Rosana Porteiro
El Chasque
18/05/2026
La movilización popular logró someter a plebiscito en 2024 una reforma a la Ley de Seguridad Social N.º 20.130, aprobada en 2020 durante el gobierno de Lacalle Pou. Aunque no se logró en esa instancia electoral llegar a los votos para reformarla se obtuvieron casi un millón de voluntades a favor. La papeleta por el Sí a esta reforma planteaba tres puntos fundamentales: llevar nuevamente la edad mínima de jubilación a 60 años, equiparar las jubilaciones más bajas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Un compromiso en la campaña electoral del gobierno actual fue laudar la discusión sobre la seguridad social, una vez asumieran el cargo. De este compromiso nació el Diálogo social, espacio que creó el actual gobierno para recibir los planteos de distintas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social (MONDESS), sobre las problemáticas vinculadas a la protección y la seguridad social. El Chasque dialogó con Marita Rodríguez sobre la experiencia del MONDESS en el Diálogo social y las reivindicaciones del Movimiento.
El Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, que se presentó el 17 de Julio del 2025, fue un ámbito que presidencia de la República definió en la página web del evento, como “un espacio que invita a partidos políticos, sindicatos, empresas, academia y ciudadanía a debatir y generar insumos estratégicos y acuerdos que orienten reformas para el futuro del país”. En la misma página describen al Diálogo Social como “un proceso que apunta a ser amplio, organizado y participativo, y a construir consensos en temáticas complejas como la protección social, desarrollo e inserción internacional, y abordar desafíos de largo plazo como el envejecimiento poblacional y la pobreza infantil”. El trabajo del espacio culminó en abril de 2026 con un documento que se entregó al poder Ejecutivo y luego que este lo considere, pasará al parlamento para su estudio, discusión y votación.
El Diálogo social
Nadie podría tildar a los movimientos sociales y populares de pesimistas por no llegar al Diálogo Social con demasiadas expectativas, la resistencia y clara oposición al plebiscito de la seguridad social en 2024, de sectores del Frente Amplio, entre ellos el MPP que integra el presidente Orsi, no fue un aliciente como para que las organizaciones pudieran esperar grandes cambios a la Ley de Seguridad Social en esa instancia. En la batalla de estos sectores del FA contra este plebiscito, no utilizaron como herramientas solo declaraciones a la prensa con expresiones de alarma acerca de lo que podía suceder si la iniciativa electoral se aprobaba, sino también un documento en rechazo de la reforma plebiscitaria, que firmaron 111 economistas del FA entre ellos Jimena Pardo, actual presidenta del BPS e integrante de la comisión ejecutiva del Diálogo Social, designada por el gobierno.
A las personas que llevan adelante hasta hoy esta oposición tenaz, especialmente a la eliminación de las AFAP y por ende la pérdida de las ganancias que acumulan las empresas dueñas de estas administradoras desde hace décadas, las motiva “una ideología muy clara que tiene el objetivo de salvar al capital, de mantener los privilegios, porque también ellos son parte de esos privilegios” subrayó Rodríguez. “No alcanza con la revolución de las cosas simples, consigna del actual gobierno, tenemos que revolucionar las políticas sociales porque estamos acumulando problemas sociales muy graves que si analizamos y vemos en conjunto, entendemos que tienen un eje, un núcleo común, que es el modelo económico que aplica Uruguay desde hace varias décadas atrás”, añadió.
Rodríguez recordó que en el lanzamiento del Diálogo Social las autoridades explicaron que el espacio funcionaría a través de los llamados conversatorios que se llevarían a cabo en Montevideo y en el interior del país y sería dirigido por una comisión ejecutiva que resolvería los temas por consenso. Cuando el gobierno designó los integrantes de esta comisión, solo los dos representantes del PIT-CNT, estaban claramente a favor de la eliminación de las AFAP. Otros integrantes eran representantes de la Cámara de Industria, del Frente Amplio, y por el BPS Jimena Pardo, una de los 111 economistas del FA que firmaron el documento contra el plebiscito de reforma de la Ley de la seguridad social.
En las presentaciones en el Diálogo social las organizaciones tenían un lapso de 3 minutos para hablar de la seguridad social a partir de preguntas disparadoras, explicó Rodríguez. “nosotros hablamos de lo que teníamos que hablar y nos tomamos más de 6 minutos”, señaló. “En todas esas instancias el comité ejecutivo no cuestionó ni contradijo nada de lo que planteamos, no hubo ninguna devolución ni cuestionamiento a las cifras que presentamos, más que un diálogo fue una catarsis”, añadió. Destacó que en las convocatorias del Diálogo Social a las que les tocó presentarse, no podían ser más de tres representantes, filmar, ni grabar.
Mitos en torno a la seguridad social
Las voces que defendían la necesidad de una reforma de la seguridad social, que luego dio origen a la ley 20.130, se basaban en el envejecimiento de la población uruguaya y el desfinanciamiento del BPS, “entre otros argumentos que se instalaron en la sociedad, muchos de ellos falsos”, señaló Rodríguez. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, “planteó la falsa oposición viejos pobres, contra niños, niñas y adolescentes pobres, con el argumento terrible de que los viejos tienen que aguantarse porque ya vivieron, y deja de lado que los pobres son todos iguales y que el Estado tiene la obligación de protegerlos a todos”. En realidad la dicotomía no está entre niños y viejos, sino entre pobres y ricos. Y es la que no quieren tocar”, afirmó.
Por otra parte, el supuesto déficit del BPS también es falso, a la asistencia financiera histórica, de unos 600 millones de dólares, que recibe el organismo, no se le puede llamar déficit, porque el monto extra que requiere es para cubrir las prestaciones que no tienen contrapartida como las asignaciones familiares, cobertura de audífonos, prótesis, lentes, seguros de paro, etc. “El ministro de Educación y Cultura nos sale decir tenemos un déficit porque hay muchas facultades y escuelas, vamos a recortar, ni el Ministerio de Salud Pública considera gastos los recursos destinados a hospitales y policlínicas, porque aunque estos servicios públicos insumen recursos, no se los considera un gasto sino una inversión y son una obligación del Estado establecida en la constitución de la República. Entonces, ¿por qué salimos a decir que es un gasto la seguridad social cuando también es un derecho humano fundamental incorporado en la Constitución de la República que mandata a que el Estado disponga para garantizarla los recursos que hagan falta fuera de los aportes patronales y de los trabajadores?”, resaltó.
Propuestas
A las presentaciones en el Diálogo Social, el MONDESS no solo llevó demandas, presentó un documento de 14 páginas que elaboró el colectivo y que incluía también propuestas de soluciones concretas, pautas acerca de la financiación del sistema. Una de esas propuestas es que los 26 millones de dólares, correspondientes a los ahorros de los trabajadores, que las AFAP acumularon hasta el día de hoy, pasen a un fidelcomiso, como se hizo en 2024 con el grupo de los cincuentones. A partir de ese momento se redujo la asistencia financiera del Estado al BPS a 240 millones de dólares. “Con ese ejemplo, nosotros planteamos que si se eliminan las AFAP, el BPS no solo no baja el monto de la asistencia y puede solventar los 430 millones de dólares que se necesitan para los viejos, sino que también va a poder aumentar las jubilaciones y pensiones, mitigar la mal llamada pobreza infantil a través de las asignaciones familiares e incluso contar con fondos para aumentarlas, y todo esto sin contar con los 26000 millones de dólares, dinero que tienen acumulado las AFAP y que vendría a las arcas del BPS nuevamente”, apuntó.
En el mismo sentido se expresa el centro de investigaciones económicas de Uruguay, (Ciedur) que, aunque durante la campaña por el plebiscito por el Sí a la reforma de la Ley de seguridad social se manifestó en contra, realizó una investigación que revela que si ganaba el plebiscito y esos 26 000 millones de dólares volvían al BPS, el organismo durante 15 o 20 años no tendría que tener asistencia financiera. “Y vaya si en 15 o 20 años mientras cubrimos todo, nos da tiempo más que suficiente para pensar otras formas de financiamiento para sostener el BPS, discutir cómo generar otras fuentes de ingresos”, expresó Rodríguez. En ese sentido el Mondess propone revisar el sistema tributario, “existen en Uruguay exoneraciones de aportes patronales en distintos sectores como la salud y la educación privadas y sin embargo, sus trabajadores se van a jubilar todos por el BPS. En cambio el estado patrón, incluidas las universidades públicas, paga 19% de aporte patronal por cada uno de sus trabajadores”, destacó. Tan alta es la exoneración de impuestos a grandes empresas en Uruguay que incluso el FMI envió una alerta al país hace unos meses por este enorme gasto tributario que significan estas exoneraciones, alrededor de 5300 millones de dólares que el Estado le ahorra al gran capital, y por ende que pierde y no puede verter en políticas públicas.
Rodríguez señaló que existen también otras estrategias de financiación como, por ejemplo, la promoción de inversiones, “Antel es una empresa pública que nos deja bien parados a nivel internacional y no tiene exoneraciones por parte del Estado, para tecnificarse y profundizar su desarrollo, sin embargo, Movistar y Claro, competidores de Antel, tienen exoneraciones. Entonces, ¿cómo se entiende que a las empresas privadas las fomentemos y a nuestras propias empresas públicas les cobremos los aportes más caros? Es el modelo económico el que está fallando”, sostuvo.
Una necesidad de reforma que permanece intacta
Rodríguez resaltó que el gobierno del FA hoy mantiene el modelo económico que aplicaron todos los gobiernos anteriores ”y el ministro de economía, Oddone, no tiene vergüenza en decirlo, se opone a una ley que obligue a las empresas a avisar con un plazo de anticipación cuando vayan a despedir trabajadores, proyecto de Ley enviado al Parlamento por el Ministro de Trabajo, se manifiesta en contra también del impuesto del 1% al 1% más rico propuesto por el PIT-CNT; y no considera aplicar ningún impuesto del capital”. “No obstante en nuestro país también hay economistas de izquierda que estuvieron de acuerdo con el plebiscito de la seguridad social y que proponen cambios en el sistema tributario, en la política y el modelo económico”, acotó. Esto cambios que proponía el plebiscito apuntaban a solucionar problemas de la seguridad social que tienen que ver con el alto nivel de pobreza que se registra hoy en Uruguay y a volver a los principios que forjaron la protección social en nuestro país, solidaria y sin fines de lucro, establecidos no solo en la constitución de la República, sino también en el programa del FA 2025-2029.
Uno de los puntos del plebiscito, la equiparación de la jubilación al salario mínimo impactaría aproximadamente en 170.000 personas, las que están en las franjas de las jubilaciones y pensiones mínimas y se ubican por debajo de la línea de pobreza. “Todos conocemos a un abuelo, un vecino, un pariente, que está sostenido por su familia o para subsistir sale a vender tortas fritas o algún artículo en los ómnibus, están bajo la línea pobreza porque nadie puede vivir con una jubilación mínima y en el caso de una pensión es aún menor porque ronda los 17.000 o 18.000 pesos”, destacó Rodríguez.
En el marco de la campaña por el plebiscito, el Mondess calculó cuánto dinero hacía falta para llevar las jubilaciones más sumergidas al monto del salario mínimo, “430 millones de dólares implicaba aumentar entre 5.000 a 6.000 pesos el salario mínimo de los jubilados más sumergidos, que no significa que van a volverse ricos, pero puede hacer la diferencia entre comer y no comer”, indicó. Frente a este planteo el gobierno actual alegó que no podía hacer este “gasto“ y aprobó 400 pesos de aumento a estas jubilaciones, “fue el mismo gobierno que menos de un mes después, en julio de 2025, dispuso 2 millones de dólares para salvar la caja profesional”, subrayó.
“Cuando cierre este ejercicio 2026 los ahorros de los trabajadores que administran las AFAP van a rondar los 2000 millones de dólares anuales porque además se incrementaron, ya que ahora todos los trabajadores están obligados a estar en una AFAP. Estamos hablando de un ingreso mínimo que proviene del aporte de los trabajadores, recauda el BPS y se los transfiere todos los años a las AFAPS, ¿pero no tiene 430 millones de dólares para los viejos?”, reflexionó.
En cuanto al planteo del Mondess de eliminar el régimen mixto de seguridad social o sea las administradoras privadas en el BPS, este se basa en que, con la creación de las Afaps en los años 90 se instaló un sistema “que va en contra de los principios de la seguridad social ya que tiene fines de lucro y el trabajador cuando se jubila recibe una renta que no refleja todo el aporte que realizó durante años”. Además la AFAP no ofrece ningún prestación que proteja al trabajador mientras está en el ámbito laboral, ni siquiera durante la profundización de la crisis socioeconómica a causa de la pandemia de 2020, una situación de emergencia social, las administradoras privadas instrumentaron alguna línea de ayuda para los trabajadores que se quedaron sin su fuente laboral. Además, cuando los trabajadores quedan desocupados por un largo tiempo, la AFAP que cuenta con sus ahorros y les sigue cobrando mes a mes comisiones por la administrarlos sin que este tenga opción a negarse. “El que pierde es el trabajador, la AFAP no pierde nunca”, afirmó Rodríguez
Resaltó que el Mondess no bajo los brazos en la lucha por los tres puntos de la reforma de la seguridad social, difunde información a través de redes sociales, videos, mensajes, envió información a todos los medios de prensa del territorio nacional y ha tenido entrevistas con algunos de ellos. También ha reiniciado el contacto con todos los sindicatos y organizaciones sociales, tiene previsto solicitar reuniones con los parlamentarios y convocará a una movilización en el parlamento para cuando el documento que emanó del Diálogo Social se encuentre en discusión en las cámaras.
“No nos van a convencer, estamos luchando por la pública felicidad, por el bien de la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, perseguimos la utopía, que es la que nos mantiene en el camino, en el caminar, en el objetivo y creemos profundamente en esto, así que vamos a insistir”, concluyó Rodríguez.
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