5/03/2021
Hay cifras que hablan muy claramente de la orientación y el programa de este gobierno: 100.000 nuevos pobres, una caída del salario real que se calcula en el entorno del 5%, reducción de horas en secundaria, alrededor de 250.000, lo cual significaría según algunos cálculos entre 10 y 11 liceos menos -recordemos que quien dirige el CODICEN y el Partido Colorado, que integran la coalición, habían prometido 136 liceos más-, drástica rebaja en el presupuesto de la ANII y por tanto de la investigación científica, suba de tarifas por encima de la inflación y reducción de las inversiones de las empresas públicas en un 30%, aumentos de jubilaciones por debajo de la inflación tras 15 años de aumentos por sobre la inflación y se podría seguir.
Era el programa que ya habían aplicado y que claramente venían a aplicar, el del “ajuste fiscal” permanente, el de rendiciones de cuentas de “gasto cero”, el de las privatizaciones, que no pudieron ser más por la lucha organizada del pueblo uruguayo y por la herramienta constitucional del plebiscito, el de la precariedad laboral, el del aumento del desempleo que les permite rebajar los salarios por la mayor competencia entre trabajadores. La motosierra, rebautizada por Lacalle hijo “shock de austeridad”, la hemos padecido durante todo el año. No importó la pandemia, en la cual la mayoría de los países, incluidos los países con gobiernos de derecha, aumentaron el gasto público, para tratar de paliar las drásticas consecuencias sociales de las medidas adoptadas por el COVID 19. El gobierno multicolor uruguayo eligió un camino de ayudas miserables a los sectores sociales más afectados y seguir restringiendo el gasto lo más posible, lo que hizo aflorar nuevamente en todo el territorio uruguayo las ollas populares, que no se veían desde hace años.
En el plano internacional, Uruguay se realineó -como hacen todos los gobiernos de derecha- en forma automática con EEUU, acompañando los ataques al gobierno de Venezuela, invitando como presidenta legítima a la dictadora Boliviana Jeanine Áñez o declarando tras su viaje a Brasil -el primero que hacía Lacalle como presidente- que había importantes coincidencias con Bolsonaro. Pero uno de los hechos donde más se visualiza este alineamiento incondicional y servil a EEUU es en el rechazo inicial al acuerdo que había logrado el CASMU para importar un millón y medio de vacunas SPUTNIK y el empecinamiento presidencial en importar la vacuna producida por el laboratorio de EEUU Pfizer. Lo cual retrasó el proceso de arribo de las vacunas y la vacunación. ¿Cuál era el problema con la vacuna SPUTNIK? ¿Piensan que Rusia sigue gobernada por el Partido Comunista? ¿Piensan que Vladimir Putin es un lider de la izquierda rusa y mundial? Acá parecen jugar prejuicios ideológicos y políticos, sumados a la eterna pulsión de las derechas criollas en favorecer los intereses del imperialismo estadounidense, con el que las oligarquías locales han mezclado sus intereses y capitales y a quien siempre miran con admiración servil. Rusia, si bien ya no es socialista y sus líderes ya no son de izquierda, no simpatiza, posiblemente porque no se alinean incondicionalmente con la potencia imperialista en declive pero aún hegemónica, EEUU, y porque la SPUTNIK es heredera, tanto por su nombre como a nivel de conocimiento científico, de los importantes desarrollos que en el plano de la ciencia y la tecnología realizó la URSS.
Pero los ajustes fiscales y el alineamiento incondicional al imperio van siempre acompañados, además, de un “ajuste” represivo. A eso apuntaba la reforma retrógrada de Jorge Larrañaga, a eso apuntan los artículos de la LUC que habilitan el Gatillo fácil y medidas crecientemente represivas. La LUC misma ya significaba un claro “ajuste” político, se contrabandeó como Ley de Urgencia una ley que no lo era claramente, que apuntaba a dar marcha atrás con algunos de los principales avances de estos quince años e implementar políticas de neto cuño reaccionario. La LUC es una ley inconstitucional, un mamotreto inconstitucional como señaló el compañero Korseniak, que se aprobó sin debate y sin participación de la sociedad. Un conjunto de leyes que, entre otras cosas, recortaron espacios de participación en la educación, apuntando a una gestión mucho más vertical de la educación pública, y habilitando desde el terreno legal avances privatizadores y mercantilizadores en un Sistema Nacional de Educación que ya no es Sistema Nacional de Educación Pública. El haber excluido esa palabra del texto legal no es nada menor, expresa no solo la voluntad privatizadora, sino también la abierta hostilidad de la derecha hacia lo público, lo común, a esa construcción colectiva que es parte también de lo que algunos economistas llaman “salario indirecto” de los trabajadores.
Y ese ajuste político y represivo lo vimos expresado en la brutal sanción a 15 trabajadores de la enseñanza, básicamente por sacarse una foto en un espacio del liceo sin presencia de alumnos, donde mostraban su posicionamiento contrario a la reforma represiva de Larrañaga, que era el posicionamiento no solo de los sindicatos de trabajadores de la educación, sino de todo el PIT -CNT y de las organizaciones que forman parte del bloque contrahegemónico. No hubo ninguna violación de la laicidad por parte de los docentes, laicidad no es, como quiere hacernos creer la derecha -con el apoyo siempre presente de los grandes medios-, no expresar el pensamiento, sino no adoctrinar en una doctrina religiosa, filosófica o política, como intentan hacer los grandes medios con la mayor parte de la población. Valdría la pena volver a leer las intervenciones de Rodney Arismendi sobre este asunto, o los planteamientos de Rúben Yáñez sobre la laicidad en su obra “El fascismo y el pueblo”, y veríamos que las medidas de las autoridades de la educación y su visión de la laicidad son un calco de las que se expresaban en la dictadura de Terra y en el pachecato. Y no es casual que los mismos que toman estas medidas son los que hayan sacado en la LUC, la “libertad de cátedra” como uno de los derechos del docente, porque lo que ellos hacen no es defender la laicidad, sino atacar la libertad de expresión de los trabajadores y sectores populares, porque perciben como peligroso que el pueblo exprese libremente sus ideas, porque temen que eso cuestione su hegemonía, impuesta a adoctrinamiento masivo vía medios de comunicación y a medidas represivas como la de las autoridades de secundaria. Por más que ellos digan siempre ser “liberales” y muy “demócratas”, la experiencia en América Latina demuestra que sus planes de ajuste económico llevan tarde o temprano a restringir derechos muy liberales y burgueses y a significativos retrocesos democráticos, aunque de democracia representativa y liberal se trate, siendo los trabajadores y el pueblo en general sus defensores, contra los ataques de la oligarquía y los sectores más reaccionarios del espectro político.
Un año de gobierno de la derecha ha hecho a nuestro país más pobre, menos democrático y menos libre, a la par que más subordinado al imperio. Si bien la mayor inversión en educación e investigación científica de los gobiernos progresistas, o la mayor inversión en las empresas públicas, o el crecimiento del mercado interno no permitían la superación de la dependencia económica, si significaban un mayor grado de autonomía, y, por tanto, un menor grado de dependencia del imperialismo. No es casual que el gobierno de Lacalle padre o el de la dictadora boliviana Añez hayan firmado acuerdos con el FMI en condiciones que no eran necesarios, su objetivo era subordinar a los respectivos países, Uruguay y Bolivia, al imperialismo. Los gobiernos del FA acabaron con estos acuerdos, como también acabó recientemente Luis Arce en Bolivia, devolviéndole el préstamo al FMI. El gobierno actual vuelve a caminar el camino ya trillado por los anteriores gobiernos de coalición blanca y colorada, y no sería de extrañar que en breve se firme alguna nueva carta de intención con el FMI, como hizo otro gobierno blanco por primera vez a fines de la década del 50.
Pero el programa de la coalición reaccionaria no se ha aplicado sin respuestas por parte del campo popular. Las ollas populares fueron una respuesta a necesidades inmediatas de miles de uruguayos, que implicaron organización desde abajo, “desde el pie”. También se respondió con movilizaciones, paros y ocupaciones a pesar de las difíciles condiciones que implicaban las medidas sanitarias, posibles sanciones incluidas. Pero tal vez la respuesta más importante sea la recolección de firmas, impulsada desde las organizaciones de los trabajadores y el pueblo uruguayo, entre ellas los comités de base del FA, que -con todas las condiciones adversas y en un mes particularmente complicado como enero- habían logrado recolectar más de 133000 firmas, habiendo muchas más firmas que probablemente todavía estén en poder de los militantes y no hayan sido enviadas y contabilizadas a nivel central. El gobierno puede contar aun con cierta legitimidad popular, que se refleja en las encuestas -aunque algunas, más que estudios serios, parecen abierta propaganda-, pero a la vez en la mayoría de estas se refleja un desgaste cuando se va a al detalle o se profundiza un poco en sus conclusiones. La maquinaria mediática que apoya al gobierno incondicionalmente hace bien su trabajo, pero tiene un gran enemigo que es la verdad, que difícilmente se pueda seguir tapando a fuerza de operaciones mediáticas, esa verdad encarnada en el empobrecimiento, el desempleo, el aumento de los uruguayos en situación de calle, en los precios que aumentan y los salarios que no, esa verdad que “siempre es revolucionaria” como gustaba decir a Antonio Gramsci.
Sin embargo la respuesta popular podría haber sido más consistente, si desde el Frente Amplio muchos dirigentes no insistieran en una utópica “oposición responsable”, mientras el gobierno ataca salvajemente a trabajadores y a los anteriores gobiernos frenteamplistas todos y cada uno de los días del año. Muchos dirigentes del Frente Amplio, que tienen visibilidad en los medios, se han centrado en cuestiones relativas a tal o cual punto en cuanto de la gestión de la pandemia, mientras el gobierno imponía sus medidas de ajuste y brutal redistribución de la riqueza en favor de los más ricos. En este sentido, parecen muy de recibo dos planteamientos que hizo el politólogo Óscar Botinelli, uno tras las elecciones y otro recientemente: al Frente Amplio le falta un análisis de clase, que nos permitiría comprender las causas de la derrota de las últimas elecciones entre otras cuestiones, y le falta una estrategia opositora, y no andar criticando tal o cual aspecto puntual a la vez que se habla de una oposición responsable mientras el gobierno ajusta cuentas contra el pueblo. Nos parece que esas cuestiones son esenciales para desarrollar una política contrahegemónica que como tarea inmediata tiene la lucha contra la LUC y todos los retrocesos y medidas retrógradas de este gobierno, y en el mediano plazo el desplazamiento del gobierno oligárquico. Sin olvidar un largo plazo, que nos exige medidas profundas de transformación radical que permitan no solo obtener el gobierno, sino que apunten a que sean los trabajadores y el pueblo quienes realmente ejerzan el poder, y no las minorías oligárquicas aliadas al imperialismo, que mantuvieron el poder en toda América Latina aunque los sectores populares accedieran a diversos gobiernos en las últimas décadas.
No queríamos dejar de mencionar en este número un nuevo 8 de marzo, Día de la Mujer que se va a desarrollar en condiciones particularmente complejas por el decreto que prohíbe aglomeraciones y que se ha usado descaradamente en forma políticamente represiva. El 8 de marzo, como fecha del Día de la Mujer, fue propuesto por la militante Clara Zetkin, integrante de la Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en recordación de una huelga de trabajadoras brutalmente reprimida. Este gobierno está integrado mayormente por sectores que se han opuesto a todos los avances en derechos, incluidos los avances de los derechos de la mujer. La mayoría de los miembros de la coalición votaron en contra de la despenalización del aborto y son contrarios a ella. Aunque la actual correlación de fuerzas no parece habilitarlos a plantear retrocesos en ese sentido, no habría que descartar que en un futuro lo hicieran. Intentarán crear las condiciones políticas e ideológicas para este y otros retrocesos, ya Cabildo Abierto planteó su voluntad en este sentido, y también contra la despenalización de la Marihuana, ideas que deben tener muchos simpatizantes sobre todo en el Partido Nacional. Pero si bien no ha habido retrocesos visibles en el plano que podríamos llamar jurídico y legal, las medidas de ajuste y los recortes siempre afectan más a las mujeres que a los hombres, y en particular a las mujeres trabajadoras, muchas de las cuales están solas en el cuidado de sus hijos. El capitalismo se puede desarrollar perfectamente con la igualdad jurídico- política de hombres y mujeres, desde el punto de vista teórico nada parece ser contrario a que exista una igualdad real incluso, pero eso solo en un plano teórico “puro”, que desconoce las sociedades capitalistas reales y concretas, que nos muestran que el capitalismo no significó ni significa el fin de la dominación masculina, porque hay poderosos elementos ideológicos, políticos y económicos que lo impiden. Uno de ellos son los cuidados y el trabajo reproductivo, costo que el capital no quiere y no puede asumir y recae sobre todo sobre las mujeres, y otros elementos están relacionadas con la compleja trama de intereses y relaciones entre nuevos y viejos sectores dominantes, con los que la burguesía muchas veces desarrolló toda una serie de transacciones políticas e ideológicas para poder acceder al poder y mantener posteriormente el statu quo capitalista. Todos estos son factores que nos hacen pensar que la lucha por los derechos de la mujer, por la emancipación femenina, está indisolublemente ligada con la lucha de los trabajadores por su emancipación y con la construcción de una sociedad sin explotados y explotadores, dentro y fuera de los hogares.
Este año nos esperan otras luchas además de la lucha por la derogación de la LUC, una de ellas es la lucha contra una reforma de la seguridad social, prevista en la LUC, pero que se puede realizar aunque la LUC sea derogada. Acá se juegan muchas cuestiones fundamentales también, se trata de determinar si se seguirá extendiendo el tiempo de vida que los trabajadores dedican a su función, el aumento de la plusvalía absoluta al decir de Marx, a pesar de que cada vez se produce más en menos tiempo; si se mantendrá y profundizará el sistema de AFAPS, que se apropia de una parte muy significativa de los ingresos de los trabajadores y que cobra por “administrarlo”, mientras gran parte de esos gastos de administración corren por cuenta del estado; si vamos o no a una de las causas del déficit del BPS que es precisamente este sistema de AFAPS, aparte de la onerosa caja militar que solo perpetúa privilegios de una minoría y significa para el pueblo cerca de 500 millones que salen de sus impuestos y bolsillos para financiarlos. También se trata de saber -y posicionarnos- si se va a mantener un sistema que la experiencia chilena y los cálculos locales indican que los futuros jubilados cobrarán mucho menos que en un sistema estatal y de solidaridad intergeneracional. Acá hay una disputa muy profunda por los ingresos y el tiempo de vida que el capital expropia a los trabajadores.
Finalmente, respondiendo a la pregunta del comienzo, sin duda ha habido muchos retrocesos, que no fueron mayores por los niveles de organización, lucha y conciencia que tiene nuestro pueblo. La coalición gobernante puede recibir un duro golpe si logramos las firmas contra la LUC -que todo parece indicar que si- y si ganamos el plebiscito a posteriori. La historia no es una línea recta, tiene flujos y reflujos, avances y retrocesos, para que los avances puedan ser mayores y duraderos son fundamentales dos cosas: la organización y la lucha práctica e, intrínsecamente relacionada con estas, la elaboración teórica y una estrategia que nos permita orientarnos en las diversas coyunturas políticas y saber adonde ir en el largo plazo.
