Socióloga Liliana Pertuy
El Chasque
3/08/2026

La migración es una condición inherente a la humanidad. Desde siempre los seres humanos migran en busca de alimento, seguridad y mejores condiciones de vida. ¿Qué fue, si no, el nomadismo? El desplazamiento permanente hacia lugares que ofrecieran mayores posibilidades para la existencia.

Migrar supone que una persona o un grupo cambia su residencia habitual. Puede tratarse de una migración interna, cuando se produce dentro de un mismo país, o internacional, cuando se cruzan fronteras.

En Uruguay conocemos ambas experiencias. La macrocefalia de Montevideo comenzó a consolidarse durante el siglo pasado con la migración del campo hacia la ciudad. El alambramiento de los campos y el proceso de modernización expulsaron población rural que pasó a integrar el naciente proletariado urbano, empleado en los frigoríficos y en las industrias incipientes.

También conocemos la inmigración. Durante buena parte del proceso de modernización, especialmente hasta mediados del siglo XX, Uruguay recibió importantes contingentes de europeos que escapaban de las guerras, de la pobreza y de la falta de oportunidades. Nuestro país necesitaba mano de obra calificada, agricultores, artesanos y trabajadores con oficios que contribuyeran al desarrollo industrial y productivo. Fue un encuentro entre necesidades y posibilidades. Uruguay abrió sus puertas, integró a quienes llegaban y construyó buena parte de su identidad sobre esa tradición de acogida.

Esa vocación también se expresó en el plano político. Nuestra institucionalidad republicana permitió recibir exiliados y perseguidos políticos. Del mismo modo, los propios uruguayos fuimos acogidos por decenas de países durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985. Nadie está completamente ajeno al fenómeno migratorio.

Sin embargo, las migraciones, no responden únicamente a procesos espontáneos o naturales, sino que muchas veces son consecuencia directa de guerras, intervenciones militares, bloqueos económicos, desestabilizaciones políticas y profundas desigualdades generadas por el capitalismo global. Las grandes crisis migratorias son, en gran medida, crisis humanitarias producidas por un determinado orden económico y geopolítico, producidas por una clave mundial que es la desigualdad a niveles nunca antes vistos. El 60 % de la poblacion mundial bajo sus ingresos en el ultimo quinqueño.

En ese contexto resulta preocupante el resurgimiento de viejas prácticas imperiales bajo nuevas formas.

Las políticas impulsadas por Donald Trump evocan una lógica de subordinación colonial. Como si el señor imperial pudiera disponer del destino de seres humanos y ordenar a los países de su área de influencia que reciban a quienes él decide expulsar de su territorio. Detrás de esa lógica también reaparece una larga tradición racista y supremacista que atraviesa la historia de Estados Unidos, desde la esclavitud de millones de africanos hasta las políticas discriminatorias del siglo XX.

Los desplazamientos forzados utilizados como instrumento de política internacional constituyen una forma de dominación profundamente autoritaria. No son políticas humanitarias; son mecanismos de administración de poblaciones considerados funcionales a determinados intereses geopolíticos.

La apertura económica impuesta mediante tratados de libre comercio y otras formas de condicionamiento internacional forma parte de esa misma estrategia. A través de organismos financieros, acuerdos comerciales y presiones diplomáticas, el capital internacional consolida su control sobre sectores estratégicos de las economías periféricas. No se trata únicamente de exportar capital o abrir mercados. Se busca también moldear las políticas nacionales, debilitar derechos laborales, reducir las capacidades regulatorias de los Estados y disciplinar a las sociedades.

En ese escenario, el Estado nacional pierde autonomía. No porque desaparezcan las fronteras en nombre de una ciudadanía universal, sino porque se reinstala una relación de subordinación donde una potencia impone reglas, prioridades y decisiones a países soberanos. Es una reedición de la vieja lógica colonial adaptada al siglo XXI.

Así como la esclavitud consistía en convertir a una persona en propiedad de otra, la dominación contemporánea pretende someter regiones enteras. Controla economías, condiciona decisiones políticas, limita márgenes de autonomía y utiliza el miedo como herramienta de disciplinamiento.

Por eso, si efectivamente se estuviera negociando que Uruguay reciba personas expulsadas forzosamente por Estados Unidos, corresponde formular algunas preguntas.

¿Es cierto, presidente, que detrás de los acontecimientos de las últimas semanas existe una negociación para que Uruguay reciba ciudadanos cubanos expulsados de Estados Unidos?

¿Estamos dispuestos a convertirnos en ejecutores de una política migratoria definida por otra país?

Aceptar una imposición de esa naturaleza convertiría a Uruguay en cómplice de una política profundamente cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos. También supondría un paso más en la pérdida de autonomía y soberanía nacional.

Además, corresponde preguntarse si el país está en condiciones reales de afrontar una decisión de semejante magnitud.

Uruguay atraviesa importantes dificultades sociales. Miles de personas recurren cada noche a refugios. Cientos de miles viven en asentamientos precarios. Medio millón de trabajadores percibe ingresos cercanos a los 25.000 pesos mensuales, monto equivalente al costo de muchos alquileres. Más de 200.000 jubilados sobreviven con ingresos inferiores a los 30.000 pesos.

¿Existen estudios técnicos sobre el impacto económico y social de recibir un contingente importante de personas desplazadas?

¿Se evaluaron las consecuencias para quienes llegarían y también para quienes ya viven en nuestro país, incluidos otros inmigrantes que enfrentan enormes dificultades para acceder al empleo y a una vivienda?

¿Se analizaron los posibles conflictos sociales, las tensiones y los riesgos de alimentar expresiones xenófobas?

¿Puede el gobierno hacer públicos esos estudios? ¿O también esa información permanecerá reservada, como ocurrió con otros asuntos recientes?

No corresponde banalizar la histórica tradición uruguaya de acogida. Una cosa es que un país soberano decida, de acuerdo con sus posibilidades y su tradición humanista, recibir personas perseguidas o refugiadas. Otra muy distinta es aceptar pasivamente una decisión impuesta desde un poder extranjero.

Las personas desplazadas no son mercancías que puedan distribuirse entre países según la conveniencia de una potencia. Son seres humanos con derechos.

Los uruguayos y todos quienes vivimos en este país tenemos derecho a conocer qué decisiones se están tomando en nuestro nombre y cuáles serán sus consecuencias.

Y si todo esto no fuera más que un globo de ensayo, sería conveniente desactivarlo cuanto antes. Porque cada episodio de opacidad, improvisación o subordinación deteriora la confianza ciudadana, debilita la política y empobrece nuestra democracia.