada por los rápidos cambios sociales que se estaban produciendo en Estados Unidos y otros lugares, donde las zonas urbanas veían cómo aumentaba la aceptación de los derechos de los homosexuales, el matrimonio homosexual y todo tipo de cosas. Y luego surgió la cuestión transgénero y todo eso. Así que en las redes sociales, las personas que estaban en contra de todo esto  dijeron:  `Oh, aquí hay una forma en la que tal vez podamos controlar esto y unir a las personas que están en contra del cambio social con las personas que se sienten excluidas del cambio económico´”.  Entrevista de David J. Lynch, “‘The World’s Worst Bet’: Bill Clinton looks back on the world he built”, publicada en el Washington Post, 5 de septiembre de 2025. Traducción digital.

[24] Esa separación es reconocida en el libro de Miguel Ramos (Coord.) De los neocon a los neonazis: La derecha radical en el Estado español. Madrid, Fundación Rosa Luxemburgo, 2021.

[25] Dijo el dirigente de Vox en Murcia José Ángel Antelo:  “[…] les devolveremos una España decente, una España sin inmigración ilegal, donde los mayores puedan pasear con tranquilidad, las mujeres sin miedo y los homosexuales sin ser agredidos por quienes no respetan nuestra cultura”. Citado por Armando Tejeda en  La Jornada, 13 de julio de 2025, p.17. 

[26] Así lo documentó Pablo Stefanoni en su libro ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2021, versión digital.

[27] Jorge Glas, asilado en la Embajada de México en Ecuador, fue secuestrado tras la invasión a la misma el 5 de abril de 2024 ordenada por el gobierno de Daniel Noboa. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador.

[28] La alianza está constituida por el Partido Comunista, al que pertenece Jara; por el Frente Amplio al que pertenece Boric; lo que queda del Partido Socialista; algunas fuerzas de la antigua Concertación; y por remanentes de la Democracia Cristiana, que el 25 de noviembre de 2025 fue expulsada de la Organización Demócrata Cristiana de América (OCDA) presidida por el Partido Acción Nacional de México.

[29] El ultraderechista Johanes Kaiser obtiene 13.94 por ciento. Evelyn Matthei, que se presenta como derecha más moderada siendo hija de un miembro de la Junta Militar que gobernó con Pinochet, obtiene 12.46 por ciento. Y Franco Parisi, a quien caracterizan como un “populista de derecha”, que hizo campaña sobre todo  en redes “contra las élites de izquierda y derecha” y se define como “ni facho ni comunacho”, quedó en tercer lugar con 19.71 por ciento (frente al 12.78 por ciento que obtuvo en 2021).

[30] El informe presidencial de la Cuenta Pública 2025 destaca la participación del Estado (Codelco) en la explotación del litio en una asociación público-privada con la empresa SQM, con un contrato que es muy cuestionado. Continúa entregando concesiones mineras a empresas extranjeras, pero negoció que del royalty minero se aporten 450 millones de dólares a las comunas. Informa que se crearon 500 mil nuevos empleos sin mayor precisión, que se reinició 65 por ciento de obras públicas paradas, que se construyeron 16 hospitales y 122 mil viviendas; que se redujo la inflación, la pobreza y la desigualdad. Se informa de leyes a favor de las mujeres (de no violencia, de cuidados, de deudores alimenticios).

[31] Se crea una seguridad social pública, para un sistema mixto. Pensión Garantizada Individual con aumento gradual de cobertura desde los 82 años en 2025, hasta los 65 años en  2027 y hasta alcanzar medio salario mínimo, con cotización tripartita (1% del empleador). Con pequeños beneficios extra por años de cotización y por expectativa de vida a mujeres.

[32] Entre ellos, Pedro Santander Molina: “No se puede derrotar al fascismo con pensamiento posmoderno, ni con progresismo deslavado, ni con culturalismo. […] esos discursos identitarios dogmáticos, propios de una pequeña minoría ilustrada y privilegiada de personas que promueve desde ya preocupaciones legítimas, pero que no sabe conectar con los problemas socioeconómicos y los temas valóricos que sensibilizan al mundo popular […] La única manera […] es reconectar con los sectores populares […] y dar respuesta a los eternos dramas que el capitalismo nos impone en Chile: la desigualdad, el racismo, el clasismo, las condiciones de vida precarias, la problemática habitacional, las pensiones miserables. Los temas que, en fin, la izquierda nunca debió haber abandonado”. Entrevista en Radio Red, reproducida en Resumen Latinoamericano, Buenos Aires, 18 de noviembre de 2025.

[33] Con más de 80 por ciento de participación (voto obligatorio), 60.75 por ciento rechaza la instalación de bases militares extranjeras; 58.2 por ciento rechaza la eliminación de financiamiento público a los partidos; 53.6 rechaza la reducción del número de asambleístas; y 51.71 rechaza convocar a una Asamblea Constituyente para sustituir a la aprobada durante el gobierno de Correa.  

[34] El voto es obligatorio entre los 18 y 65 años y un requisito legal para trámites, penado con multa. Es voluntario entre 16 y 17 años y mayores de 65.

[35] El caso de El Salvador, en el que la derecha ha ganado apoyo de masas después de haber gobernado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es un pendiente a tratar, entre otras razones por no disponer de análisis salvadoreños más de fondo.

[36] En el período de ambos gobiernos de los Kirchner, el salario mínimo nominal creció más de mil por ciento; se redujo 30 por ciento el trabajo informal; la pobreza se redujo de 33 a 5.7 por ciento y la indigencia de 7.2 a 1.9 por ciento. Según el Banco Mundial, se duplicó la clase media de 9 a 18 millones (varias fuentes).

[37] En México, desde 2025 el Partido Acción Nacional ofrece sortear cada mes un IPhone a jóvenes que se inscriban en una página digital, que probablemente presentará como afiliados para no perder el mínimo requerido.

[38]  Sobre perspectivas económicas, véase de Martín Mosquera, “El significado de Milei”, Sin Permiso, 13 de noviembre de 2025 (https://sin permiso.info/textos/el-significado-de-milei).

[39] Véanse los estudios empíricos de Javier Balsa, en ¿Por qué ganó Milei? Disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2024.

[40] Véase el estudio de Carolina Spataro y Melina Vázquez, Sin padre, sin marido, sin Estado. Feministas de las nuevas derechas, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2025.

[41] El presidente informa que en tres años han sacado del hambre a 26.5 millones de brasileños con transferencias monetarias, compras directas a pequeños productores agrícolas y alimentación gratuita en escuelas, mejoras salariales y reducción del desempleo. Véase de Luiz Inácio Lula da Silva, “La existencia del hambre es una decisión política”, publicado en La Jornada, 14 de octubre de 2025, p.16.

[42] En 2002, en primera vuelta Lula obtuvo 46.44 por ciento de los votos, ganó en segunda vuelta con 61.2. En 2006, obtuvo en primera vuelta 48.6 por ciento, y fue reelegido en segunda con 60.83.  En 2010, Dilma Rousseff obtuvo en primera vuelta 46.91 por ciento; ganó en segunda con 56 por ciento. En 2014, Dilma obtuvo en primera vuelta 41.6 por ciento; fue reelegida con 51.64 en segunda.

[43] Mismo lema que hoy utiliza el derechista presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

[44] En 2003, como diputado federal, en una sesión de discusión sobre la violencia a las mujeres, Bolsonaro le dijo a la diputada del PT Maria do Rosário: “No te violo porque no lo mereces”; luego, al diario Zero Hora le añadió que “ella no merecía ser violada porque es fea”.

[45] “Ya no somos tratados como ciudadanía de segunda clase. Hoy tenemos el derecho de viajar en avión, de entrar en un shopping y comprar cosas que todo el mundo siempre quiso comprar”, dijo Lula da Silva a Emir Sader y Pablo Gentili en una entrevista publicada en Daniel Filmus  et.al., Lula. La esperanza vence al miedo, Buenos Aires, Clacso, 2013.

[46] Carlos Salinas de Gortari and Roberto Mangabeira Unger, “The Market Turn Without Neoliberalism”, Challenge, vol.42 no.1, Amonk (NY), ME Sarpe Inc, January-February 1999, pp.14-33. Mangabeira fue también coautor con Jorge Castañeda Gutman en la formulación de “la alternativa progresista”.

[47] Jessé Souza, O pobre de direita. A vingança dos bastardos. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2024.

[48] En: https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n411137.html

[49] Pero cuando el gobierno venezolano autorizó  una extraña operación aérea del Comando Sur sobre su embajada en Caracas de “simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas”, el 23 de mayo de 2026, sí fue rechazada por más voces chavistas.

[50] Véase en: www.youtube.com/watch?v=2NCJqMmWWU.

[51] En menos de 48 horas, el 26 de junio, llegaron a La Guaira los rescatistas mexicanos de Topos Azteca y del  Agrupamiento Yumare de las Fuerzas Armadas, que de entre los escombros lograron rescatar con vida a dos personas y otros 92 cuerpos de fallecidos; en dos buques llevaban también toneladas de ayuda. El 31 de julio de 2026 otros dos barcos de la Armada mexicana llevan más de 700 toneladas de ayuda humanitaria.

[52] Véase en: www.whitehouse.gov/videos/president-gaggles-with-press-on-air-force-one-jan-4-2026/

[53] La fecha del 20 de mayo es significativa: es la fecha en que Estados Unidos dice que le dio la independencia a Cuba tras la guerra con España en 1898 y que la reconoció como república, pero le impuso la condición de protectorado con la Enmienda Platt de 1902.

[54] Hijo de padres cubanos que emigraron a Miami en 1956, antes de la revolución; líder político de la derecha anticubana de Miami, perdió ante Trump en las elecciones primarias republicanas de 2016 para la candidatura presidencial. Y que prepara la revancha para 2028.

[55] Asistieron: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Antonio Kast (Chile, aún como presidente electo), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Chávez (Costa Rica), José Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), Luis Abidaner (República Dominicana), Kamla Persad (Trinidad y Tobago), Irfaan Ali (Guyana).

[56] Véase: www.whitehouse.gov/videos/president-trump-delivers-remarks-to-the-shield-of-americas-summit/

[57] Véase: www.youtube.com/watch?v=Qmztyojm2lc  “CADCA and Fentanyl Free America Summit Plenary Session Administrator Terrance C. Cole. Remarks as Delivered. July 13^th, 2026”. Pero cuando el gobierno mexicano finalmente decidió asistir a la reunión de la DEA en Argentina a informar internacionalmente sobre lo realizado, el 18 de agosto de 2026, Cole fue de lo más elogioso al presentar al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

[58] De América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Belice, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá (no obstante, un día antes, el 15 de julio, el presidente José Mulino llegó a México en visita oficial de cooperación, con declaración conjunta con la presidenta Sheinbaum). Uruguay envió a su embajador en Estados Unidos “para escuchar”, lo que generó repudio en el Frente Amplio, la fuerza de izquierda que gobierna.

[59] El 14 de agosto de 2026, Landau exhibirá su vulgar revanchismo contra México en un meme digital, un día después de que Andrés Manuel López Beltrán (ex Secretario de Organización de Morena e hijo de López Obrador) difundió una carta que le envió a Trump denunciando el significado injerencista de la revocación de la visa estadunidense.

[60] Véase: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/remarks-at-the-opening-of-the-ministerial-on-the-resurgence-of-political-terrorism

[61] Departamento de Estado, “Cuba: The Capital of 21^st. Century Communism”.

[62] Véase: www.whitehouse.gov/election-integrity

[63] Perú rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025 bajo la presidencia de Jerí, porque dio asilo a Betssy Chávez, que había sido primera ministra de Castillo (la embajada quedó bajo el resguardo de Brasil). Las tensiones venían de diciembre de 2022, cuando México dio asilo a la familia de Pedro Castillo y reclamó por su libertad. Ya como presidenta, Fujimori dio el salvoconducto para Betssy Chávez, que llegó a México en un avión de la Fuerza Aérea mexicana el 7 de agosto de 2026. 

[64] La empresa Thomas Greg and Sons de Los Ángeles (California), cuyos propietarios son los hermanos colombianos Fernando y Camilo Bautista, proporcionó el software israelí de escrutinio.

[65]  Eso explicaría el sorprendente aumento de la “participación” que registra el CNE en la segunda vuelta de 63.6 por ciento, tanto respecto a la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 (57.8), como a la segunda vuelta de 2022 (58.1) cuando fue elegido Petro con la más alta participación registrada hasta entonces.

[66] El comportamiento de la curva gráfica del escrutinio fue similar a la del fraude de 2006 en México.

[67] En la elección de marzo de 2026 el PH aumentó a 26 senadores (24 por ciento) y 33 representantes (17.5).

[68]  Algunos datos corresponden a finales de 2025, pueden tener alguna variación.

[69] Véase en: www.youtube.com/watch?v=V359k45CBY0. El relator es el embajador de EU en Panamá. Un día después, el 12 de agosto, allí se reúne el “Escudo de las Américas”, donde el Secretario de Guerra Peter Hegseth dijo que no descartan una intervención militar contra Cuba.

1. Profesora-Investigadora del Departamento de Política y Cultura en el área de América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México. Este texto se compone de dos partes: una inicial que se terminó de escribir a finales de diciembre de 2025 y una adenda sobre la nueva coyuntura a agosto de 2026. ↩︎

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